Más diálogo, menos consultas

Para nadie es un secreto la creciente preocupación de los ciudadanos por el cuidado del medioambiente; las personas no tragan entero y las redes sociales han hecho que exista cada vez más información que permite constatar, de primera mano, los posibles efectos de un mal uso de los recursos naturales.

Cada vez son más recurrentes los conflictos relacionados con los usos que le damos al suelo y oímos frecuentemente que existen unas vocaciones determinadas para este. Asimismo, vemos como en las regiones es cada vez más fuerte el llamado para hacer algo real y efectivo con la descentralización y autonomía territorial de la que habla la constitución de 1991. Las comunidades están cada vez más empoderadas e interesadas en las decisiones relacionadas a sus territorios y su futuro. Sumado a esto, tenemos como nación el reto de sacar a millones de la pobreza y atraer inversión con el fin de generar empleo y desarrollo para todos.

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No es una situación fácil. Me atrevería a decir que estamos frente a un reto mayúsculo, sobre todo si ponemos en este contexto las oportunidades de desarrollo de las actividades minero-energéticas. Creo que nadie se podría oponer a la necesidad de cuidar nuestro planeta, tampoco hay duda de que es beneficioso tener a las regiones más empoderadas de sus destinos. Pero esto no puede implicar que las decisiones que se tomen estén fundamentadas en información parcializada, con una visión de desarrollo solo local, y sean producto de consultas populares que definen la vida de millones con un simple “sí o no”.

Respetando infinitamente el valor de la participación ciudadana y entendiéndolo como un derecho fundamental, en mi opinión estas decisiones son tan complejas que requieren de un diálogo oportuno, incluyente, abierto y participativo con información simétrica, que busque generar una visión local pero también regional y de país.

Muchos dirán que el primero en no permitir este diálogo es el Gobierno Nacional, que impone las decisiones desde Bogotá. Dirán que las comunidades sí tienen muy buena información y que son capaces de tomar decisiones con fundamento en ella y que la minería y el petróleo no le han dejado nada a las regiones, ya que cuando llegan las empresas que explotan estos recursos, arrasan con lo que encuentran.

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Aunque muchas de esas afirmaciones pueden ser ciertas, es igualmente verdadero que el resultado alcanzado con las consultas populares en términos de resolver el problema de fondo es subóptimo. Tenemos municipios divididos, algunos con problemas de empleo, otros sin poder extraer los materiales de construcción para hacer las viviendas y las vías que tanto necesitan sus habitantes.

Además, seguimos sin generar las discusiones necesarias sobre cómo distribuir las competencias entre la nación y los territorios, sin construir diálogos locales en los que, de manera constante y abierta, se pueda generar un debate sobre el desarrollo de estas actividades y sus impactos positivos y negativos. No existen espacio en los que se respeten las distintas miradas y se comprendan las dinámicas territoriales. Siguen sin definirse las grandes discusiones sobre cómo hacer que el sector minero-energético sea cada vez un mejor aliado para el desarrollo de las regiones.

Es necesario y urgente un diálogo local y nacional, incentivado por el Gobierno, que permita dejar de lado la polarización donde participen los diferentes actores que tienen relación con el sector; sociedad civil, empresas y autoridades territoriales. El sector requiere abordar sin miedos los asuntos que lo retan en la actualidad para lograr acuerdos mínimos sobre el desarrollo del mismo para el bien de todos los colombianos.