Delinquir paga

El gobierno del cambio ha emprendido una polémica política que ha despertado gran controversia en Colombia: pagar a los jóvenes para que eviten involucrarse en actividades delictivas y, en su lugar, se dediquen al estudio. Esta iniciativa, liderada por el presidente Petro y encargada al ministro del Interior, ha sido objeto de fuertes críticas y coincide con lo que tanto se habló desde la campaña electoral y a los antecedentes de negociaciones con diversos grupos delictivos, como el infame “pacto de la picota” que hace parte de la famosa política de “paz total”.

Los efectos negativos de esta estrategia han sido palpables desde su implementación. En primer lugar, se ha observado una disminución en la capacidad de defensa del territorio, ya que las fuerzas militares y policiales han sido debilitadas por órdenes directas del presidente de la República. Esto se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas, sobre todo en la frontera con Venezuela, donde acuerdos de tolerancia hacia guerrillas colombianas han puesto en riesgo la seguridad y soberanía nacional.

Otra consecuencia directa que ha ocasionado el debilitamiento de las Fuerzas Militares y de Policía ha sido el drástico incremento de la criminalidad en todo el país. La sensación de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza en la población.

El pago indiscriminado de incentivos a delincuentes ha generado unas reacciones negativas, ya que más individuos se sienten atraídos por los beneficios económicos ofrecidos por la política de delinquir paga. Como resultado, las organizaciones delictivas pueden captar nuevos miembros dispuestos a cometer actos delictivos para obtener ganancias económicas.

Los altos costos presupuestales asociados con el financiamiento de estos programas van a tener un impacto negativo en otros sectores. Estos recursos que podrían haber sido destinados a programas sociales, se han visto desviados, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera futura de la iniciativa.

Esto no es nuevo para el presidente Petro, del cual sabemos que, en su historia personal, hizo parte activa como miembro del M-19, quien fue beneficiario de dineros del Estado después de su desmovilización; lo que genera suspicacias de que para él deben ser las mismas políticas que les fueron aplicadas a los miembros de ese grupo guerrillero, hoy desaparecido.

A pesar de las críticas y controversias, el gobierno sostiene que esta política busca proporcionar una oportunidad de redención a aquellos jóvenes que puedan alejarse del camino delictivo y reintegrarse a la sociedad como ciudadanos productivos. Sin embargo, es evidente que se requiere un enfoque integral y multifacético para abordar el problema de la delincuencia en el país. Además del enfoque en la prevención, se deben fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para garantizar que los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus acciones.

En última instancia, la lucha contra la delincuencia debe ser un esfuerzo conjunto que involucre a toda la sociedad, incluyendo el gobierno, la comunidad y las instituciones. Solo a través de una estrategia integral y colaborativa, se podrá enfrentar eficazmente este desafío de la delincuencia y buscar un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos de Colombia.

Por otro lado, es fundamental reforzar la labor de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para asegurar una justicia pronta y efectiva. Esto implica garantizar recursos adecuados, capacitación y tecnología de punta para mejorar la capacidad de investigación y persecución de los delitos.

Duele la patria cuando nuestras Fuerza Militares tienen que agachar la cabeza a la delincuencia por una política de un Jefe de Estado que tiene prioridades distintas a la de la mayoría de los colombianos, que, estamos de acuerdo todos, nunca será pagar por no delinquir.

jorgeevelezg@hotmail.com