Los verdugos de Jaime Garzón

Una asociación criminal entre militares activos, paramilitares y pistoleros de la banda La Terraza estuvo detrás del homicidio de Jaime Garzón. La Fiscalía tiene –casi– todas las piezas del rompecabezas y sabe cómo encajan. Hay evidencias que muestran que integrantes del departamento de inteligencia B-2 de la Brigada 13 del Ejército en Bogotá estuvieron envueltos en el asesinato de Jaime. Algunos de estos militares están prófugos y otros siguen activos y libres de cualquier apremio.

Desde 1998, poco más de un año antes de su muerte, Jaime Garzón venía siendo objeto de seguimientos ilegales. Además, algunas de sus comunicaciones fueron interceptadas, sin orden judicial, con el propósito de armarle un proceso para señalarlo como un hombre de la guerrilla de las Farc o del ELN. 

A cargo de esas operaciones ilegales estaba el grupo de vigilancia y seguimiento del B-2 de la Brigada 13, dirigido en ese momento por el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, hoy retirado y prófugo de la Justicia. 

Antes de su llegada al B-2 de la capital, el coronel Plazas Acevedo había dirigido la misma sección de inteligencia en la Brigada 17 de Urabá bajo el comando del general Rito Alejo del Río. Fue por la misma época en que desde allá salieron, sin que los uniformados preguntaran nada, dos aviones cargados de paramilitares que ejecutaron la masacre de Mapiripán, en Meta, al otro lado del país.

El coronel Jorge Eliécer Plazas –conocido en el mundo de la inteligencia como Don Diego– y varios de sus subalternos usaban para hacer ‘trabajos sucios’ a dos exguerrilleros de las Farc, llamados José Vladimir Rojas y Darwin Lisímaco Betancourt, a quienes presentaban como ‘informantes’.

El grupo, que incluía a varios oficiales y suboficiales –entre ellos el teniente Alexander Parga y los sargentos Guillermo Lozano y Juan José Mosquera–, no solo cumplía labores de inteligencia sino que había montado una banda especializada en secuestros para enriquecerse. 

Por la misma época en la que seguían a Jaime Garzón, ellos mismos habían secuestrado al industrial Benjamín Khoudari (el 30 de octubre de 1998), al comerciante Wilson Martínez Quiroga (secuestrado el 25 de noviembre de 1998), a Luis Antonio Castro Ochoa (el 11 de febrero de 1999) y Martha Cecilia Velásquez Álvarez (el 22 de febrero de 1999).

Algunos de estos secuestradores, bajo el amparo de su grado militar y usando recursos públicos, vigilaron a Jaime intentando encontrar evidencias que permitieran judicializarlo. El plan consistía en hallar una prueba concluyente contra él para que la suministrara uno de los ‘informantes’ con identidad protegida.

Nunca encontraron lo que esperaban, entonces trataron de plantar pistas equívocas o falsas y enviaron anónimos para desprestigiarlo sugiriendo que se lucraba con la intermediación de secuestros. 

Por último entregaron a los paramilitares el pretendido dossier de Garzón, que contenía la información distorsionada que no les había alcanzado para judicializarlo pero si para intentar enlodarlo. También enviaron los detalles cotidianos de su vida y desplazamientos, que resultaron muy útiles a la hora de matarlo.

Varios testimonios aseguran que la información le fue entregada al jefe paramilitar Carlos Castaño por José Miguel Narváez, quien en ese momento era un civil cercano a los militares y profesor de la Escuela Superior de Guerra. Después se convertiría en asesor del Ministerio de Defensa y subdirector del DAS. 

Narváez, quien solía reunirse clandestinamente con los cabecillas de las llamadas autodefensas, actuaba ante ellos como asesor y señalador de presuntos “guerrilleros vestidos de civil”. 

Después de recibir a Narváez, Castaño contactó a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, para que sicarios de la banda La Terraza, que obedecía sus órdenes, se encargaran de ejecutar “la vuelta”.

En la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando llegaba a trabajar en las noticias de Radio Net, Jaime Garzón fue asesinado desde una moto con certeros disparos de revólver.

En los días siguientes alguien se encargó de desviar la investigación con testigos falsos e informaciones inconducentes.

Testimonios y documentos fundamentan esta sucesión de hechos. Ahora solo falta establecer quién estaba por encima del coronel Plazas Acevedo y de José Miguel Narváez.