Cuenta de cobro

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) viene siendo presionada a pagar 34.000 millones de pesos por un predio cuyo avalúo está inflado y se efectuó ilegalmente. El lote está en Buga, se necesita para la construcción de la malla vial del Valle, y fue avaluado inicialmente por la Lonja de Cali en 2.100 millones de pesos en el año 2006.  ¿Cómo pudo multiplicar su valor más de 16 veces en 9 años?

La historia incluye denuncias por sobornos a la juez que ordenó el avalúo y a los peritos que lo efectuaron, interceptaciones donde la juez habla y da instrucciones  a los interesados en el negocio y el asesinato de un miembro de la familia dueña de la propiedad que se atrevió a denunciar los hechos ante el entonces Fiscal General de la Nación Mario Iguarán.

El denunciante se llamaba Jaime Grajales Patiño y tenía 41 años. El sábado 31 de mayo de 2008 lo mataron a tiros cuando iba manejando su Chevrolet Aveo por las calles de Buga. Nunca había tenido enemigos hasta unos meses antes cuando entró en una agria disputa con su medio hermano Carlos Andrés Grajales Gamba.

Jaime era uno de los cuatro hijos del matrimonio de sus padres Jaime Grajales Santa y Cruz Elena Patiño. Ellos eran los dueños del hotel “Parador de Buga” ubicado sobre el trazado de la doble calzada Cali-Buga. Además de los hijos nacidos en el matrimonio, el señor Grajales Santa tiene otros cinco hijos entre ellos Carlos Andrés.

Cinco meses antes de que lo mataran Jaime Grajales le había escrito al fiscal Iguarán una extensa carta en la que le contaba que había sido testigo presencial del soborno a la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta. La carta firmada por el finado y por su mamá le contaba a Iguarán que la Juez había recibido 30 millones de pesos de él y de su hermano para inflar el avalúo de la propiedad sobornando a los peritos. Posteriormente se reunieron en una de las cabañas del Parador. (Carta de Iguarán)

En su carta al Fiscal Iguarán el asesinado Jaime Patiño narra “En esa cabaña la señora juez de la forma más descarada nos dijo que el proceso iba muy bien y que ya los avalúos iban en 16.000 millones de pesos y que todo era un negocio y que por tal manera a ella había que darle el 15 % porque ya se había subido el peritaje”. (Carta de Iguarán 2)

Las denuncias que Jaime y su madre presentaron oficialmente condujeron a que la Fiscalía abriera una investigación y ordenara la interceptación de los teléfonos de los interesados en el multimillonario negocio. En esas grabaciones se puede oír a la juez Norella Acosta hablando con Carlos Andrés Grajales y dándole instrucciones sobre cómo manejar el pleito ante su propio despacho.

La investigación fue encargada a un fiscal de Cundinamarca, lejos de Buga, para evitar presiones o amenazas. El fiscal viajó al despacho de la juez en Buga. Minutos después de salir de ahí, el CTI interceptó una llamada donde la juez Norella le dice a Carlos Andrés Grajales: “Yo los iba a llamar porque sabe quien estuvo aquí toda la mañana, ese fiscal de Cundinamarca…Lo noté como raro como que quiere buscar algo” (Transcripción 1)

Grajales pregunta: “¿Será que el hombre vino a buscar el juez de garantías a ver si me imputa o qué?”. (Transcripción 2)

A lo cual la juez responde: “Yo de todas maneras le voy a decir entonces para que de pronto mire usted porque va a andar por ahí”. (Transcripción 3)

Los agentes del CTI que monitoreaban las conversaciones llamaron al fiscal investigador y le pidieron salir inmediatamente de Buga porque consideraban que podía estar en peligro inminente.

Como si fuera poco hay decisiones judiciales que establecieron que dos de los hermanos Grajales presionaron a su padre, que sufre demencia senil, para firmar un poder que les permitirá recibir el pago del Estado por la expropiación del Parador de Buga. Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina fueron condenados a prisión y a multa por abusar de una persona en condiciones de inferioridad. (Sentencia Tribunal)

Sin importar todas estas irregularidades, a la ANI le están cobrando los 34.000 millones. Lo más curioso es que el insistente cobrador es nada menos que el ex fiscal general Mario Iguarán.

Cuando llamé al doctor Iguarán a preguntarle por su papel en este asunto me dijo que no recordaba haber recibido la carta del asesinado Jaime Grajales siendo Fiscal pero que seguramente le había dado trámite. Agregó que su vinculación con el caso es reciente y que su oficina representó a los cuestionados Grajales en una tutela que puso la ANI para evitar el pago.

La juez Norella Acosta sigue libre, nadie ha sido condenado por el homicidio de Jaime Grajales y seguramente los contribuyentes terminarán pagando la millonaria indemnización.