Contratación transparente, eficiente y democrática

Por: José Andrés O’meara

Director General

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-

La confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus gobernantes, más conocida en el ámbito de las ciencias económicas como capital social, se ha convertido en un presupuesto necesario para la calidad de vida y el desarrollo socio-político en cualquier territorio. Por esta razón de interés general, acompañada de otros factores como la transparencia y la buena gobernanza, considero que los servidores públicos estamos en el deber de comunicarle al país los resultados de la gestión que se nos ha encomendado, de tal manera que, ante resultados positivos, se logren escenarios de optimismo necesarios para el bienestar de los individuos, sin perjuicio de la crítica que siempre acompañará a los regímenes democráticos.

Con este sano propósito, quiero exponerle al lector, los principales logros que se han materializado en la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente-, encargada de formular una política pública que asciende a la suma de 150 Billones, 419.000 millones de pesos y constituye el 15% del producto interno bruto. Veamos:

1. Los acuerdos marco de precios y la optimización de recursos públicos. Desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha, la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC- administrada por la Agencia, ha transado bienes y servicios uniformes en una suma equivalente a los 5 Billones 780.000 millones de pesos, con una optimización o ahorros aproximados de 656.000 millones de pesos al 10 de septiembre de este año, mediante estrategias de estructuración contractual con precios techo, orientadas a las economías de escala y sustentadas en la libre competencia, sin desconocer la eficiencia administrativa obtenida cuando le evitamos desgastantes procesos licitatorios a cientos de entidades públicas que pueden conseguir los bienes y servicios requeridos en nuestra plataforma con tiempos que no superan la semana.

Estos inéditos resultados de optimización del dinero público, se deben a la responsable y transparente ejecución de las contrataciones que diseñamos, estructuramos y ponemos en operación desde esta entidad. Para mayor ilustración, le presento al lector una tabla con las transacciones más representativas en materia de ahorros en compras estatales:

Para este 2020 construiremos un histórico de 21 Acuerdos Marco de Precios e instrumentos de agregación de demanda adicionales y llegaremos a la histórica cifra de 72 en el año 2022, labor que complementada con la reglamentación del artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, norma a través de la cual los departamentos, distritos y municipios comprarían sus bienes uniformes a través de la plataforma de la Agencia con prevalencia para empresarios y trabajadores de cada una de sus regiones, sin duda, permitirá fortalecer, aún más, la política de eficiencia administrativa, optimización de recursos y crecimiento económico en todo el territorio nacional.

Con el fin de generar calidad en las adquisiciones estatales y reducir los riesgos de las licitaciones en los Acuerdos Marco de Precios, creamos las Mesas de Gobierno Empresarial y las Mesas Transversales de Gobierno. Las primeras consisten en la invitación que le cursamos a gremios y a empresarios para que antes de abrir la licitación, celebremos unas reuniones informales de trabajo con el propósito que la Agencia se enriquezca de las experiencias, evoluciones y opiniones del sector privado como un escenario de antesala a la etapa competitiva; y las segundas, en el trabajo conjunto con los distintos ministerios especializados en los bienes y servicios que se van a contratar para sumar conocimientos técnicos en el proyecto de negocio. Esto, sin duda, ha fortalecido las relaciones entre las instituciones del Estado, y de éstas con el aparato productivo del país.

2. Los documentos y pliegos tipo - Transparencia. Estandarizar los requisitos habilitantes en los contratos de obra pública, acaba con los carruseles de únicos oferentes a través de los desastrosos pliegos sastre o a la medida del oferente amigo, quien en otrora, se concertaba con alguien de la institución contratante para adjudicarle una obra a aquél que entregara a cambio del contrato, un porcentaje de los recursos públicos mediante conductas tipificadas en el Código Penal como interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Para superar estos problemas de corrupción, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente- expidió, en el último año, con fundamento en las Leyes 1882 y 2022 los documentos tipo de licitación (versión 2), selección abreviada y mínima cuantía para las contrataciones de obra pública de infraestructura de transporte y en el mes de octubre entrarán en vigencia los de interventoría, resultado que nos ha permitido pasar de un promedio de únicos oferentes en el 85% de los contratos de las entidades territoriales a un promedio de 35 oferentes cuando las mismas respetan los parámetros que hemos estructurado.

Esta nueva dinámica incentiva la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas de ingeniería porque se acaba con la exigencia de requisitos habilitantes arbitrarios, desproporcionados y subjetivos. Además de la transparencia que acompaña la pluralidad de oferentes, está comprobado con estudios de la Unión Europea, que en virtud de la competencia empresarial, al incrementarse el número de proponentes, se reduce el valor del contrato en un aproximado del 7,5%, sin incluir la coima que acompaña un pliego sastre. Por ello, sí son los documentos y pliegos tipo, una herramienta importante en la ejecución de los casi 28 Billones de pesos que al año se ejecutan en materia de obra pública.

