Decisiones camufladas

El país y el mundo tienen dos caminos para afrontar la crisis económica que la pandemia aceleró y profundizó. Seguir como veníamos o dar el viraje para afrontar los acuciantes problemas de la crisis climática, la desigualdad y el peligroso avance del autoritarismo democrático, una contradicción de términos, pero que está en pleno desarrollo. Un documento de política pública para la reactivación recientemente colgado para comentarios en la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego descolgado ante la imprudencia de hacerlo la víspera de las movilizaciones sociales de esta semana, y nuevamente colgado, pero censurado, abre el debate de cómo y para quién son esas políticas.

El borrador inicial centraba la reactivación en la reducción de costos laborales, tributarios y regulatorios de las empresas cuando el problema central no es de oferta sino de demanda. La mampara, como de costumbre, son las pymes y famiempresas informales que no producen suficiente para asegurar un salario formal a sus gestores. Estas pertenecen a la economía de subsistencia que merecería tratamiento preferencial para salir del círculo vicioso de la baja productividad y pobreza.

Pero la gran empresa formal está en otro estadio y es aquí donde debe analizarse con detenimiento la llamada reducción de costos que no es otra cosa que el aumento de utilidades privadas a costas del trabajo y del Estado. Ello se logra por vía de la reducción de garantías laborales y cargas impositivas que están en plena capacidad de pagar como lo atestiguan los registros de utilidades antes, durante y después de la pandemia.

La llamada flexibilización laboral y la reducción de impuestos son las directas responsables de la creciente concentración de ingresos y riqueza que esa sí, frena la innovación, la competencia y la productividad. Tan grande es la riqueza acumulada en la cúspide que el presidente de la ANDI, en representación de los “cacaos”, ofreció al gobierno sufragar seis meses adicionales del bono solidario que a la postre no concretó.

Lo más problemático es que la agenda de precarización laboral que traía el documento del DNP es la misma que presentó el Consejo Nacional Gremial en la reunión en que ofrecieron al candidato Duque su respaldo para la segunda vuelta presidencial. Fue esta la primera vez que los gremios, supuestamente apolíticos, pues reúnen afiliados de todas las parcialidades y partidos, se pronunciaron por una sola opción. La sutileza consiste en que esta asociación gremial que reúne al grueso de los gremios del país tomó partido de manera institucional y viene reclamando y obteniendo del gobierno un tratamiento privilegiado para sus intereses, incluso más allá de lo planteado públicamente.

Es el caso del decreto 1174 de 2020, mal denominado “piso de protección social” que autoriza un remedo de contrato laboral a tiempo parcial por debajo del salario mínimo y sin prestaciones sociales. Estas quedan a cargo del Estado y del propio asalariado precarizado a quien con ingresos sub mínimos se le exigirá ahorrar para un retiro misérrimo. Un estudio de la fundación canadiense Cuso International alerta que se trata del llamado “contrato cero”. Es el mismo aplicado por la gigante minorista Walmart en EE. UU. para explotar a su fuerza laboral con horarios aleatorios, pago por horas y exigencia fáctica de estar disponible tiempo completo. Los empresarios formales se beneficiarán con una reducción del 35% de los costos laborales del trabajo no calificado, monto que pasará del bolsillo débil al fuerte.

El nuevo borrador del documento del DNP ya no trae las propuestas de precarización laboral. Se remite a las recomendaciones de la Misión de Empleo que todavía no ha entregado sus conclusiones, pero que desde ya el gobierno dice compartir. La administración Duque pretende camuflar las indicaciones de los gremios bajo el manto de la supuesta neutralidad técnica de los expertos. El diálogo social se vuelve nugatorio pues ya no es tripartita sino de dos contra uno, gobierno y empresarios coaligados contra el trabajo. No se pueden aceptar decisiones desatinadas del gobierno en interés de la concentración del capital que conduce a tal concentración del poder político que se configura una democracia autoritaria.