Consensos irracionales

En medio de las dificultades que viene padeciendo el gobierno Petro en el trámite de sus reformas en el Congreso y ante los efectos terribles de la doctrina de ‘paz total’ en el orden público en muchos departamentos del país, se generalizan voces que invocan la necesidad de crear consensos para que Petro pueda pasar sus reformas.

Se argumenta, por un lado, el riesgo de que Petro se radicalice y trate de implantar una forma de gobierno popular o trate de imponer una asamblea nacional constituyente.

Otros señalan que los problemas del país son tan graves que las reformas de todas maneras se requieren y que por ello hay que acordarlas con Petro.

En ambas justificaciones asoma el temor a que Petro propicie un estallido social para socavar el orden institucional e imponerle al país reformas que no tienen respaldo popular, no tienen soporte técnico ni fiscal, son inconvenientes y desmontan gran parte de los logros alcanzados en el país desde hace 30 años.

Es decir, el argumento a favor de la búsqueda del consenso es que el mismo es necesario para impedir un golpe de estado por parte del mismo Petro a través de un masivo levantamiento social contra las instituciones.

Mientras se cavila sobre como acallar o calmar los devaneos autocráticos de Petro, la comisión negociadora con el ELN, grupo guerrillero que asesina a mansalva a nuestros soldados, nos informa que acordó con ellos la revisión del modelo económico colombiano. La declaración es tan gaseosa como peligrosa, ya que promete que lo acordado en cuanto a modelo económico con los asesinos, lo será en el marco de la adecuada deliberación democrática.

¿Qué entiende el gobierno por deliberación democrática? Averígüelo, Vargas. Claramente, no puede desligarse este concepto de la reiterada pretensión del ELN de que se realice una asamblea nacional constituyente que mucho me temo será conformada por guerrilleros, narcos y el congreso a terceras partes.

Así bajo la presión de la balconada, con la perspectiva de una gran feria de mermelada para pasar como sea las reformas en el formato original presentado por el Gobierno y con la negociación con el ELN marchando bajo el impulso de la masacre de nuestros soldados y policías, el país se alista para destruir uno de sus mayores logros colectivos como lo es el sistema de salud, a aprobar una reforma laboral que satisface al 6 % de la fuerza laboral sindicalizada mientras destruye para más del 60 % de los colombianos en la informalidad la posibilidad de conseguir un empleo formal y se alista para imponer una reforma pensional que destruirá el ahorro privado del país, agravará la inviabilidad fiscal del régimen de prima media con prestación definida y comprometerá el futuro pensional de millones hipotecando el presupuesto nacional.

Y a pesar de que la población rechaza cada vez más al gobierno y sus reformas y que se ha logrado despertar la conciencia ciudadana para expresar su inconformidad, aparecen los entreguistas de siempre, aquellos que prefieren transar con la bestia para mantener sus cuotas de poder, los que viven con la culpa de haber ejercido el poder durante décadas y haber fracasado en la solución de los problemas nacionales y, finalmente, los que siempre se acomodan al gobierno de turno con tal de sostener sus clientelas y contratos.

Todos ahora dicen que hay que lograr un consenso con el gobierno a pesar de lo irracional de sus reformas. No se imaginan manteniéndose en oposición por lo que queda del mandato de Petro. Prefieren contentar al dictador en ciernes con tal de que, en la armonía de las reformas, les caigan migajas de poder.

Y también dirán que hay que permitirles a los guerrilleros fijar los derroteros de un nuevo sistema económico y político para que haya paz en Colombia, siendo los mismos que entregaron la institucionalidad en el embeleco fracasado de la paz de la Habana con las Farc, cuya nueva defunción fue constatada en Mesetas Meta hace pocos días.

No tenemos que lograr consensos en lo irracional. Debemos mantener la crítica a las malas reformas, que son tan malas que incluso los politiqueros de siempre en el Congreso, que no se eligen con voto de opinión ni les importa esta, están asustados de que sus efectos perversos en la salud, la economía, el desempleo y la pobreza sean tan malos que hasta ellos tengan por fin que asumir un grave costo político en 2023 y 2026.

Alejemos el cáliz del miedo y adoptemos el rumbo de la oposición total y permanente al mal gobierno, a la tolerancia con mafiosos y guerrilleros asesinos, al deseo de destruir los logros en salud de nuestra sociedad, opongámonos al abandono de nuestra fuerza pública y a la entrega de regiones enteras del país a los bandidos, opongámonos al discurso de odio al empresario generador de riqueza, opongámonos a políticas sociales retrógradas y fracasadas que educan a los jóvenes a pedir y no a producir y opongámonos a la expropiación del ahorro privado de los colombianos.