Con o sin nueva ley, ¡hay reforma a la salud!

Con nado de perro, el Gobierno está logrando transformar el sistema de salud bajo su visión ideológica de estatización de la prestación del servicio. Con un proyecto de ley que —contra la mayoría de los pronósticos— avanza a paso lento, pero firme en el Congreso; con un Ministerio de Salud que, en voz baja, introduce cambios al marco normativo hacia un sistema nacionalista; y con una Superintendencia de Salud obsesionada con arrinconar a las EPS, nuestro sistema definitivamente ya no es el mismo.

La transformación en curso del sistema es tan ilegítima y controversial como el proyecto de ley del gobierno. De carácter unilateral, populista, antitécnico y retrógrado, la propuesta que avanza para ser seguramente aprobada en segundo debate en Cámara, es una letra de cambio entre el Gobierno nacional y un gran número politiqueros investidos de honorables congresistas.

La estrategia legislativa del gobierno, gota a gota, está funcionando. La ley que dio vida al Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado este año por el Congreso, establece el giro directo, la industrialización del sector salud y la transformación que quiere el petrismo de instituciones clave como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS). Esa fue la cuota, la inicial legislativa.

El segundo abono legislativo importante, además del PND, es la reciente aprobación, en el marco del segundo debate, de 71 artículos que anclan a la discusión varios de los monumentales caprichos del gobierno del cambio. Se destaca la luz verde para el modelo de atención primaria —que necesitamos mejorar— pero que infortunadamente está revestido de estatismo y populismo. Lo primero, porque el Estado controlaría el acceso del paciente al sistema y su respectiva ruta de diagnóstico y tratamiento, y lo segundo, porque lo que tendríamos son Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la versión criolla de “Barrio Adentro”, la populachera estrategia venezolana que nunca le funcionó a Petro en Bogotá, pero que insiste en resucitar a nivel nacional. CAPS y Barrio Adentro serán la puerta de acceso del usuario al nuevo “orden”.

También el gobierno va logrando en el articulado la aprobación del fortalecimiento de la red hospitalaria pública, que desde luego necesitamos para cerrar las brechas de atención en territorios vulnerables, pero que —como está propuesta por el gobierno— se convertirá en un botín apetitoso para los políticos de las regiones, que se pelearán entre ellos por controlar los nombramientos y los contratos de los hospitales. Es apenas una de las tantas zanahorias para que los reputados legisladores acompañen al gobierno del cambio.

Adicionalmente, al tiempo que avanza en el Congreso, el gobierno trabaja desde el Ejecutivo para darle la vuelta al sistema por esa vía. Su proyecto piloto fue la declaración de emergencia en La Guajira, mediante decreto legislativo presidencial. Los principales ingredientes del cambio al sistema intentaron ser introducidos por esa ruta para tener un impacto controlado de lo que el Gobierno quiere hacer a escala nacional. No se necesitaba ser constitucionalista para anticipar la inconstitucionalidad de ese adefesio jurídico. Intentaron imponer los CAPS, naturalizar el giro directo, reducir a las EPS, darle plata a los hospitales públicos e instalar el importado “Barrio Adentro”. La Corte Constitucional le puso freno al Gobierno, cuestionó las razones de fondo del decreto, dejando sin piso jurídico la “reformita” de la salud de La Guajira. Pero quedaron vivas por un año las medidas relacionadas con saneamiento y agua potable. La lección es clara: el gobierno le apuesta a la ilegalidad de sus actos administrativos (decretos, resoluciones, etc.) para ver qué pesca. Y casi siempre pesca algo.

La paralela “reforma administrativa” también se observa con la modificación estructural al Decreto 677 de 1995, por el cual se pretende actualizar el régimen de registros sanitarios de medicamentos de síntesis química. Es de rescatar que el proyecto de decreto busca opciones que permitan mejorar la resolutividad de solicitudes de registro y otros trámites por parte de la industria. Sin embargo, las buenas intenciones de la norma se podrían quedar en el papel si el Invima no mejora sus capacidades técnicas para implementar los nuevos mecanismos que contiene el decreto y si, además, se termina utilizando para priorizar los registros de medicamentos de dudosa calidad o seguridad, como se teme.

Así mismo, el gobierno revisa la norma sobre los estándares exigidos a las instituciones que realicen estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad para medicamentos, ¡ojo!, con el fin de que no sean más rigurosos que los exigidos en América Latina. Del resultado de esta revisión, el ministerio determinará si reduce o no el estándar actualmente exigido, y si lo baja, nos llenaremos de medicamentos biosimilares chinos, indios, rusos, (¿e iraníes?) de bajísima calidad y seguridad.

En muchos escenarios el gobierno nacional ha expresado, como lo está demostrando, que reforma habrá a las buenas o a las malas. Ejemplo claro es el “Barrio Adentro” criollo que ya está siendo implementado por muchas secretarías de salud del país, no solo en la Guajira, por instrucción del ministerio, porque —aunque el gobierno lo incluyó dentro del proyecto de ley de reforma estructural— sabe que dispone de mecanismos más directos y autónomos para imponerlos. Y esa será la estrategia en caso de que se enrede o demore más la aprobación en el Capitolio Nacional.

Pero la buena noticia es que la batalla no está aún perdida. La oposición técnica y política ha logrado retrasar de forma significativa los tiempos que tenía previsto el Gobierno. Y ha logrado sensibilizar a gran parte de la ciudadanía de que no es cierto que tenemos “el peor sistema de salud del mundo” como afirmó Petro. Debemos entonces fortalecer la veeduría al proceso de cambio del sistema, visibilizar los puntos de mejora de las propuestas, presentar propuestas sin miedo, exponer a los congresistas irresponsables, vigilar al ministerio y sus entidades adscritas, unir propuestas de pacientes, médicos, academia e industria, y seguir mostrándole al país que aún hay mucho en juego.