OpiNión
Del cartel de Medellín a EPM
Es inexcusable que EPM haya asignado la interventoría de una hidroeléctrica, que es un contrato de confianza, a un falsificador y asaltante del sistema financiero que luego se convirtió en lavador de la criminalidad organizada.
El periódico El Tiempo del 11 de marzo de 1985 publicó un artículo a seis columnas titulado “Mafia colombiana en Brasil. Identificados los ‘capos’”. Aparecían las fotografías de Pablo Escobar, Carlos Lehder, Gilberto Rodríguez Orejuela, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez. Citaba el artículo a Pablo Gustavo de Magalhaes Pinto, jefe de la división de estupefacientes de la Policía Federal de Brasil, el cual anunciaba que pediría a la justicia la confiscación de los bienes de la mafia colombianaen Brasil, a saber los ya citados narcotraficantes y algunos brasileños, un boliviano y un peruano. También fueron identificados otros colombianos de la organización: Wilfredo González Ruiz, responsable del control y compra de éter y acetona; Vicente Wilson Rivera Ramos, propietario de un aserradero en el estado Amazonas, que escondía cocaína en troncos de madera exportados a Estados Unidos; Álvaro Benjumea Pérez, piloto; y otros dos sobre los cuales no se daban detalles. Había un personaje del organigrama mafioso del cual no se reveló su nacionalidad, según la Policía de Brasil. Su misión era reunir el dinero “recaudado en el exterior para depositarlo en el banco de la organización en Panamá”.
Su nombre: Eduardo José Zambrano Caicedo. Leí el artículo el día que apareció. Yo sabía perfectamente la nacionalidad del lavador: colombiano. Conozco la carrera delictiva de Zambrano porque fui el primero que denunció sus fechorías, cuando Zambrano era banquero. En 1982 descubrí que Zambrano, vicepresidente ejecutivo del Banco del Estado, y Jaime Mosquera Castro, presidente de la entidad, montaron una gigantesca falsificación de documentos, inventándose cuentas corrientes y créditos ficticios de falsos ganaderos para ocultar un autopréstamo. La publicación de la Unidad Investigativa dio al traste con el banco, que fue intervenido, nacionalizado y luego liquidado. Zambrano se rasuró el bigote y escapó en el baúl de un carro cuando supo que iban a capturarlo. Desde 1982 se perdió su rastro. Hasta cuando apareció en 1985 incorporado a los carteles colombianos que operaban en Brasil. Muchas noticias se publicaron en la prensa sobre Zambrano: “Por defraudación indagan a ex directivos de Ban-Estado”; “Dueños de Banestado giraban dinero a sus sociedades”; “Enjuiciados ex directivos de Banestado”.
El nombre de Zambrano volvió a aparecer en los periódicos en 2017 cuando fue capturado por los sobornos de Odebrecht. En la firma en la que era gerente firmó falsos contratos de transporte que realmente servían para disfrazar el pago de coimas por cuenta de la constructora brasileña. También se supo en ese momento que en el Gobierno Santos a Zambrano le dieron contratos en Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la ANI. El reencauche del antiguo lavador corrió por cuenta del Gobierno Santos y también de la firma Consultores Unidos, una compañía fundada en 1971 que tenía buena fama en el ramo de la ingeniería eléctrica.
Zambrano volvió del Brasil y, como ingeniero que es, logró camuflarse en esa firma desde 1994 o 1995. Un alumno del fundador de Consultores Unidos estaba casado con una hermana de Zambrano. Este amplió los negocios de la compañía a la ingeniería civil. Tiempo después, el banquero falsificador y el lavador de los narcos logró un reencauche mayúsculo, que ahora denuncio aquí en primicia. Consiguió el contrato de interventoría de Porce III, la mayor hidroeléctrica de EPM antes de Hidroituango. Porce III se empezó a construir en 2004. ¿Cómo es posible que EPM haya dejado colar a un delincuente de larga trayectoria en una de sus obras de ingeniería más importantes? EPM debe contratar una auditoría externa que haga claridad sobre este episodio imperdonable. ¿Quiénes fueron los funcionarios de EPM que debieron haber detectado el pasado oscuro de Eduardo Zambrano Caicedo?
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En oficio de 1983, el superintendente bancario, Germán Botero de los Ríos, afirmó que el Banco del Estado declaró “utilidades ficticias, presentadas como consecuencia de operaciones ilegales, inseguras y sin buena fe” derivadas de instrucciones impartidas por Eduardo Zambrano Caicedo. En 1982, Zambrano se alzó con 227 millones de pesos sustraídos a clientes de la división fiduciaria del banco, que hoy serían más de 15.000 millones de pesos, pues el cambio del dólar estaba a 64. Él atracaba bancos, desde adentro. Es inexcusable que EPM haya asignado la interventoría de una hidroeléctrica, que es un contrato de confianza, a un falsificador y asaltante del sistema financiero que luego se convirtió en lavador de la criminalidad organizada. EPM debe rendir cuentas sobre esta oprobiosa actuación.