Como traquetos

Escuchar la audiencia de Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez en el proceso que se les sigue por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación ilícita de comunicaciones, es asistir al más repugnante acto de arribismo, desfachatez, ambición sin límites y robo descarado de recursos de la que hayamos tenido conocimiento (o más bien, que hayamos podido seguir en directo).

Hora tras hora, la Fiscalía reveló conversaciones, escrituras, documentos y consignaciones que daban cuenta de cómo los entonces esposos se enriquecieron sin pudor, apropiándose de dineros que llegaban por cientos de millones a sus manos con la intención de ser entregados a la campaña Petro Presidente. En esta campaña, Nicolás Petro, hoy diputado del Atlántico, tuvo un papel protagónico. No se trataba de un hijo que miraba a su padre a lo lejos mientras hablaba en una tarima. Era el que se subía a tarima a él. Junto al exembajador Armando Benedetti y a Máximo Noriega, el hijo del presidente era el motor de la aspiración presidencial en el Caribe.

Con la llegada de los dineros para la campaña, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez iniciaron una maratónica carrera para incrementar su patrimonio y acceder a lujos y propiedades hasta ese momento inexistentes en sus vidas. De los aportes, los esposos tomaban una parte para adquirir viviendas, vehículos, joyas. Los metían en maletas, los escondían en armarios, los dividían en talegos entregados a familiares y amigos, trataban de diluir su rastro con préstamos bancarios que dieran falsa apariencia de legalidad a los bienes que adquirían. La ambición y falta de escrúpulos llegó al punto de escriturar propiedades a nombre de familiares e incluso a expedir la tarjeta de propiedad de un Mercedes-Benz de más de 200 millones a nombre de su empleada doméstica.

Lo que viene ahora es que Nicolás y Daysuris cumplan su promesa de entregar pruebas que demostrarían que estos dineros fueron dados por personas atadas al narcotráfico y a la contratación pública, y que entraron a la campaña del presidente. Ya se han mencionado nombres como Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico; Gabriel Hilsaca, hijo del opaco empresario Turco Hilsaca, del que se ha dicho de todo, pero jamás se ha comprobado nada, o el de Óscar Camacho, del que solo se sabe que vive en Cúcuta, que lo conocen como el contratista consentido de William Villamizar, aspirante a ocupar por tercera vez la Gobernación de Norte de Santander, que posee una fortuna difícil de explicar en un joven de 35 años y que dos de sus tíos fueron extraditados por narcotráfico.

Pero además de la llegada de estos dineros, las conversaciones reveladas por la Fiscalía muestran que los esposos movían contratación en la Gobernación del Atlántico a través de fundaciones para quedarse con dineros destinados a la atención de ancianos. No solo arreglaban los contratos, también daban instrucciones de a qué profesionales debían poner y cómo debían pagarles un salario mucho menor al registrado en cuentas de cobro para quedarse con la diferencia.

Un entramado de corrupción que deja sin aire y con una sensación de hastío de cómo la corrupción y la ilegalidad cooptaron la política en Colombia.

Lo más triste de estas revelaciones es saber que lo que estamos viendo es la radiografía perfecta de cómo se mueven las campañas políticas en el país, perversión que se incrustó desde la época de Pablo Escobar.

Hoy, una aspiración política vale miles y miles de millones de pesos, cifra que se va elevando en la misma medida en que se eleva el cargo en el organigrama del poder nacional. Sea a una alcaldía, a una gobernación o al Congreso, la cifra de los costos de campaña va subiendo en rangos de miles de millones. ¿Quiénes tienen esos montos? La excepción es que las campañas las financien empresarios y ciudadanos. La regla general es que lo hagan contratistas inescrupulosos que cobran su inversión con licitaciones amañadas y fundaciones de papel, y narcotraficantes que buscan lavar su dinero. Y en medio están los gobernantes, que sacan también su tajada. ¿Cómo se explica que gran parte de los concejales, diputados, congresistas, alcaldes y gobernadores pasen de una vida modesta a habitar mansiones, a manejar automóviles de cientos de millones y a vivir una vida de lujos que jamás sería posible con sus ingresos de funcionario? Este círculo de perversión es el que permite que se elijan una y otra vez a los Ñoños, los Aguilar y los Besaile, y que hace que tengamos el descaro de ver al Hombre Marlboro aspirando a la Alcaldía de Maicao, a Johnny Besaile congresista, o a la esposa de Máximo Noriega candidata a la Gobernación del Atlántico.

“Aquí, él (Nicolás Petro) está robando, yo estoy robando, todos estamos robando”, se escucha decir a Day Vásquez justificando su actuar, resumen perfecto de lo sucedido.

Y mientras estos mismos políticos roban a manos llenas, nos piden a los colombianos que paguemos más impuestos, que los empresarios se aprieten más, que no haya pensionados con más de cuatro salarios mínimos, que paguemos 1.000 pesos más en la factura para cubrir las necesidades de La Guajira, cuando ellos mismos saben perfectamente que La Guajira sigue en la pobreza porque sus políticos se han robado su presupuesto por décadas, al igual que en el Chocó o en Guainía o en Córdoba.

Pero esos mismos colombianos que esperan esos subsidios y que se duelen, con toda la razón, por las grandes injusticias sociales en que vivimos, son los mismos que aplauden y vuelven a elegir a estos gobernantes que esconden maletas con dinero, compran casas a nombres de terceros y ponen Mercedes-Benz a nombre de su empleada de servicio.

Todo un país de pendejos.

P. D.: Y eso que todavía falta saber cómo se cruza esta historia con los viajes de la niñera de Laura Sarabia a ver a Armando Benedetti en Venezuela y las maletas y chuzadas de la exjefa de gabinete.