Compra hoja de coca seca

Si alguna política ha fracasado en Colombia, es la de erradicar la hoja de coca. A lo largo de nuestra historia, a pesar de múltiples decisiones políticas y de una gran inversión de los gobiernos recientes, estos esfuerzos han sido infructuosos. Algunos gobiernos han implementado políticas de “cero tolerancia”, mientras que otros han mostrado mayor comprensión hacia los campesinos cultivadores; sin embargo, los resultados demuestran que todos estos enfoques han fracasado.

En cuanto a las políticas de sustitución de cultivos de los últimos gobiernos, una estrategia particularmente polémica ha sido la compra de hoja de coca a los campesinos e indígenas en regiones apartadas, para quienes el cultivo de coca ha sido, por diversas razones, la única opción de subsistencia. Los datos muestran que, lejos de ser eficaces, las alternativas a esta propuesta han sido ineficaces para acabar con este flagelo. Las estadísticas son contundentes: el camino actual no solo ha sido, sino que sigue siendo, un fracaso. Esto solo beneficia a los narcotraficantes, en detrimento de los colombianos.

Permítanme presentar algunas cifras que respaldan esta conclusión.

Los estudios sobre la producción en las regiones cocaleras indican que una hectárea de cultivo de coca produce aproximadamente 2.3 toneladas de hoja por cosecha. Con tres cosechas al año, los campesinos o indígenas dedicados a esta actividad —debido a la falta de alternativas viables—obtienen un ingreso de $ 6.480.000 pesos al año (USD 1,500), ya que la tonelada de hoja de coca se vende ilegalmente a $ 2.160.000 (USD 500). Estos ingresos están muy por debajo de los obtenidos en otras actividades agrícolas.

Según el último informe de la ONU, en Colombia hay aproximadamente 253.000 hectáreas de coca, lo cual se traduce en una producción anual de 1.619.200 toneladas, valorada en el mercado en USD 809.500.000. Sin embargo, el enfoque del actual gobierno hacia la erradicación de estos cultivos parece perpetuar la situación, permitiendo que Colombia siga siendo un país productor de hoja de coca. Además, el plan de erradicación manual implica un alto gasto de recursos públicos que podrían destinarse a alternativas más efectivas, ya que se prevé erradicar solo el 4 % de las hectáreas sembradas durante este año, con un presupuesto de USD 700.000.000.

Si este presupuesto se destinara a la compra de hoja seca de coca, se podría adquirir toda la producción con solo el 54 % del monto asignado. Aunque no se espera que se alcance el 100 % de erradicación, esta estrategia podría lograr resultados de hasta un 50 % en el mejor de los casos o entre un 20 y un 30 % en el peor, superando ampliamente las cifras históricas de erradicación en Colombia.

La pregunta, y con razón, es cómo se incentivará la siembra de nuevos cultivos. Una política de erradicación mediante la compra de hoja de coca es viable únicamente si se adquiere la hoja de coca seca. La principal razón es que, en su estado natural, la hoja de coca contiene alcaloides, siendo el más conocido la cocaína. No obstante, la concentración de cocaína en la hoja seca es bastante baja, generalmente entre un 0.25 % y un 0.77 %. Para extraer la cocaína en polvo y producir narcóticos, se requiere un proceso químico complejo que, en este caso, no resulta rentable.

Otra razón por la cual la hoja seca no es útil para fines narcóticos es que no produce efectos significativos al consumirla en té o mascándola, debido a la baja concentración de cocaína presente.

Además, al limitar la compra a la hoja seca, se logra un mayor control sobre la producción, permitiendo a los cultivadores iniciar un proceso de sustitución de cultivos. Un ejemplo de este enfoque es la elaboración de abonos y fertilizantes a partir de la hoja de coca seca, una práctica ya desarrollada por comunidades indígenas Nasa en el sur del país. Estos abonos pueden utilizarse en cultivos de la zona, como el café y el cacao. También se podrían fomentar industrias locales que empleen la hoja de coca en productos legales, como tés, alimentos o productos medicinales, impulsando así el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo.

Estoy seguro, amigos lectores, de que este tipo de decisiones genera serios cuestionamientos, especialmente cuando vemos que el dinero de los impuestos de los colombianos podría beneficiar indirectamente a los narcotraficantes al comprar hoja de coca. Y aunque esto es parcialmente cierto, hay un antecedente relevante en Perú. Hace varias décadas, el gobierno peruano enfrentó las mismas dudas y decidió crear Enaco (Empresa Nacional de la Coca), una entidad estatal con régimen privado. Esta empresa fue creada para regular y promover la producción y comercialización de hoja de coca de manera legal, destinándola a usos legítimos como productos tradicionales y medicinales.

Si bien la industrialización de la hoja de coca para productos lícitos no absorberá todo el mercado ilícito (que hoy cuenta con más de 18 millones de consumidores), estoy convencido de que esta estrategia tendría mejores y más efectivos resultados que una política de erradicación que ha demostrado ser un fracaso. Esta política ha consumido miles de millones de dólares en impuestos y ha costado miles de vidas, entre campesinos, erradicadores, policías y ciudadanos, durante varias décadas.

Esta política debe contar con componentes y condiciones claras para lograr efectividad. Es esencial una regulación estricta y transparente, acompañada de una fuerte inversión en desarrollo rural y un compromiso real de los países con mayor consumo. Además, es imprescindible una política de cooperación internacional innegociable, que permita evaluar la implementación de esta nueva estrategia. La compra gubernamental de la cosecha de hoja de coca seca podría representar una alternativa viable para reducir la dependencia del narcotráfico.