Con la Constitución no se juega

Gustavo Petro sigue con sus maquinaciones para realizar una constituyente que nadie pidió, para así darle un rango constitucional a su política pública y, presuntamente, quedarse con el poder. No obstante, y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, en términos jurídicos, esta constituyente no tiene futuro, por lo que quedará como un juego atrevido de Petro con nuestra constitución y una pantalla de humo del caos institucional que vive el país.

La implementación de esta abominación para nuestro Estado Social de Derecho no solo es innecesaria, sino que su fracaso es inevitable. Si se siguiera el procedimiento estándar para realizar una constituyente, definitivamente, no florecerá, e incluso si se utilizará el Fast-Track para este proyecto, no produciría ningún efecto; teniendo en cuenta precedentes constitucionales a esta estrategia legal.

Esto se debe a que los obstáculos que se presentan para realizar una sustitución de la Carta Magna colombiana, al igual que el talante democrático del que gozan instituciones como la Corte Constitucional y el Congreso de la República, son tan grandes que le impedirán al gobierno nacional lograr su cometido.

Recordemos que el proceso para realizar una constituyente, según el artículo 376 de nuestra constitución, al igual que los argumentos que exponen la jurisprudencia y la doctrina, describen este proceso en tres etapas: la primera, mediante la creación de una ley por medio del Congreso de la República para que el pueblo vote para realizar una constituyente; la segunda consistirá en la sanción presidencial de la ley y su revisión por parte de la Corte Constitucional; la tercera, en caso de que estas instituciones ratifiquen la ley, indica que se construirá el tarjetón con los temas que tratará la constituyente y el pueblo votará en las elecciones presidenciales de ese año.

Por otra parte, el Fast-Track, el cual el presidente utilizará para agilizar sus políticas de paz y de paso la constituyente, tendrá grandes limitaciones. Teniendo en cuenta la decisión de la Sentencia C-332/17 de la Corte Constitucional, cuyo “Resuelve” atacó el corazón del Fast-Track, tras una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el entonces senador Iván Duque.

Más bien, considero que este escándalo solo es un juego del presidente que puede suponer una pantalla de humo a todas las maquinaciones que está realizando el gobierno nacional, como lo son: el retiro del fiscal Mario Burgos del caso de Nicolás Petro, la libertad del terrorista Salvatore Mancuso y la crisis ministerial del gobierno Petro.

Esta última resulta ser la más grave para la estabilidad del país, después de todo, solo entre los meses de junio y julio han salido y entrado los ministros de: Educación, Interior, Vivienda, Agricultura, Justicia y Transporte, llevando la cuenta a un total de 37 ministros y 54 viceministros en su mandato.

No obstante, existe la posibilidad de que esta constituyente pueda darse mediante el uso del artículo 215, que le da facultades extraordinarias al presidente. Esto se configura mediante la existencia de un fenómeno conocido como los “estados de excepción”, que son una serie de casos taxativos en la norma, los cuales, en caso de configurarse, le permiten al mandatario expedir decretos con fuerza de ley de manera transitoria.

De esta forma, y siguiendo esta teoría descrita por Germán Vargas Lleras, Petro puede “construir” una Corte Constitucional, tal y como se ha estado infiltrando en las altas cortes, con aliados como Vladimir Fernández —quien previo a ser magistrado de la Corte Constitucional fue secretario jurídico de presidencia— o Cesar Palomino —el magistrado del Consejo de Estado que terminó como nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado—, y realizar un “decretazo” con su aprobación. Esto significa que si los magistrados de la Corte Constitucional del año 2025, los del Consejo de Estado y los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo se arrodillan ante Petro, habrá constituyente, debido al control de legalidad que ralizarían estas instituciones a la hora de expedir cualquier decreto legislativo amañado desde el Ejecutivo.

De esta forma, es importante entender que, aunque en términos jurídicos, la constituyente suene como una más de las incoherencias del presidente para encubrir la crisis ministerial del gobierno y demás escándalos, no es menester que el pueblo colombiano esté atento ante cualquier irregularidad que pueda darse en el Congreso o incluso con las altas cortes.

Además, si el pueblo colombiano se une para ver a Colombia jugar la final de la Copa América, también es nuestro deber unirnos como una fuerza imparable para defender nuestra Constitución, utilizando a la protesta pacífica como una herramienta contra la injusticia y la tiranía.