Comisión de la posverdad

Uno de los aspectos negociados entre el Gobierno y las Farc fue la creación de una comisión de la verdad; se trata de un derecho de las víctimas a conocer los hechos que causaron su tragedia, así como los responsables de los mismos, lo cual se realizaría de dos formas: una, a través de la Justicia Especial para la Paz; y la otra, mediante la creación de una comisión que elaboraría el relato de tales acontecimientos, en principio, sin consecuencias penales. Entonces, se obtendrían dos verdades, la judicial especial y la de la comisión. Ahora bien, además se pactaron medidas para el esclarecimiento del paramilitarismo, que correspondería a la justicia ordinaria, con lo cual habría otra verdad.

El Acto Legislativo 1 de 2017, recogió lo acordado en cuanto a la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial de Paz. El Decreto 588 de 2017 organizó la primera, conformada por 11 personas, elegidas por un comité de escogencia, cuyo presidente se designa de común acuerdo entre el Gobierno y las Farc, con un régimen legal propio, capacidad para celebrar contratos y convenios en el país y en el extranjero, con acceso a documentación reservada e inviolabilidad de las opiniones de sus miembros. La Corte Constitucional, según comunicado de 21 de marzo, declaró exequible el mencionado decreto, advirtiendo que no serían oponibles las reservas, en ningún caso.

La modernidad con su física newtoniana indujo a la idea de verdades absolutas, después Albert Einstein con la teoría de la relatividad y la postmodernidad con su física cuántica, dieron al traste con esas verdades y nos dejaron con las verdades relativas, que tantas dificultades causan en el campo de la ética y que más recientemente han dado lugar a la llamada postverdad, que no es otra cosa que la verdad drásticamente sesgada por posiciones ideológicas o interesadas.

Se podría decir hoy, que la historia la hacen los vencedores, el establecimiento y su historia oficial. Es cierto, hay otros enfoques como el de Walter Benjamin, Tesis sobre la filosofía de la historia, que nos presenta el punto de vista de los derrotados, de las posibilidades truncadas. Pues bien, la comisión de la verdad pactada entre el Gobierno y las Farc, estaría a medio camino entre estos enfoques, sería la construcción de una historia entre los dos bandos enfrentados, sin que se acepte la victoria o la derrota de alguno de ellos. También podría decirse que se trata de develar aquellos aspectos que el establecimiento evade o deliberadamente oculta, aquello que la historia oficial omite.

Recientemente, Dejusticia, organización sin ánimo de lucro, dio a conocer el documento “Cuentas Claras. El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”, donde recomienda incluir expresamente el tema de complicidad empresarial y descartar el artículo 16 del Acto Legislativo 1 de 2017.

Lo cierto es, que los mencionados Acto Legislativo y Decreto, no se refieren expresamente a la complicidad empresarial, por el contrario, se refieren a los empresarios en calidad de victimas, por lo tanto, se trata de un sesgo propio de la organización sin ánimo de lucro. Ahora bien, hacer caso omiso del artículo 16, que se refiere a los terceros sometidos a la JEP, respecto de los cuales la Corte Constitucional estableció que no estaban obligados a comparecer, en virtud de las garantías de preexistencia de la ley y del juez natural, pareciera tratarse de otro sesgo para desconocer la decisión constitucional.

En fin, la comisión de la verdad sería un intento de escribir la historia desde dos puntos de vista contrapuestos, con el propósito de reconciliación y a partir de una supuesta imparcialidad. La propuesta de Dejusticia pone en evidencia los sesgos de enjuiciar a miembros del aparato productivo y de enjuiciar a los enemigos ilícitos que más daño hicieron a la guerrilla: los paramilitares, con lo cual parecería más hacer una propuesta desde los intereses de uno de los bandos del conflicto, que desde intereses superiores. Por ejemplo, por qué no se propone investigar el apoyo de los gobiernos vecinos a la insurgencia, en franca violación a las normas internacionales, en lugar de señalar un sector indispensable para la economía nacional.

Con propuestas interesadas en hacer énfasis en sectores particulares, no se contribuye a la reconciliación sino que se mantiene la polarización y la diferencia. Se deberán esclarecer los hechos provengan de donde provenga. Los sesgos solo conducirían a una Comisión de la posverdad.

*Abogado Constitucionalista