Constituyente y cabildos abiertos

Hace un mes, el presidente Gustavo Petro propuso la convocatoria de una Asamblea Constituyente para hacer cumplir la Constitución. Primera equivocación, la Constitución no requiere de una constituyente para su cumplimiento. Se desarrolla mediante leyes sujetas a control de la Corte Constitucional y la cumplen las autoridades y los ciudadanos.

Ante las dificultades de tramitar en el Congreso la ley de convocatoria de una constituyente, sortear el control de constitucionalidad, superar el umbral electoral de cerca de 13, 3 millones de sufragantes y obtener las mayorías, ahora el presidente propone un proceso constituyente popular, que ya habría empezado y que se expresaría mediante cabildos abiertos, donde sugirió “mirar menos la forma que el contenido” y agregó “sin contenido, no hay forma, pero las formas existen, evolucionan y actúan sobre el contenido”. Segunda equivocación, la Constitución establece las formas para que se exprese el poder público, de manera que es imperioso mirar los procedimientos además del contenido. Si no se cumplen las formas, no producirán efectos los contendidos, así de simple.

Hace una semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que no se convocaría una constituyente por decreto, que todo había sido claro y que el presidente había hecho propuestas sobre la mesa para la discusión pública. Tercera equivocación, el asunto no ha sido claro ni se ajusta a los procedimientos previstos en la Constitución. ¿Dónde, cuándo y cómo se adelanta el proceso constituyente? Nadie lo sabe, ¿acaso el presidente?

Los cabildos abiertos evocan la figura de la independencia nacional de 1810, precedida por la ruptura del florero de Llorente. La Constitución vigente los prevé como mecanismos de participación ciudadana y la ley los define como concejos municipales o juntas administradoras locales para discutir asuntos de interés de la comunidad. Sin embargo, los cabildos abiertos requieren una convocatoria al menos del 5 por mil del censo electoral del municipio, para presentar asuntos de interés de la comunidad sin poder proponer proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo, que culminan con la respuesta de la respectiva corporación territorial. En otras palabras, los cabildos abiertos no tienen competencia constituyente de ninguna índole, como tampoco para la expedición de normativa jurídica.

La situación se podría explicar por la pérdida de mayorías del gobierno en el Congreso, la decreciente popularidad del presidente en las encuestas, la baja eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, los escándalos de familiares y allegados al presidente, la investigación de la financiación de la campaña presidencial, la disminuida proyección internacional, la pérdida de las elecciones territoriales, en fin la incapacidad de generar el cambio añorado que busca responsables externos sin la más mínima autocrítica.

En resumen, el presidente pierde los espacios de la política: El institucional de los partidos políticos en el Congreso. El de la opinión pública en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y, el de la manifestación en las calles y las plazas públicas, ya veremos el próximo domingo las calles llenas protestando contra él. Entonces, tenemos un gobernante que busca con ansias nuevos espacios políticos, en la ilusión de un constituyente popular, amorfo e indefinido, que no tiene cauces constitucionales.

No habrá constituyente ni cabildos abiertos, como tampoco los cambios propuestos. En su lugar, habrá frustración por la oportunidad perdida, por un líder que no pudo transitar de la subversión al poder constitucional, pues simplemente se quedó en la oposición culpando a sus contradictores.

Cita de la semana: “En un mundo modernizador, el que organiza su política es el que controla el futuro”. El orden político en las sociedades, en cambio, Samuel P. Huntington.