Con la salud no se juega

El pasado 27 de julio, tres conocidas EPS que prestan servicios a más de 13 millones de afiliados y cuentan con 34 mil trabajadores, enviaron carta al ministro de Salud, expresando gran preocupación por la viabilidad de las EPS, a su juicio a causa de tres aspectos: la insuficiencia de la UPC en 8 %, la falta de ajuste de ésta a los respectivos perfiles epidemiológicos y el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canasta covid-19, licencias, incapacidades y procesos de compensación.

Además, advierten que en caso de no tomarse las medidas pertinentes habría serias dificultades después de septiembre de este año. Son conscientes que la problemática se viene acumulando desde varios años atrás. Allí se relacionan las deudas por distintos conceptos que superan los $6,2 billones. Así las cosas, solicitan cita al funcionario para diálogo sobre tales asuntos.

ACMI, gremio que reúne a 11 EPS, dijo que esa carta no representa la posición del gremio, pero si refleja la crisis que atraviesan las EPS, que pone en juego la salud de los colombianos.

El presidente Gustavo Petro respondió en redes sociales, negó que lo informado por las tres EPS fuera cierto, que la UPC se aumentó en 16,2 %, muy por encima de la inflación del 11 %, que el sistema de salud está financiado hasta final de año y contrastó indicando que existen más de 500 mil quejas de pacientes a punto de morir. Nada dijo de los perfiles epidemiológicos.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que tales EPS querían “armar una tormenta en un vaso de agua” y que hablaban de problemas financieros, luego de obtener buenas ganancias en época del coronavirus.

Según distintos medios de comunicación, el Estado debería a las EPS cerca de $10,4 billones de pesos, y estas, a su turno, deberían a las clínicas y hospitales alrededor de $50 billones de pesos, según la Superintendencia Nacional de Salud.

Lamentablemente, la situación tiene lugar en un contexto politizado donde el gobierno sugiere la desaparición de las EPS y la estatización de la prestación de los servicios de salud.

Las tres EPS, con información alarmante, simplemente solicitaron una cita con el ministro de Salud, que se concedió en último momento. Mientras tanto, el asunto transcendió a un debate mediático mucho menos eficiente y generó posiciones políticas encontradas.

Las cifras de las EPS, los gremios y las del gobierno no coinciden, y las más afectadas serían las instituciones prestadoras de salud.

El presidente se equivoca al minimizar las circunstancias e intentar rebatirla con quejas acerca de la calidad del servicio y el riesgo de muerte, intensifica el error el ministro cuando descalifica a las empresas reduciendo el tema a utilidades pasadas con problemas financieros presentes.

Lo cierto es, que del Estado teológico que cuidaba almas pasamos al Estado social que cuida cuerpos, su salud y sus consumos; que la prestación de los servicios se debate entre esquemas privados o estatizados; y que el derecho a la salud transita de social a fundamental, o lo que es igual, de políticas gubernamentales a decisiones judiciales.

Más allá de los debates políticos y las frases de cajón para el espectáculo mediático, conviene que gobierno y EPS (el gremio se excluyó), por encima de concepciones ideológicas, hablen en forma constructiva para mejorar en calidad y tiempos los servicios de salud.

Formalizar el empleo y prevenir enfermedades sería un buen comienzo para despolitizar y no mercantilizar los temas de salud.