Del desangre paramilitar, a la masacre laboral

Se llevó el carbón durante tres décadas de Colombia para venderlo en Europa, Estados Unidos y China y ahora Prodeco, que lo explotó durante más de 30 años, quiere salir huyéndole a la justicia colombiana para evadir su presunta responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares que asesinaron y desplazaron a cientos de miles de campesinos y trabajadores mineros que hoy reclaman justicia en el departamento de Cesar.

Se oculta tras un manto oscuro para construir la narrativa de una quiebra a todas luces ficticia (¿después de 30 años y con ingresos anuales de más de mil millones de dólares?) que para muchos en la región es una forma de evitar que cuando tiren de la manta se descubra, al parecer, una siniestra relación con el paramilitarismo que dejó ríos de sangre.

En un reciente documental publicado por la cadena alemana Deustche Welle (DW), Carbón y Sangre, dos paramilitares describen de manera descarnada los múltiples asesinatos que su grupo perpetró con el consentimiento de las multinacionales Prodeco y Drummond, al tiempo que dejaron caer que sus crímenes contaban con la complicidad de autoridades civiles y militares en el departamento del Cesar.

La multinacional Prodeco, en una carta, fechada el 4 de febrero de 2021, que envía a la Agencia Nacional de Minería (ANM) renuncia al contrato No. 044 de 1989 mediante el cual el gobierno colombiano le otorgó la exploración y explotación de carbón a cielo abierto en la Mina Calenturitas, ubicada en los municipios de El Paso, Becerril y la Jagua de Ibirico -Cesar-. En ese documento, de 41 páginas, Prodeco arguye como excusa una crisis económica -para los trabajadores artificial- con el propósito de declararse en quiebra por culpa de la pandemia y, en consecuencia, pide la autorización para despedir a más de siete mil trabajadores.

Además de dejar miles de víctimas que hoy buscan reparación de la multinacional, la empresa abandona la región sin dejar rastro de desarrollo alguno, ni valor agregado para las comunidades, pues en sus 30 años de operaciones no compró un bien, ni una máquina, ni equipos de transporte, todo lo tercerizó. Se va dejando, miseria, pobreza y un daño ambiental irreparable. ¿No será que la multinacional quiere evadir las investigaciones que la agobian por su participación en la financiación del paramilitarismo?, es una pregunta inquietante que se hacen las víctimas y que la justicia no ha querido responder.

Prodeco, carbonera europea (Glencor), y Drummond, minera estadounidense, cada una, por su lado, quieren salvar responsabilidades en el conflicto colombiano y su activa participación, esgrimiendo excusas sin sustento para negar la financiación del grupo paramilitar Juan Andrés Álvarez que hacía parte del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Jorge 40.

A propósito del Cesar: la JEP lo ubica como el cuarto departamento con más casos de falsos positivos en el país. Es muy sospechoso que ahora que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) avanza en el esclarecimiento de los hechos acaecidos en el contexto del conflicto armado interno, la multinacional Prodeco, investigada por su presunta financiación de paramilitares, tome la decisión de abandonar el país.

Es importante recordar, como lo señalé en mi reciente columna “El Dilema de la Drummond: la JEP o la Justicia ordinaria”, cómo la Fiscalía 251 delegada ante los jueces penales del circuito especializado, acusó, el pasado 16 de diciembre de 2020, a dos altos ejecutivos de la multinacional Drummond por concierto para delinquir y delito de lesa humanidad.

Uno de ellos, Augusto Jiménez Mejía (presidente de Drummond en Colombia desde octubre de 1989 hasta marzo de 2013), había contemplado la posibilidad de someterse a la JEP y la multinacional lo sacó del país; hoy su residencia está en Estados Unidos. Y José Miguel Linares Martínez (gerente jurídico de 1996 a 2000 y vicepresidente de asuntos corporativos de Drummond en Colombia de 2000 a 2006), al parecer, aún está en territorio colombiano; esperamos que se digne contar la verdad. Ambos funcionarios fueron imputados por fomentar homicidios “en forma sistemática y generalizada” que afectaron “de manera grave la humanidad de la población” tras promover y financiar grupos paramilitares, según dijo la Fiscalía 251.

Qué curioso, como los lobos que aúllan hasta el cansancio porque no encuentran la salida, las dos multinacionales (Prodeco-Drummond) señaladas de financiar grupos paramilitares, hoy se unen en una misma estrategia: desconocer la justicia colombiana o ¿a la JEP?; y el gobierno de Duque no mueve un dedo, no le interesa, porque a la final solo se trata de humildes campesinos y trabajadores mineros. Sin embargo, queda la JEP, una luz de esperanza para las víctimas.

@jairotevi