OPINIÓN
Con su lado maduro
En 2005 Javier Ernesto Betancourt Valle fue nombrado cónsul de Colombia en Nueva York por Álvaro Uribe dentro de las prebendas pagadas a congresistas de la comisión primera de la Cámara que aprobaron la reforma constitucional que hizo posible la reelección del entonces mandatario.
Un excónsul de Colombia en Nueva York y expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos figura como director de una empresa presuntamente usada por Nicolás Maduro para quedarse con dinero público venezolano. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, destituida arbitrariamente por el régimen de Maduro, afirma que su salida del cargo se debe a que descubrió cómo opera la red de corrupción que enriquece a la cúpula gubernamental de ese país.
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Una de esas operaciones involucra a una compañía fundada en Hong Kong y con filial en México llamada Group Grand Limited que ha vendido 350 millones de dólares en alimentos, comprados con cambio preferencial, para abastecer supuestamente a los más pobres. Sobre esa empresa, enriquecida en el mercadeo del hambre, Luisa Ortega afirmó en Brasil esta semana “Se presume que es del presidente de la república, Nicolás Maduro. Cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab”.
El señor Alex Saab, un antiguo vendedor de llaveros de Barranquilla que devino en multimillonario dueño de avión y residente de una lujosa casa en París, le dijo al diario El Tiempo en entrevista publicada este viernes que él no es accionista de Group Grand Limited. Sin embargo, en el registro público de Hong Kong aparece reseñado que su hijo Shadi Nain Saab Certaín ha sido uno de los directores de la empresa. En este cargo estuvo hasta el viernes 24 de febrero de 2017.
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Lo más llamativo es la identidad de quien lo remplazó en el cargo.
Se trata de un colombiano. Se llama Javier Ernesto Betancourt Valle y de acuerdo con los registros de Hong Kong tiene residencia en Bogotá.
En 2005 Javier Ernesto Betancourt Valle fue nombrado cónsul de Colombia en Nueva York por Álvaro Uribe dentro de las prebendas pagadas a congresistas de la comisión primera de la Cámara que aprobaron la reforma constitucional que hizo posible la reelección del entonces mandatario.
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Javier Betancourt, cuñado del entonces representante a la Cámara Jaime Amín, aparece en un documento de Excel, elaborado en la Casa de Nariño, que enumera las cuotas de políticos en la apetecida nómina diplomática. En ese mismo papel figuran las fichas de Miguel Pinedo, José Name y Mario Uribe, entre muchos otros.
La metadata de la planilla clientelista reseña que fue creado por “juanortega” de la organización “Presidencia de la República”. Juan David Ortega fue subalterno del secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. Después Ortega ocupó la Secretaría General del Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias y estuvo involucrado en los hechos de Agro Ingreso Seguro.
Aunque los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus fueron condenados por haber recibido este tipo de dádivas, el padrino de Javier Betancourt corrió mejor suerte. Jaime Amín jamás fue procesado a pesar de que esta no fue la única cuota que recibió por su voto. Hoy es senador de la república de la bancada del Centro Democrático.
Su cuñado, el antiguo cónsul Betancourt, regresó a Colombia después de una grata estadía en Nueva York pagada por los contribuyentes. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos volvió a probar las mieles de la burocracia. Llegó a ser presidente de la poderosa Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde su gestión pasó sin pena ni gloria.
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Para la fecha en la que Betancourt asumió el cargo de director de Group Grand Limited, la empresa había importado a Venezuela cientos de toneladas de alimentos básicos que fueron vendidas -a precios cuestionados- a entidades públicas del vecino país para abastecer a los más pobres y llenar los bolsillos de los más poderosos.
La corrupción no conoce fronteras. Ni geográficas, ni ideológicas.