Con licencia para matar

Los alcaldes y gobernadores, las ONG’s de derechos humanos, las ONG’s de transparencia electoral, los informes de seguridad del Ministerio de Defensa, la prensa, los formadores de opinión, las comunidades, los reinsertados, los países amigos… ¡todo el mundo! ha advertido, reclamado y conminado al gobierno y al ministro de Defensa sobre la urgencia de cambiar la política de seguridad, incluyendo las premisas de la paz total.

Es un tema que une a los partidos independientes y de oposición e, incluso, convoca a miembros de la coalición de gobierno.

Frente al clamor de los hechos violentos, los reclamos por el fracaso en el manejo del orden público y los efectos perversos de su política de paz, Petro permanece impávido, impertérrito e indiferente.

Resulta que el problema de la violencia no es con él. En un giro usual de los políticos y opinadores de izquierda, se acude al atavismo para justificar el deterioro rampante del orden público. Se alega que, como aquí siempre ha habido violencia, no es sorpresa que siga la violencia.

En otra reacción clásica de los ungidos de la verdad marxista, se apegan de cualquier esquirla estadística, cualquier varianza en los datos de muerte o criminalidad para desvirtuar las críticas como mero efecto de la polarización o mala leche de los opositores que no entienden las dimensiones verdaderas del cambio en curso y que el mismo, como cualquier otra revolución, requiere, demanda y reclama importantes dosis de sangre y sufrimiento de la población.

Finalmente, lo más importante para Petro y la izquierda colombiana, esa que percibe que el rey está desnudo, pero prefiere mantener la adulación a cambio de gabelas o la tranquilidad de seguir viviendo la utopía, es poder justificar la violencia. Cualquier violencia, en el imaginario que nos gobierna, no es responsabilidad de quien la ejerce, sin importar la sordidez y alevosía con que actúe, porque es responsabilidad de esta sociedad.

¿Cuál sociedad? La suya y la mía, no la de ellos. La sociedad que produce, paga impuestos y financia la redistribución del ingreso, la que se educa para salir adelante, la que emprende, la que conquista metas materiales y construye oportunidades para sus hijos. Esa sociedad es la responsable de todas las violencias porque es generadora intencional de la desigualdad y la pobreza.

En el torcido universo mental de Petro todos los pobres son violentos y añoran serlo por la desigualdad y el resentimiento. Correlativamente, todos los que padecen la violencia, así sean mayoritariamente pobres, la padecen por su culpa “histórica”, la padecen como consecuencia de pertenecer a una sociedad que considera fracasada e irremisible.

Piensa y dice Petro: si la violencia es atávica y justificada, su aumento hasta el paroxismo no es su responsabilidad sino de quienes la padecen.

¿Exagero? No. Es esta visión del mundo y de los seres humanos la que realmente condujo al ministro de Defensa a condenar de su secuestro a la sargento segundo Ramírez.

No hubo asomo de duda en la entrevista del ministro. No solo desprecia a la sargento como militar al cumplir la orden de integrarse a su unidad y ser parte de una institución que considera “generadora” de violencia como el Ejercito Nacional. La desprecia por ser madre y cumplir con su deber de cuidado. La desprecia por ser clase media y pensar que se puede mover por el país en su vehículo. Quiere, y le conviene, que sea culpable de ser víctima.

Para Petro y Velásquez, ¡sus vidas todas! han estado dedicadas a justificar la violencia. Se han hecho fuertes y conocidos vendiendo esta retórica y creando, dentro y fuera del estado, con sus poderosas ONG’s, un método y una cultura de justificación de la violencia.

La presión de los hechos, la academia, los ciudadanos o la opinión, no los hará nunca cambiar de parecer. No gastemos saliva en ello.

El poder les permite ahora promover y abrir espacios efectivos para esa “justa” violencia. Lo hemos dicho y advertido y se cumplió. Los ceses unilaterales de operación por parte de la fuerza pública, la ruptura del liderazgo, el pisoteo a la moral militar, la reducción indebida del presupuesto, la retórica justificativa del comisionado del paz, todo apunta a que nos ahoguemos en violencia “justa”.

¿Por qué y para que buscar ese objetivo? No sea exagerado, es que son incompetentes. ¡Son incompetentes! ¡Claro! Pero tienen un propósito. La violencia incontrolada, sin reacción del estado o el sistema judicial, produce desánimo, migración, suspende la iniciativa privada y genera escenarios para violencias dirigidas como la electoral, con la cual guerrillas y mafias se apropiarán de decenas de nuevos municipios en octubre.

Un país con la moral y la iniciativa privada rota es más fácil de copar por un estado prosélito y demagógico, que a pesar de no inspirar credibilidad, reparte gabelas.