Sin reformas no hay paraiso

Es malo que una de las calificadoras haya degradado la calidad de la deuda pública colombiana, aunque ese movimiento era previsible y no tiene por qué ser una catástrofe. Ya se sabe que al nuevo gobierno le tocará realizar, en estrecha colaboración con el Emisor, un manejo prudente de las finanzas públicas, la política monetaria y el control de la inflación. Si lo hemos hecho bien en otras coyunturas complejas, ¿por qué no en esta?

Algunos indicadores de corto plazo son positivos: la inflación se encuentra bajo control, el crecimiento (2 por ciento en el tercer trimestre) parece marcar un cambio de tendencia, los desequilibrios externos han disminuido, el gobierno hace cuanto está a su alcance para reactivar los proyectos de infraestructura; el Banco de la República ha garantizado tasas bajas de interés que ayudan a la reactivación.

Llama la atención la evolución de los índices de confianza del consumidor, no por su nivel actual, sino por la débil tendencia positiva que marcan. Quizás influya la desmovilización de las Farc, que ya no son hoy un factor de perturbación del orden; la tregua pactada con el ELN; una cierta resiliencia del empleo; y la estabilización del ingreso real de las familias.

A la recuperación de ese indicador clave, puede contribuir el tono ecuánime de los debates presidenciales. Ojalá no caigamos en el juego sucio y en las sindicaciones de prácticas corruptas que padecimos cuatro años atrás. También es positivo –vaya paradoja– la baja importancia que los ciudadanos conceden a profundizar los acuerdos con la guerrilla; esa actitud, que debe ser producto de la extenuación, permite vaticinar que no se repetirán en la actual campaña los feroces enfrentamientos a los que condujo el plebiscito de un año atrás. El anhelo de los ciudadanos parece ser “lo que fue, fue”.

Suponiendo que las condiciones políticas sean adecuadas, el consenso en términos de crecimiento es claro: el de 2018 superará el lánguido de este año; en los siguientes puede que lleguemos, si bien nos va, al 3 por ciento, cifra muy modesta comparada con la de más del 4 por ciento anual que, en promedio, tuvimos entre 2002 y 2014.

No advertimos entonces que los resultados positivos se dieron a pesar de la caída de la productividad: lo que, en promedio, produce un trabajador colombiano por unidad de tiempo. Estamos condenados a afrontar ese problema: el impulso de la economía mundial ya no es el mismo de antes; como consecuencia del envejecimiento poblacional, la mano de obra crece menos; la inestabilidad normativa que nos aqueja es un lastre para la inversión productiva.

Es obvio que se requiere una reforma fiscal integral, la formalización del mercado laboral y un mejor sistema pensional. Se ha dicho menos que es indispensable contar con un Estado fuerte y eficiente concentrado en la provisión de bienes públicos indelegables (seguridad, justicia); en la oferta de regulación de buena calidad; en la protección de la competencia y en la redistribución progresiva del ingreso. Todo lo demás lo debe realizar el sector privado.

El Foro Económico Mundial ubica la calidad de nuestras instituciones públicas en el puesto 117 entre 137 países. Por eso se requiere una misión de reforma de la administración pública que, entre otros temas, aborde la conveniencia de enajenar las empresas estatales que no cumplan funciones estratégicas –Ecopetrol, Satena, Banco Agrario, etcétera–; la revisión de los costos y beneficios de las entidades de control; los mecanismos de transferencia de recursos a las entidades territoriales, de asignación y evaluación de los recursos de inversión y de otorgamiento de subsidios; la posibilidad de fusionar entidades que pueden ser redundantes, tales como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Necesitamos un servicio civil de calidad al que se acceda por méritos. Los casos de rampante clientelismo observados, por ejemplo, en el Sena y Bienestar Familiar son inadmisibles.

*Presidente de Fasecolda