Opinión
De zonas de recuperación nutricional y otros mitos
Uno de esos mitos se refiere a la creación de zonas de recuperación nutricional, entendidas como áreas integrales de acción transectorial, articuladas con sistemas de cuidado infantil.
Uno de los derechos más importantes que deben ejercer las personas, reconocido así desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el derecho humano a la alimentación. O sea, un acceso físico y económico a una alimentación adecuada y continua para el ciclo de vida.
Sobre este derecho hay amplia información, pero lo más relevante es el hecho de que, como derecho, es obligación del Estado garantizarla, especialmente para niñas y niños, sujetos de especial protección, según dicta nuestra Constitución.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incluyó un capítulo clave y estratégico para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. En este apartado, destaco un par de artículos que son de gran valor para nuestra niñez.
Uno de ellos se refiere a la creación de zonas de recuperación nutricional, entendidas como áreas integrales de acción transectorial, articuladas con sistemas de cuidado infantil que buscan superar los casos de malnutrición. ¿Esto qué significa?
Tendencias
Debe entenderse que, para la creación de las zonas de recuperación nutricional, el Gobierno priorizó indicadores fundamentales para combatir el flagelo, así: bajo peso al nacer, morbilidad y mortalidad asociada a desnutrición en la población infantil, bajo peso en mujeres gestantes e inseguridad alimentaria.
Es esta una apuesta que llena de alegría y esperanza, sobre todo ante el panorama que se comenzó a evidenciar pospandemia, pero que lastimosamente aún no empieza a ejecutarse. El Gobierno la tiene presente, pero lo ideal es que el programa se hubiese puesto en marcha en los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del actual plan de desarrollo.
Ello implica reglamentar la implementación, definir las zonas, articular los recursos técnicos, financieros, administrativos y logísticos, hacer monitoreo y establecer los criterios de finalización de las zonas una vez superada la situación.
Las anteriores son aún tareas pendientes, pero aquí es crucial recordar que, en la primera infancia, la ventana de oportunidad es de solo unos pocos meses, incluso días, lo que hace la diferencia en las opciones que las niñas y niños podrían tener en el presente y su futuro. Aún no es muy claro cuándo la estrategia entraría en vigencia por parte del ICBF y el Ministerio de Salud, que son los garantes de la priorización y ejecución de estas zonas de recuperación nutricional.
Otra estrategia que planteó el plan de desarrollo muy acertadamente, como vehículo para garantizar el derecho a la alimentación, fue la creación de un sistema nacional de seguimiento y monitoreo para la superación de la malnutrición.
Esto significa que el Gobierno, a través del Ministerio de la Igualdad Social, debería crear un mecanismo que le permita la focalización, el seguimiento y el monitoreo de la situación de malnutrición, priorizando las mujeres gestantes, las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias. En este punto, debemos todos unirnos y colaborar con el Gobierno nacional para la puesta en marcha de este sistema, para que no sea solo una esperanza que se vaya perdiendo con el paso de los días.
Por último, como gran articulador de las estrategias de derecho a la alimentación, contamos con la creación del sistema nacional para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y el programa Hambre Cero. Dicho sistema está bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con articulación de la Cisan y coordinación del programa Hambre Cero.
Acá hay algunos pero aún no suficientes avances. Tanto el sistema como el programa Hambre Cero deben consolidarse, puesto que las acciones que requieren los territorios, en muchos casos, siguen en modo de espera.
En el programa Hambre Cero hay proyectos claves, como lo son la implementación del ‘Plan decenal de lactancia materna y alimentación complementaria’, el ‘Programa de alimentación escolar’ (PAE), la ‘Ley de compras públicas a la agricultura familiar’, la oferta de varias instituciones públicas, las áreas de recuperación nutricional y otros. Pero, sin una estructura clara para el sistema y el programa como un todo, los avances en la ejecución de este capítulo del plan de desarrollo no son del todo claras.
Para que este noble programa sea totalmente alentador, debemos completar las tareas. Sabemos que no es sencillo, pero sí vital. Por ello, todos los colombianos debemos colaborar. Todo, bajo la guía y el ejemplo del Gobierno y nuestras instituciones, para que el propósito de Hambre Cero sea el gran articulador de todos los proyectos e iniciativas dentro del capítulo del derecho humano a la alimentación en el plan de desarrollo.
Solo así lograríamos los resultados esperados. Ninguno de nosotros debemos dejar a su suerte a nuestros niños y niñas, a las madres gestantes y a las familias más vulnerables. Es este un llamado a todos los sectores públicos y privados para que, por favor, sumemos voluntades, haciendo posible pronto la ruta que nuestro gobierno trazó.
Hay avances, pero aún es más la tarea pendiente frente a nosotros. Durante la niñez, cada día cuenta. Cuando de sus derechos hablamos, las acciones no dan espera.