OPINIÓN
Tres cartas, una historia
El abogado Franco, que dice representar al expresidente Uribe, me conmina a no publicar más declaraciones contra su cliente.
La Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y manipulación de testigos. La afirmación está en una carta firmada por el magistrado José Luis Barceló en la que pide protección para la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones son calificadas en las mismas comunicaciones como “confiables” y “relevantes” para que sean tenidas en cuenta y evaluadas dentro del proceso.
El magistrado José Luis Barceló, firmante de la carta cuya existencia fue revelada por el periodista Gonzalo Guillén, es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y también un integrante de la sala de instrucción penal a cargo del caso Uribe. En esta última calidad suscribe la misiva.
El abogado Franco, que dice representar al expresidente Uribe, me conmina a no publicar más declaraciones contra su cliente
La comunicación dirigida al director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación señala textualmente: “Dentro de la investigación número 54.110 que la sala tramita en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda será importante, dado que, según se afirma, es conocedor directo de varios de los hechos de los que se derivarían tales imputaciones”.
El magistrado explica las razones para pedir la protección del testigo: “Juan Guillermo Monsalve Pineda se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre, en 2011, como testigo de excepción de algunos de los hechos delictivos que le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbita y otro en la cárcel Modelo”.
La carta también señala que la corte “ordenó compulsar copias en contra del senador Álvaro Uribe Vélez para que se investigue su presunta participación en la manipulación de testigos como el padre y el hermano de Juan Guillermo Monsalve Pineda, por intermedio de Juan Guillermo Villegas Uribe, persona investigada por la conformación de grupos paramilitares, quien a su vez sostuvo conversaciones telefónicas con el senador Uribe Vélez, en términos que a juicio de la Sala debían aclararse en el desarrollo de una investigación”.
En la comunicación el magistrado Barceló también reseña que al testigo lo han ido a buscar a la cárcel para pedirle que cambie el sentido de sus declaraciones: “Juan Guillermo Monsalve Pineda ha reiterado que una vez proferida la decisión del 16 de febrero pasado, él ha recibido visitas de un abogado, a nombre del doctor Uribe, con el fin de que se retracte de sus manifestaciones”.
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Las pruebas de que esas visitas y presiones existen, obran en los procesos judiciales y han sido registradas en varias de estas columnas bajo los títulos ‘“El que la hace, la paga”’, ‘Cadena de mando’, ‘El diablo se viste de Prada‘ y ‘Ni siquiera lo van a tocar’.
La Corte Suprema de Justicia también tiene esas pruebas y otras, entre las cuales está una que demuestra la existencia de un plan de los involucrados para silenciarme a través de una demanda en Estados Unidos.
El pasado viernes recibí una carta de Fernando Franco, un abogado establecido en Miami, que dice representar al expresidente Álvaro Uribe, pero que no anexa ningún documento que lo pruebe.
El abogado Franco me conmina a que inmediatamente “cese y desista de publicar declaraciones difamatorias sobre mi cliente, ya sea que las declaraciones sean hechas por usted o por terceros”.
El abogado omite mencionar en su comunicación la evidente existencia de las indagaciones penales contra su cliente por estos hechos. En un claro acto de censura, prohibido tanto por la Constitución de Colombia como por la de Estados Unidos, el señor Franco pretende que no tengo derecho a registrar y a opinar sobre estas investigaciones. Y lo que es más grave es que ustedes, ciudadanos, no tienen derecho a conocer la existencia de las pruebas que obran contra el hombre más poderoso de Colombia.
El presunto apoderado de Álvaro Uribe me prohíbe, además, hacer pública la notificación que me envía: “Esta carta es una comunicación legal confidencial y no puede ser publicada de ninguna manera”.
Hunter Carter, el prestigioso abogado que generosamente me representará en este caso, le aclaró al apoderado del expresidente que no hay ninguna base legal para prohibirme la publicación.
En consecuencia, ustedes pueden ver la carta completa en semana.com
Carta completa en español.
Carta en inglés.
