Escobar & Pretelt

Fidupetrol no es el único caso con indicios de corrupción en la Corte Constitucional. Tampoco el más grande. Hay otras decisiones sobre tutelas –siempre vinculadas a litigios millonarios– que muestran la descomposición del que fuera el tribunal más respetado de Colombia. Una de esas polémicas sentencias tiene como protagonistas a los mismos personajes del escándalo actual: el hasta hace unos días presidente de la corte Jorge Pretelt y al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.

El pleito era entre la ciudad de Santa Marta y la multinacional española Inassa.

Inassa es un poderoso grupo dedicado, entre otros asuntos, a la explotación de los servicios públicos. Su actividad ha estado rodeada de controversia en varios países. En Santa Marta, específicamente, está presente en Metroagua donde Inassa tiene sociedad con el polémico empresario William Vélez, cuya fortuna creció exponencialmente entre los años 2002 y 2010.

También Inassa es dueña de Recaudos y Tributos S.A. que, a finales de 2002, obtuvo la concesión para recaudar los impuestos de la capital del Magdalena, a pesar de que existen normas que señalan que esa es una función que los gobiernos no pueden entregar a particulares.

El contrato era muy costoso. Aún más, resultaba lesivo para los intereses de la ciudad. Por eso el actual alcalde, Carlos Caicedo, expidió una resolución en 2012 para revisar la legalidad del acuerdo.

Fue entonces cuando la multinacional contrató al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y él decidió emprender la defensa de su poderoso cliente por la vía de la tutela. (Ver poder a Rodrigo Escobar)

Las irregularidades, en contra de los intereses públicos, arrancaron desde la primera instancia. La juez municipal aseguró que la administración de Santa Marta no había respondido la tutela y la falló a favor de la multinacional. (Ver respuesta)

La Alcaldía sí había presentado respuesta a la tutela, pero no fue tenida en cuenta.

El tortuoso camino siguió en la segunda instancia. El fallo contrario a los intereses públicos fue confirmado. Cuando la Alcaldía impugnó, la juez de circuito afirmó que jamás había llegado el escrito sustentando la impugnación. (Ver impugnación)

Hay pruebas de que Santa Marta lo entregó. (Ver carta de la Alcaldía)

El juzgado de segunda instancia que debía mandar inmediatamente el caso a revisión de la Corte Constitucional, se tomó tres meses para hacerlo. Cuando la tutela fue seleccionada le tocó en reparto –por un curioso azar– al magistrado Jorge Pretelt, el amigo de Rodrigo Escobar Gil.

La sala de decisión compuesta por tres magistrados falló en contra de Santa Marta, dos votos contra uno y en tiempo récord. Pretelt y el entonces magistrado Alexei Julio sentenciaron a favor de la multinacional. El tercero, el magistrado Luis Ernesto Vargas, salvó el voto.

La Alcaldía de Santa Marta pidió la nulidad de la sentencia de Pretelt para que la sala plena decidiera en última instancia el caso. El 28 de mayo de 2014 la Corte Constitucional en pleno falló a favor de la ciudad y en contra del cliente de Escobar Gil, incluyendo al magistrado Pretelt. (¿Les recuerda algo?).

Pretelt, ultrarrápido en el trámite anterior se volvió lentísimo como magistrado ponente de la sentencia unificada. Le tomó cinco meses redactar un proyecto que fue aprobado el 16 de octubre del año pasado.

La sentencia se pudo hacer efectiva apenas el mes pasado porque, con asombrosa demora, solo llegó el 17 de febrero de 2015 al juzgado inicial para su notificación a las partes.

Estos meses de conveniente demora del magistrado Jorge Pretelt le significaron ingresos adicionales por cerca de 10.000 millones de pesos a los clientes de Rodrigo Escobar Gil.

Pero ahí no para la cosa. Cuando estalló el actual escándalo, el de Fidupetrol, empezaron a desaparecer papeles del expediente de Santa Marta. Como si una mano omnipotente estuviera tratando de ocultar las actuaciones de Rodrigo Escobar Gil en el caso. Hay tachones y renumeración en la foliatura. (Ver tachón en documento)

Por fortuna –al menos todavía– hay documentos que muestran que Rodrigo Escobar Gil sí fue el apoderado de la multinacional, beneficiada primero por la sentencia y luego por las demoras de Jorge Pretelt. (Ver documento)

Casos como el de Fidupetrol y Santa Marta, no parecen ser episodios aislados sino expresiones de un mismo modus operandi.