Con pies y cabeza

Son los reyes absolutos de la politiquería y el cinismo. Y acaban de dar otro golpe certero. Para investigar el caso de la presunta responsabilidad de Ernesto Samper en el asesinato de Álvaro Gómez, escogieron al florero de la Comisión de Investigación de la Cámara. El nombre del adorno, y lo digo sin ánimo ofensivo, es Kelyn Johana González, congresista del Partido Liberal.

Sus compañeros de Comisión no le conocen la voz salvo para declararse impedida. Su esposo, Rodrigo Roncallo, el verdadero dueño de su curul, estuvo preso por parapolítica y quedó libre al pasar su expediente a la JEP. Dada la situación, no osará murmurar palabra respecto a Samper fuera del guion establecido, no vaya a ser que incomode a la aristocracia bogotana, con tentáculos en casi todos los grandes medios, y pueda, a la larga, perjudicar al marido.  

Por tanto, la única posibilidad de conocer un año de estos a los auténticos cerebros del magnicidio es que la Fiscalía cumpla por fin su misión, y en lugar de encubrir y desviar, indague con honestidad el enorme cúmulo de pruebas y testimonios acopiados e ignorados durante lustros. Le corresponde indagar a Horacio Serpa, escudero de Samper en la época de la hermandad con la mafia y custodio de secretos inconfesables.

Seguro que en cuanto comience a trabajar pronto descartará, por falta de pies y cabeza, las dos teorías más difundidas entre amigos y aliados del candidato que ganó las elecciones con multimillonarios aportes de los carteles de Cali y Norte del Valle.

La primera alega que la arremetida contra Samper surge de una fábula enriquecida y amplificada por Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder conservador y ávido de venganza. El autor original de la leyenda, aducen, es el exministro de Defensa Fernando Botero Zea, envenenado de odio y resentimiento por caer preso mientras su exjefe siguió siempre libre y fresco.

Botero afirma que en la mente de Samper y de su círculo gubernamental más estrecho rezumbaba la creencia de que “la mayor amenaza para la supervivencia del gobierno estaba representada por el doctor Álvaro Gómez Hurtado”.

También jura que Serpa acudió, junto con William Rodríguez, hijo del capo Miguel Rodríguez, al Batallón de Caballería donde permanecía recluido, a amenazarlo para callarlo.   

La segunda teoría, favorita del expresidente aliado de la mafia, es la del fallido golpe de Estado que protagonizó el “Grupo Cazadores”, una red de apoyo de la siniestra Brigada XX del Ejército. Si aún los lectores no la escucharon, seguro que la relatará, en tono lastimero, ante la Comisión arriba citada, haciendo gala de su portentosa imaginación.

Pero tendrá que esforzarse en mejorar la versión que tumbó en su momento el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, al desacreditar al principal testigo, un campesino de 63 años, sin lazos con militares o políticos. El tal Julio Ramón Carrillo aseguró que el general Luis Bernardo Urbina, director de Inteligencia del Ejército, al que apenas conocía, le detallaba nombres y planes tanto del golpe de Estado que asestarían a Samper como del posterior crimen de Álvaro Gómez por negarse a encabezarlo.

“Respecto a lo aseverado por el testigo, ninguna verosimilitud tienen las circunstancias que plantea”, rezaba un aparte del fallo. “Sus distintas versiones no resultan consistentes en su posición, sino que si se atiende su entorno social, cultural o político, se concluye, sin lugar a dudas, que no se le posibilita de ninguna forma acceder a lo que dijo haber conocido”.

Al margen de esas dos teorías, la Fiscalía deberá valorar la veracidad de casi medio centenar de testimonios, como el del abogado Roberto Uribe, exapoderado de los Rodríguez Orejuela. Aunque tenía más que perder que ganar, se atrevió a declarar, en noviembre de 2016, acerca de un episodio que presenció. En concreto, el encargo que le hicieron sus clientes de preguntarle a Carlos Castaño por los autores materiales del magnicidio.

“Serpa fue a pedirle al gordo Nacho Londoño (abogado de oscuro pasado, aliado del samperismo, asesinado en 2015 en Cartago) que fuera a donde la gente del Norte del Valle, a donde el compadre Orlando Henao Montoya, a decirles que les ayudara a solucionar ese problema del doctor Álvaro Gómez”, explicó Castaño. “Entonces no me cabe duda de que la gente del Norte estuvo en ese hecho”.

También sería conveniente que la Fiscalía averigüe si tenía pies y cabeza darle bombo y platillo a la falsa declaración de Edwin Zambrano Pinto, que alegó ser paramilitar y señaló al general Rito Alejo del Río como determinador del asesinato.

Lo anotado son apenas minucias de la basura que corría por las alcantarillas de un mandato presidencial que nació podrido. El caso de “los SamSer” y Álvaro Gómez apenas comienza. Esperemos.