OPINIÓN
El fantasma de Marta Lucía
Hay muchas piezas que no me cuadran en la versión rosa que ha dado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre por qué ella y su marido acabaron de socios de Guillermo León Acevedo, mejor conocido como Memo Fantasma, un narcotraficante que se recicló en el paramilitarismo y que, según InSight Crime, terminó lavando su dinero a través del negocio inmobiliario.
La vice ha dicho solo verdades a medias en las pocas veces que ha hecho referencia en los medios al tema del Memo Fantasma. Acepta que lo revelado por InSight Crime es cierto y que, en efecto, en 2007 Memo Fantasma se asoció con Hitos Urbanos para la construcción de la Torre 85, un megaproyecto urbano de grandes dimensiones. Sin embargo, falta a la verdad cuando insiste en decir que ella no era la socia sino su marido, Álvaro Rincón. Según la investigación de InSight Crime hecha por Jeremy McDermott, para 2007, época en que se hizo el negocio con el Memo Fantasma, ella aparece como socia mayoritaria de Hitos Urbanos.
La opacidad en sus explicaciones aumenta cuando se refiere a los procesos de diligencia debida que ella y su marido dicen haber seguido antes de haber hecho el negocio con el Memo Fantasma.
La primera averiguación la hicieron con el general Naranjo, quien en ese entonces era el jefe de la Dijín. Ella lo habría llamado a pedirle el favor de que averiguara si su socio Guillermo León Acevedo tenía antecedentes y ha dado a entender –aunque tampoco eso es muy claro– que en ese momento no se le encontró ninguno. No sobra aclarar que este “favor” es una averiguación, pero no un proceso de diligencia debida o due diligence, entre otras cosas porque esa no es la labor de la Dijín. Las debidas diligencias son un proceso de investigación exhaustiva sobre una persona en la que no se puede dejar ningún ángulo sin escudriñar. Tampoco es función de la Dijín revelar información de ciudadanos a quienes los llaman valiéndose de su poder.
En la entrevista con María Isabel Rueda, la vice habló de otro proceso de diligencia debida que ellos habrían hecho en La Previsora antes de firmar el contrato que, según Marta Lucía, demuestra la “transparencia” con que hicieron las cosas. Sin embargo, lo que ella llama un proceso de diligencia debida no fue más que un estudio de tradición del predio que busca comprobar los folios de la matrícula inmobiliaria, pero que no se mete a examinar a las personas mencionadas en el estudio de títulos, como sí sucedería en un due diligence.
Pero tal vez el episodio más opaco en esta telaraña de sucesos inexplicables sea la carta que reveló InSight Crime, firmada por el esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, en octubre de 2017 y que estaba dirigida al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. En esta misiva le vuelven a pedir información, diez años después de hecho el negocio, sobre su socio Guillermo León Acevedo, pero en la carta, en lugar de preguntar por él, Rincón pide que averigüe por los antecedentes de un tal Guillermo Camacho Acevedo. Es decir, pidieron información de otra persona.
¿Se confundió de nombres Álvaro Rincón al escribir esta carta? ¿Por qué preguntaron por Guillermo Camacho Acevedo, cuando ellos saben que en las escrituras del negocio que se hizo con Memo Fantasma en 2007 tenían muy bien deletreado el nombre de Guillermo León Acevedo? ¿Qué querían lograr preguntando por una persona que no existía y que, como ya lo confirmó el periodista McDermott, era el alias que Guillermo León Acevedo utilizaba en su época de paramilitar? Ninguna de estas preguntas han sido respondidas porque, para la vice, todo este oscuro episodio es parte de una conspiración para socavar la reputación de ella y de su familia. Si esta es la transparencia a la que hace referencia Marta Lucía Ramírez, ya podemos imaginarnos lo que está haciendo en esa materia desde el Gobierno.
Lo que queda claro es que en todo este entramado hay una opacidad nauseabunda. Las debidas diligencias se hicieron por encimita, tratando de cumplir con los requisitos formales para no espantar al Memo Fantasma ni a su dinero.
Si hubieran hecho bien la diligencia debida, hubieran encontrado lo que halló el periodista McDermott, a quien sí le pareció sospechoso que Memo Fantasma no tuviera ninguna huella digital en las redes y que hubiera comprado una serie de lotes en la manzana de la calle 85 con carrera 14 usando los nombres de su madre y de su abuela. Ese es el lote en que luego se construyó la torre 85, con Hitos Urbanos, la empresa de propiedad de Marta Lucía Ramírez y de su esposo.
¿Será cierto que siendo vicepresidenta mandó a hacer un nuevo due diligence, luego de que el periodista McDermott fue a entrevistarse con el Memo fantasma en Madrid y de que este recibió una llamada de la vicepresidenta en la que le decía que ella ya sabía que estaba escribiendo esta historia?
En lugar de decir que hay una conspiración contra ella, la vice debería publicar ese y todos los demás due diligence que dicen haber hecho ella y su marido. Para ser un negocio tan transparente, como ella lo ha calificado, son muchas las opacidades que tiene.
Pero al parecer ella cree que no tiene por qué responder las preguntas que suscita este oscuro episodio ni aclarar las opacidades que la envuelven. Ella cree que el poder está para eso. A una vicepresidenta cercada por estos hechos le queda muy difícil hablar de transparencia, de lucha contra la corrupción y de combatir el narcotráfico.