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Jorge Eduardo Barón Columna Semana

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¡Colombianos, despierten!

Quiero invitar a los colombianos a que despierten de una buena vez y observen esta realidad tan cruenta en la que nos ha dejado el gobierno de Gustavo Petro, para que, así, utilizando los derechos que nos otorga la Constitución Política, nos unamos en la marcha de este 21 de abril.

5 de abril de 2024

Nuestro país se encuentra en una crisis profunda. Los grupos al margen de la ley aterrorizan a la población civil en el Cauca, las prestadoras de la salud se encuentran cercadas bajo el revanchismo del Gobierno nacional por el hundimiento de la reforma a la salud y, poco a poco, nuestro sistema empresarial se va desmoronando, dejando progresivamente a miles de colombianos en el desempleo. No obstante, el derroche y la burocracia resulta ser lo único que sigue en pie, en un país cuya población no se ha despertado ante la realidad que representa el Gobierno Petro.

La situación en materia de insolvencia empresarial se encuentra en un estado tan crítico que pone en riesgo el empleo de miles de trabajadores. Justamente, en 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que 4.473 negocios se encontraban en proceso de insolvencia y reorganización empresarial. Entre estos, se pudo encontrar a marcas relevantes como Muebles y Accesorios, Viva Air y Colchones Paraíso.

Sumado a esta situación tan escabrosa, el Dane indicó que la tasa de desempleo actual se encuentra en un 11,7 %, la cual, comparada con la tasa del año 2022 (11,2 %), tuvo un incremento de un 0,5 % que, a pesar de parecer poco relevante en términos porcentuales, a la hora de realizar los cálculos pertinentes, se podría estimar que más de 13,000 personas quedaron desempleadas en lo que va de este año. Esto significa que, si las empresas antes mencionadas se liquidan, dejará como consecuencia el aumento exponencial del desempleo en nuestro país.

Lamentablemente, la situación de los colombianos no es escuchada por las grandes entidades estatales, incumpliendo así su deber constitucional de protección a la empresa privada y de cumplir el principio de economía en materia de contratación estatal, ya que, a lo largo del tiempo, se ha visto que al gobierno del cambio no le importan los empresarios y son unos disipadores por excelencia, en especial las dos entidades que mencionaré a continuación.

El Ministerio de la Igualdad es una entidad cuya funcionalidad se podría calificar como inservible y costosa. Esto se debe a los inmensos gastos en materia de arriendo, suministros y personal del que disponen, y su poca capacidad a la hora de contestar de fondo un derecho de petición. Mediante el uso de la acción de tutela, logramos que el Ministerio de Igualdad nos brindase algunos datos sobre sus gastos, ya que no se sabe si en su incapacidad para resolver un derecho de petición, o actuando presuntamente con dolo, dejaron bastantes preguntas sin resolver, lo que requirió mayor investigación por mi parte.

Para la contratación de sus oficinas, adjudicaron un contrato de arrendamiento de 2.795.904.08. No obstante, el Ministerio tenía la posibilidad de contratar a un precio mucho menor, ya que, según indica el análisis de sector de la fase de los estudios previos en este proceso, las oficinas de las “Palmas” o “Avianca”, las cuales, a pesar de tener características similares, al poder albergar la amplia planta de la entidad, de alrededor de 744 empleados, y siendo inferiores en precio, el inmueble contratado, fueron rechazadas presuntamente por su cantidad de parqueaderos o algún otro capricho que presentó el ministerio de Francia Márquez. Sumado a eso, el Ministerio decidió adquirir su equipo electrónico por un valor de más mil millones de pesos, que incluyen artículos de lujo como las 4 Mac Studio y Mac Display, que cada una cuesta entre 10 a 17 millones de pesos. Para coronar este pastel de derroche, la entidad gastó alrededor 700,000,000 pesos en servicios de alojamiento y suministro de comidas en viajes.

Por otra parte, el DPS también resultó convertirse en una entidad utilizada para el usufructo de los alfiles de Petro, ya que se suscribió con valor de 1.902.810.000 pesos para el suministro de tiquetes aéreos. Este contrato publicó su convocatoria durante la administración del DPS de Laura Sarabia y la ejecución de este se dará en la administración Bolívar, lo que comprueba que los alfiles petristas más leales son los mayores disipadores. Por otra parte, a pesar de las falsas promesas de Bolívar de tener mayor austeridad, el DPS adjudicó un contrato mediante contratación directa de alrededor de 1.583.636.540 COP para la distribución de correo del departamento.

Mientras las empresas se quiebran y el desempleo crece, estas entidades estatales siguen con sus grandes gastos, sin tener en cuenta el bolsillo de los ciudadanos. De esta forma, quiero invitar a los colombianos a que despierten de una buena vez y observen esta realidad tan cruenta en la que nos ha dejado el gobierno de Gustavo Petro, para que, así, utilizando los derechos que nos otorga la Constitución Política, nos unamos en la marcha de este 21 de abril para hacerle saber al gobierno de Gustavo Petro que el pueblo colombiano implora austeridad, fortalecimiento empresarial y bienestar para la ciudadanía.

Referencias y link de la investigación

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