OPINIÓN
Constitución de 1991
Tal vez la Constitución no fue ese acuerdo sobre lo fundamental de las fuerzas tripartitas sino la estrategia para transitar entre dos siglos.
La Constitución de 1991 fue la culminación de la guerra contra los carteles de la droga y la incorporación a la vida política de los exguerrilleros del M-19. La Asamblea Constituyente encontró un sano equilibrio con la presidencia tripartita que representaba las principales fuerzas políticas: Liberales de centro, que en la llamada “operación avispa” obtuvieron el mayor número de delegatarios; Alianza Democrática M-19, la izquierda, con la segunda mayor representación; y, Salvación Nacional, la derecha, un ala del conservatismo dividido, con la tercera posición.
No sobra mencionar que el movimiento de la séptima papeleta que promovió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente fue completamente pacífico, en contraste con las actuales manifestaciones violentas y vandálicas. Las rupturas fueron jurídicas, la Corte Suprema de Justicia, declaró ajustada a la Constitución la convocatoria efectuada en virtud de un decreto de Estado de Sitio, en expresa contradicción a lo ordenado en el Plebiscito de 1957, artículo 13, que establecía que solo el Congreso podía reformar la Carta.
Sin duda, la nueva constitución representa un avance en cuanto a la dignidad de la persona humana, sus derechos y garantías, así como, en cambiar el concepto de autoridades por servidores públicos. Se consolidó la supremacía de la Constitución, a la soberanía popular se le otorgaron nuevos procedimientos de participación ciudadana, se organizaron los partidos políticos y la financiación de estos y de las elecciones. Se intentó sanear el Congreso, limitar el Gobierno, ampliar las competencias de las corporaciones judiciales y perseguir los delitos a través de la Fiscalía, así como dotar de autonomía los órganos de control.
El régimen territorial, no solo estableció la autonomía de municipios, departamentos y distritos, sino que previó la creación de regiones y provincias, así como la distinción de la democracia territorial de la nacional, difiriendo las elecciones.
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El régimen económico mantiene los planes y programas nacionales, regula los presupuestos, la participación de las entidades territoriales en los ingresos nacionales y las regalías por explotación del subsuelo, los servicios públicos y el Banco de la República como guardián del poder adquisitivos de la moneda. Además establece los derechos de libre empresa y libre competencia económica.
Por último, se prevén tres vías para reformar la Constitución: mediante actos legislativos expedidos por el Congreso; referendos y convocatorias de asambleas constituyentes.
El balance de estos 30 años es más agrio que dulce. Las personas se apropiaron de los derechos y los reclamaron mediante tutela. El Congreso mantiene su mala imagen, la clase política no se depuró y proyectó sus intereses electorales a las corporaciones judiciales y a los órganos de control; la administración es menos eficiente y está aquejada por la corrupción; la justicia se politizó y con frecuencia extralimita sus funciones; los órganos de control se burocratizaron e interfieren con la eficiencia de la administración; la descentralización fracasó; el régimen económico funciona de manera aceptable, pero no es la llave para un progreso exponencial y sostenido. En fin, la Constitución no es propiamente el derecho de la política, sino la regla que el gobierno de turno modifica según su programa.
Las Farc no se incorporaron a la vida política en 1991, continuaron su actividad insurgente en forma cruenta hasta la firma del acuerdo final con el gobierno Santos en 2016, no obstante, aún persiste su visión de confrontación y desestabilización para alcanzar el poder. Si bien las recientes manifestaciones y protestas tienen sustento en insatisfacciones legítimas, lo cierto es que bloqueos de vías, vandalismo y promoción del caos, tienen finalidad política.
Ahora bien, la fórmula de ejercicio de autoridad y fuerza, así como la de negociación y acuerdo con la insurgencia, no resolvieron la situación. Ambas intentadas bajo la respectiva reelección de Uribe y Santos.
Si la actividad del narcotráfico se mantiene, la insurgencia y la asonada prevalecen, los exguerrilleros consideran el desorden y el atropello como actividad política, la participación ciudadana apenas si se logra y la justicia se desea … tal vez la Constitución no fue ese acuerdo sobre lo fundamental de las fuerzas tripartitas sino la estrategia para transitar entre dos siglos.
