Corrupción en medio de la pandemia

La Fundación Paz y Reconciliación, en conjunto con el programa El Poder, realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su distrito capital en los cuales habría presuntas irregularidades. La cifra de los contratos llega a cerca de 215.000 millones de pesos.  A continuación, se mostrarán algunos ejemplos.

Barranquilla. Dos cuestionamientos y una posible indelicadeza

1. Posible o supuesta nómina paralela

La Alcaldía de Barranquilla registró 98 procesos de contratación directa por servicios profesionales en la plataforma Secop II desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril. Entre el 27 y el 29 de abril la Secretaría de Tránsito suscribió 63 contratos de prestación de servicios. Se argumenta bajo los accidentes de tránsito durante la cuarentena. Se menciona la ocurrencia de los hechos y no las variaciones porcentuales. A continuación, se ve la justificación:

Revisando las hojas de vida de los contratistas se evidencia que 52 de ellos ya trabajaban con la Secretaría de Tránsito en esas mismas labores de orientadores de tránsito, de hecho, el 86,5 por ciento de estos trabajan desde 2018 con la Secretaría de Tránsito de Barranquilla. Entonces, ¿por qué se argumenta una emergencia para mantener o aumentar la nómina? Además, los propios datos de la administración manifiestan que hubo una reducción del 70 por ciento en el tráfico vehicular.

1. Adicionalmente, las hojas de vida de 28 personas de esas 52, manifestaron que trabajaron anteriormente con la ONG Ahinco, como se evidencia en las siguientes dos imágenes que se seleccionaron al azar de algunos de las hojas de vida de los contratistas registradas en el Sigep.

Ahinco es una entidad sin ánimo de lucro que ha tenido entre 2011 y 2019 un total de 36 contratos con distintas administraciones de la costa que suman un total de $23.754.160.530. De esa cantidad el 62,7 %, $14.887.500.000 fueron ganados en la administración de Alejandro Char. Otros ocho contratistas aparecen ligados a otra ONG que coincidencialmente se llama Ohinco, realizando las mismas funciones de orientador de movilidad. Ohinco no aparece en la base de datos de entidades sin ánimo de lucro del Registro Único Empresarial (Rues).

1. Familiar de los Char

En tercer lugar, se encontró lo que podría ser un comportamiento ético cuestionable, aunque no sería una irregularidad. Al parecer se contrató una empresa cuya representante legal es una familiar de los Char. No es ilegal, pero sí es un cuestionamiento ético.

La gerente de Estrategias SAS es Marizel Char Yidi, quien sería hija del fallecido Farid Char, a su vez hermano de Fuad Char. Es decir, Maricel sería sobrina de Fuad Char y prima de Alejandro Char, saliente alcalde de Barranquilla. Mientras que el suplente de la gerente es Juan Esteban Jaramillo Char, hijo de Maricel. Así lo demuestra el certificado de existencia y representación legal presentado en SECOP II.

En varios documentos, el nombre de Maricel aparece con C y en otros con Z, en todo caso, el número de cédula coincide. Sobre este tema no se obtuvo respuesta de la alcaldía. El actual alcalde Pumarejo es de la casa Char, Estrategias SAS, sería de una familiar de los Char, es decir, todo quedaría en el clan. Sería algo así como una puerta giratoria.

Ibagué, Tolima. Dos cuestionamientos.

5. El contrato de la Alcaldía de Ibagué, justificado en la urgencia manifiesta de la pandemia, benefició a Carlos José Alvarado Parra, dueño de la reconocida cadena de supermercados Mercacentro. El objeto es la venta y entrega de 52.000 mercados para garantizar el abastecimiento nutricional de la población vulnerable del municipio de Ibagué por un valor de $5.575.338.600.

La diferencia de precios evidenciaría un sobrecosto del 9,3 del total del contrato, esto es alrededor de 472 millones de sobrecostos. A continuación, se muestran las pruebas. Nótese las siguientes dos facturas que envió la cadena de almacenes a la alcaldía por los mercados. Véase el precio de los productos.

Ahora, véase una factura de compra realizada por cualquier ciudadano. Nótese los precios y la diferencia que hay entre una factura y otra.

1. Sumado a los ya probados sobrecostos de los productos, Pares encontró una relación política y familiar entre Carlos Alvarado y el exgobernador Óscar Barreto que podría haber beneficiado a la gran superficie en la adjudicación del contrato. Milena Alvarado, hija de Carlos Alvarado, es esposa de Diego Macías Barreto, sobrino del exgobernador Oscar Barreto. Incluso Milena Alvarado trabajó en la segunda administración de Barreto como gestora social y en una entrevista al medio de comunicación Nuevo Día afirma tener una relación familiar con el gobernador. No debe olvidarse que el actual alcalde de Ibagué es del clan Barreto.

Putumayo. 

Una de las denuncias presentadas, está relacionada con la denuncia por sobrecostos que realizó el diputado del departamento del Putumayo Andrés Cancimance, respecto a la ejecución de uno de los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tuvo que ajustarse debido a la emergencia sanitaria para poder realizar la entrega de alimentos en casa; sumado a otros hallazgos de irregularidades respecto a la documentación presentada en Secop 1.  En este sentido, según la revisión documental el contrato alcanzó a realizar una primera entrega, tuvo que ajustarse para una nueva propuesta en el documento “Modificatorio NRO 02” bajo el concepto de “alimentación escolar para el aprendizaje en casa”. En primera instancia, es importante señalar que el contrato no cumple con los principios de transparencia ya que si bien, en un inicio se hizo una propuesta económica en base al objeto contractual inicial (que no superó una página); en la presentación del “Modificatorio NRO 02” donde se presenta la nueva modalidad del contrato, solo menciona la cantidad de gramos que será entregado de cada bien, más no se presenta la cotización ni el número total de raciones que serán entregadas.

1. Propuesta económica inicial del contratista

2. Modificatorio NRO 2

En segunda instancia, solo en el “Segundo informe de supervisión” figura el valor de unidad para cada una de las raciones que serán entregadas en cada municipio, en donde figura el valor de $72.992 pesos, y el número total de raciones, en donde se promete la entrega de 30.001 raciones.

1. 2. Segundo informe de supervisión

Por otro lado, la denuncia que realizó el diputado Cancimance señaló que el valor de 72.992 pesos que presentó la gobernación por las raciones escolares presume un sobrecosto, por la cotización de esos mismos productos en una tienda de Putumayo. Adicionalmente, las denuncias de este contrato indican problemas de pago del contratista con los proveedores como distintas tiendas y supermercados de Putumayo, sin embargo, este contratista ya recibió el anticipo del 30% de $5.919.670.506 pesos.

1. Así se manejan los recursos públicos en medio de la pandemia.

   [1] Imagen publicada en redes oficiales por el diputado Andrés Cancimance.