Crisis carcelaria por ausencia de política pública: improvisación y contradicciones

Los últimos meses hemos escuchado que estamos frente a la crisis carcelaria más grave en la historia de Colombia y, si verificamos las cifras**, nos damos cuenta de que es así, especialmente cuando vemos las cifras del 2010 al 2012: el 2010 termina con una población carcelaria de 84.444 internos, en el 2011 se termina con 100.451 con una variación de 16% con 16.007 internos más y con un crecimiento mensual del 1.46%, siendo el 2011 el año con más ingreso de personas privadas de la libertad en los últimos 20 años. Para el año 2012 en diciembre se reportaban 117.050 con un aumento de 16.599 internos, igual incremento al del 2011.

Esta es una apreciación de un promedio nacional, pero cuando lo analizamos de manera específica por Centro Carcelario, las situaciones son realmente críticas. Por ejemplo, en la Cárcel Modelo de Bogotá con 145.9%, la Cárcel Bellavista de Medellín con 217.8%, la Cárcel Vista Hermosa de Cali con 229.5%, y la Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta con 230%, entre otras.

Según un estudio de la Universidad de los Andes, vemos que la ley 1453 de 2011 (Ley de seguridad ciudadana) aumentó las penas de varios delitos, creó nuevos delitos y facilitó la imposición de medidas de aseguramiento. Aumentó los términos de detención preventiva. Entre junio de 2011, mes en el cual entró en vigencia esta ley, y abril de 2012, se incrementaron en un 12.9% las modalidades delictivas de la población intramuros. Por otro lado, la Ley 1474 de 2011 introdujo nuevos tipos penales como la corrupción privada, la administración desleal, la omisión de control en el sector de la salud, el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de seguridad social, el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social, el fraude de subvenciones, los acuerdos restrictivos de la competencia y el tráfico de influencias de particular. De igual manera que la 1453 amplió los términos de prescripción penal y excluyó de beneficios a los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción.

La realidad es que escuchamos día tras día como el hacinamiento crece, que las cárceles no son centros de resocialización sino escuelas del crimen, donde las familias de los internos hacen huelga porque no se cumplen los turnos de visita o porque pasan hasta tres días sin agua (servicio esencial) en condiciones antihigiénicas e indignas como se denunció la semana pasada en la cárcel la Picota de Bogotá.

Tal y como lo afirmó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del 2011 hay cuatro factores a tener en cuenta: 1) la implementación de políticas represivas de control que plantean la privación de la libertad como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana; (2) el favorecimiento de la detención preventiva; (3) obstáculos para dar respuesta adecuada a incidencias propias del proceso penal y permitir la salida de las personas privadas de la libertad; y (4) la falta de infraestructura adecuada para alojar a la creciente población penitenciaria.
Lo peor es que no se avecina una solución pronta dado que después de casi tres años gobierno las leyes impulsadas entre el 2010 y 2011 aumentaron el hacinamiento desproporcionadamente, perdiéndose el esfuerzo de los nuevos centros carcelarios construidos entre el 2008 y el 2010, el proyecto de ley de Nuevo Código Penitenciario y Carcelario apenas pasó por el primer debate, se declaró la crisis carcelaria y no la emergencia social como se esperaba para tomar medidas excepcionales y el gobierno propone de manera desesperada la construcción de nuevos centros carcelarios.

Esto nos permite decir que no hay una política pública integral diseñada, la política criminal no ha sido de Estado sino de gobierno lo que genera incertidumbre jurídica, la rotación de ministros de Justicia hace que las directrices varíen y se contradigan, las leyes bajo la concepción de “todo se sanciona con cárcel” se articula con la necesidad de construir infraestructura carcelaria de manera infinita.

La política penitenciaria y carcelaria es tan sólo un elemento de la reforma profunda que requiere la justicia en Colombia. Una reforma articulada y coordinada, entre lo normativo, la infraestructura, la coordinación institucional, entre otros elementos. Pero mientras sigamos sin una política pública integral y si con medidas desarticuladas y contradictorias, seguiremos en un círculo vicioso al infinito en medio de violaciones a los derechos humanos.

*Directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas- ODA-. Universidad del Rosario. Contacto: vivianamanriquezuluaga@gmail.com. Twitter: @vmanriquezul

**Cifras tomadas del Informe relativo a las personas privadas de la libertad en Colombia, Grupo de derecho de interés público, Universidad de los Andes, 2012.