Próximamente en un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expediremos los pliegos tipo de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Para el año 2021 y 2022 vendrán los de infraestructura educativa y edificaciones como hospitales, centros administrativos, auditorios y escenarios sociales, comunitarios y deportivos para que la transparencia sea una realidad en todas estas ejecutorias.

Para hacerle seguimiento al cumplimiento de los pliegos tipo, creamos el Observatorio Oficial de Contratación al que le vienen importantes inversiones tecnológicas en este 2020, con las cuales se podría trabajar de manera interoperable con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, tal y como se ha venido haciendo con la Contraloría General de la República. Ello permitiría realizar un control en línea y en tiempo real sobre la legalidad de cualquier contratación de obra pública.

3. Instrumento de agregación de demanda Covid – 19. A partir de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que nos trajo la pandemia en el mes de marzo, nos dimos a la tarea de construir el Instrumento de Agregación de Demanda Covid – 19, a través del cual se crearon seis catálogos para que las entidades públicas adquirieran, entre muchos otros productos, elementos de protección personal y ayudas humanitarias. En primer lugar, valga destacar que ante la urgencia sanitaria se estructuró en un tiempo de tres semanas cuando normalmente se desarrolla en cinco meses; y en segundo lugar, logramos una cifra récord en cuanto al número de oferentes de la historia contractual del país, pues superó los 1.050 interesados.

Con este instrumento se han transado 127.000 millones de pesos, de los cuales el 85% ha sido negociado con las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, promoviéndose así una importante oportunidad de resiliencia económica. Se aproximan, órdenes de compra adicionales por 95.000 millones de pesos con recursos del Ministerio de Educación para la adquisición de los elementos de protección personal que requieren las niñas y niños que regresarán a las aulas de clase, y en ese sentido, el instrumento más célere y con el mayor número de proponentes de la historia de Colombia alcanzará a transar una cifra superior a los 220.000 millones de pesos en apenas nueve meses.

4. Los datos abiertos. Este concepto, no es más que la posibilidad de cualquier colombiano para conocer qué obras, bienes y servicios se están contratando en los gobiernos municipales, distritales, departamentales y en el nacional. Sobre este particular, la Agencia construyó una herramienta tecnológica destacada por la prestigiosa revista The Economist, donde se publica la información relacionada con la ejecución de recursos públicos.

Allí se conoce quiénes están realizando las adquisiciones, en qué entidades y a qué precios, con la posibilidad de denunciar cualquier irregularidad o anomalía. Para hacernos una idea, en todos los niveles del Estado se han ejecutado recursos para mitigar la pandemia en una cuantía superior a los 20 Billones 170.000 millones de pesos, distribuidos en 150.634 contratos, y las transacciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II-, sobre obras, bienes y servicios en general ya llegan a los 29 Billones de pesos durante el año 2020 superando en 3 Billones la totalidad de las transacciones del año 2019, sin que se haya interrumpido el correcto funcionamiento de dicha plataforma.

Ya hicimos obligatoria la transaccionalidad en el SECOP II para las entidades del orden nacional, los departamentos y las ciudades capitales y para el próximo año, lo haremos con la totalidad de los municipios del país. Estos progresivos avances vienen cumpliendo con creces las metas trazadas en el plan nacional de desarrollo y de contera eliminando los vulnerables procesos contractuales de papel.

5. Índice de desempeño institucional. En un ejercicio de excelente gobernanza, el Departamento Administrativo de la Función Pública viene calificando el índice de desempeño institucional de las entidades estatales año tras año, cumpliendo con una matriz que incorpora más de 400 variables de medición orientadas a la buena gestión de los organismos de la rama Ejecutiva. Mientras las entidades gubernamentales crecieron su índice de desempeño institucional durante 2019 en 4,8 puntos, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- lo hizo en 15,4 puntos, hecho que sin duda demuestra el compromiso que tenemos por fortalecer la política pública de contratación estatal de Colombia.

No sobra invitar a los abogados interesados en el tema, para que conozcan la relatoría de sentencias y conceptos que acabamos de crear sobre temas contractuales en la Agencia, e invitarlos a leer en el mes de noviembre nuestra primera edición de la revista COLOMBIA CONTRATA, que servirá como un escenario de deliberación y propuestas especializadas para seguir avanzando en el marco de nuestras competencias.