No es la verdad, ¡es la Comisión!

No creo que la Comisión de la Verdad o la JEP carezcan de legitimidad entre los colombianos por el hecho de que haya unos sectores empeñados en taparlo todo para no dejarse juzgar. No creo que la prematura ausencia de confianza se derive de la falta de herramientas que necesitan para actuar. En cambio, creo que el mayor problema de este par de instituciones radica en su pecado original: fueron conformadas sin criterios claros de selección, sin paridad ideológica que garantizara que todas las voces autorizadas de la sociedad –de izquierda y de derecha– pudieran llegar allá en un deseable estado de igualdad. 

Por eso cuando se dice que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tendrá acceso a material de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, a muchos nos causa preocupación. No porque se sepa lo que ocurrió en el marco del conflicto, sino porque –con el respeto de las señoras y los señores comisionados– el grupo que se conformó tiene un innegable y mayoritario sesgo que no genera garantías de imparcialidad y que está lejos de representar la lectura comprehensiva que la sociedad espera de una comisión que dice buscar la verdad.

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El problema no fue incluirlos a ellos, sino excluir a quienes, pensando distinto, pudieron ofrecer equilibrio a la comisión. Si este ejercicio está enfocado en la reconciliación y convivencia nacional, ¿cómo fue que hicieron a un lado el nombre del exmagistrado Nilson Pinilla, que además tenía ya experiencia por su notable trabajo en el caso del Palacio de Justicia y que pudo haber aportado otro enfoque en ese grupo? Y como él, algunos más, que tenían lentes distintos para mirar los mismos hechos y que hicieron la fila esperando ser escogidos para balancear una comisión que clamaba a gritos pluralidad. 

Pero ese no es el único inconveniente. Ya en acción, esta comisión tiene líos metodológicos que refuerzan la idea de que será difícil llorar por ambos ojos. 
La solicitud arbitraria y amplia de la documentación en poder del Ministerio de Defensa, que ha causado la más reciente polémica, denota una falta de organización de los comisionados para concentrarse en hechos puntuales, como si quisieran abarcarlo todo para no terminar profundizando en nada. O peor aún: como si quisieran solo profundizar en lo que, desde su sesgo, quieren revelar como verdad. ¿Acaso no era mejor que, conforme fueran analizando los hitos del conflicto, pidieran la información puntual que necesitaran? Con su ambiciosa petición pusieron en razonable alerta a los agentes que participaron en operaciones encubiertas, lo mismo que a sus familias que temen que sus nombres se filtren y corran riesgo sus vidas. 

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Adicionalmente, la forma en que están redactadas varias de sus solicitudes parece una manera de poner a priori en tela de juicio las actuaciones de las Fuerzas Militares y constituyen una odiosa forma de desconocer la presunción de legalidad de dichos procedimientos. 

Finalmente, y aunque la ley los faculte para pedir incluso los documentos más sensibles que pueden llegar a comprometer la seguridad nacional, la ingenuidad con la que se abordó la protección de esos datos –simplemente con la firma de un acta de compromiso de “no filtración”– es sencillamente ridícula y debería llevar a replantear el diseño legal que lo permitió, poniendo condiciones más serias que garanticen la reserva frente a terceros de esa delicada información. 

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Aún es tiempo de corregir las falencias si, por ejemplo, se incluyera en el paquete de reformas a los acuerdos de paz, una ampliación del número de comisionados para que puedan llegar algunos más que le impriman equidad a la búsqueda de “la verdad” y si se hacen precisiones, no para cortarles las alas, sino para que puedan volar mejor, ganándose el respeto de la mayoría de colombianos que hoy, hay que decirlo, ven a las instituciones de la justicia transicional con sospecha y desazón.

José Manuel Acevedo lee su columna: