Opinión
Consulta impopular
Mucho cuidado: bajo el nombre de “consulta popular” también está la iniciativa de convocar una asamblea constituyente.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana previsto en nuestra Constitución y en la ley. En los términos de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, esta puede tener origen en autoridad pública o popular. En el caso de la consulta popular nacional, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Para el concepto del Congreso de la República, este deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria a la consulta popular nacional en el mes siguiente. La consulta popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo del Congreso. Finalmente, el resultado de la consulta será obligatorio cuando la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral.
Mucho cuidado: bajo el nombre de “consulta popular” también está la iniciativa de convocar una asamblea constituyente. No confundir, o más bien, no dejarnos confundir. La consulta popular para decisiones de carácter normativo —ejemplo: reforma laboral— es una, y la consulta popular para convocar una asamblea constituyente —ejemplo: buscando reelección— es otra. Es altamente probable que el señor presidente esté planeando un verdadero caballo de Troya y, so pretexto de buscar consensos populares para una engañosa reforma laboral, busque el camino de la tan anhelada reelección presidencial por vía de una constituyente.
Petro es peligroso, y su agenda política sigue avanzando con estrategias que combinan movilización colectivista y discordia política e institucional. La anunciada consulta popular busca, entre otras cosas, medir con un basto criterio hedonista el respaldo ciudadano a su administración y hacerse una medición previa de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Por el lado de las marchas del pasado 18 de marzo, promovidas por el oficialismo para respaldar sus reformas, fueron más de lo mismo. Fecode, siempre “útil” para movilizarse a cambio de privilegios y de descuidar la educación de la niñez y los adolescentes en Colombia. Las organizaciones indígenas del Crig y Onic, con un estímulo equivalente a 314.169 millones en contratos. Y, de parte del presidente, un discurso lleno de sandeces y de contrasentidos que, además de estar fuera de toda lógica, resalta como constante en su narrativa los delirantes discursos apegados a la realidad alternativa de Cien años de soledad. Para llevar a cabo su desquicio, Petro declaró un día cívico como estrategia para facilitar la participación de los contratistas pagos por el Estado, obligando a estudiantes del Sena y apelando a los bien remunerados sindicatos que le son afectos a su causa destructiva para que acompañaran la movilización.
Todo esto, para presionar a los congresistas en una regresiva reforma laboral que planteaba, según lo expone la firma Crowe Co., un incremento en los costos laborales de entre un 17 y un 34 %, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de muchas pequeñas empresas. Se estima, adicionalmente, que entre el 10 y el 15 % de las mipymes podrían cerrar debido al aumento de cargas salariales y la reducción en la flexibilidad de contratación. Además, la formalidad laboral podría caer entre un 7 y un 14 %, mientras que el desempleo podría incrementarse hasta en un 3,4 %. En otras palabras, el impacto de esta reforma en la economía real podría ser devastador, afectando directamente a los trabajadores que el gobierno dice querer proteger.
La insistencia de Petro en esta reforma, a pesar de su evidente inviabilidad económica, responde a una lógica política: alimentar la narrativa de la lucha entre el pueblo y el establecimiento. A Petro le funciona —como a muchos líderes de izquierda— el desquicio de la narrativa opresor-oprimido. El fracaso de su agenda legislativa en el Congreso le da apertura a lo que, sin duda, será la radicalización más profunda del gobierno de Petro, quien solo buscará trasladar el debate a las calles, encendiendo la indignación popular con la promesa de una consulta popular que le permita medir fuerzas y proyectarse como el único líder capaz de enfrentar al ‘poder tradicional’.
Colombia no puede sucumbir ante el engaño, el populismo y las falacias que este gobierno construye para enervar la confrontación entre el pueblo y sus instituciones. Colombia no puede seguirle el juego a quien, a estas alturas, no tiene nada que perder, pero sí mucho por dañar. No le sigamos el juego a la propuesta de esta consulta impopular.
