Una sentencia que preocupa

El día que la Corte Constitucional resolvió ponerle fin a tres extenuantes semanas de lectura y discusión de una ponencia de más de 800 páginas sobre la ley estatutaria de la justicia especial para la paz, los magistrados se encerraron alrededor de 12 horas seguidas a deliberar. No pararon para almorzar como suelen hacerlo en otras discusiones y salvo un pequeño receso a las 9:30 de la noche para fumarse unos cigarrillos y tomarse un café, los ‘guardianes de nuestra Constitución Política’ sesionaron en una jornada tan intensa como triste para el ordenamiento jurídico en Colombia, que acabó con una polémica decisión sobre las 11 de la noche.

Tal vez entre el cansancio y el miedo a que les dijeran que se tiraron la paz –como me lo confesó una fuente del alto tribunal– los magistrados de la corte terminaron por poner encima de la Constitución el acuerdo con las Farc, para garantizarles a los exguerrilleros una tranquilidad que desde ese día no tenemos ni las víctimas, ni los jefes de otras instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría, ni los colombianos en general. 

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Atrás quedaron las épocas en que el artículo 44 de nuestra Carta Política se hacía respetar a rajatabla por los juristas que integraban la corte. “(…) los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, reza dicha norma. Ahora –dizque para no sacrificar la verdad y por considerar que el Congreso carecía de competencia para imponer un régimen sancionatorio distinto al del acuerdo firmado con las Farc– la mayoría de magistrados, con la honrosa excepción de Gloria Stella Ortiz, tumbaron la norma que dispuso que quienes hubieran cometido delitos sexuales contra menores tuvieran las más duras sanciones del régimen ordinario.

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La misma corte que les había devuelto la voz a los congresistas para que terminaran de ajustar el acuerdo, salvaguardándolo en su esencia, ahora parecía callarlos porque de repente consideraba que estaban hablando en tono muy alto. Como si la política criminal no la definiera el órgano legislativo igual que ocurre en todo el mundo, sino un puñado de negociadores en La Habana, varios de ellos victimarios directos de las niñas y los niños que fueron involucrados en el conflicto armado en contra de su voluntad. 

Lo peor del caso es que, como bien recuerda el abogado Francisco Bernate, “la CIDH acaba de reiterar que las sanciones (para los violadores de niños) no deben ser ilusorias. Colombia terminará siendo el salvavidas de la Corte Penal Internacional”.

Ni hablar de lo que ocurrió en materia de extradición. La corte, que pudo haber dejado intacto ese procedimiento para quienes delinquieran después del acuerdo, acabó poniéndole cortapisas y condiciones a esa posibilidad, protegiendo todavía más a los delincuentes y no a la sociedad inerme que tuvo que tragarse muchos sapos como para tener que digerir uno más.

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En ese punto específico la preocupación no solo es de fronteras para adentro, sino que los gringos ya le han hecho saber a algunas de sus instituciones aliadas en Colombia que no les gustó para nada el sentido del fallo de la corte y que consideran vulnerada la buena relación que existía entre nuestro país y el suyo en los asuntos relacionados con la extradición. 

Lo de la corte fue una embarrada monumental y a pesar de ciertos esfuerzos de magistrados como Ortiz, Guerrero y Linares, esta sentencia que, sin lugar a dudas preocupa, alimenta también y con razón las voces de quienes hablan de impunidad y de gabelas a los criminales más allá de lo razonable para obtener la paz.

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... Y a propósito de sentencias que preocupan, la del Consejo de Estado declarando la responsabilidad de la Nación en la bomba del Club El Nogal nos deja literalmente en el mundo al revés: al asesino Fernando Arellán, cerebro del atentado, le permiten irse de vacaciones y a los colombianos nos ponen a pagar por el horror de las Farc. ¡Así cómo!