Democracia directa

Desde este espacio he escrito sobre la crisis de la democracia representativa que se evidencia en el incremento de las movilizaciones ciudadanas, la manifestación pública y la protesta social. Si algo tienen en común esas distintas expresiones que han venido creciendo en los últimos años es que reflejan la poca sintonía y conexión que existe entre los estamentos políticos y diversos colectivos de la sociedad que, cada vez más empoderados, ejercen su propia voz en defensa de sus derechos.

El sistema político debe responder a esas nuevas dinámicas y por eso es importante que el Congreso aborde con seriedad y prontitud las reformas al régimen electoral y de partidos que actualmente cursan trámite legislativo. Los cambios deben, reitero, abrir espacio a nuevos movimientos, elevar la calidad de la política y garantizar la representación de todos los territorios, particularmente los más afectados por la violencia. Es decir, se debe mejorar y profundizar nuestra democracia.

Ahora bien, para avanzar en este camino también es necesario revisar el funcionamiento de otros mecanismos que existen para promover una mayor participación directa de la ciudadanía en el debate público. Instrumentos como el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato o la consulta popular, a pesar de estar consignados en nuestro ordenamiento constitucional desde hace mucho tiempo, han probado ser ineficaces.

Mencionaba recientemente esta revista que ni el referendo promovido en 2003 por el Gobierno de Uribe en su pico de favorabilidad, ni la consulta popular anticorrupción de 2018 apoyada por cerca de 12 millones de personas, lograron superar los engorrosos obstáculos que estos mecanismos deben enfrentar para materializarse. Terminan convirtiéndose en instrumentos inocuos, pero a los que se apela para propósitos diferentes a su naturaleza.

Los mecanismos de democracia directa son eficaces y tienen sentido si se utilizan para consultar sobre temas fundamentales de la sociedad, de manera sencilla para facilitar el entendimiento del elector. Son cuestiones de sí o no como el voto universal, cambiar la Constitución, aprobar un acuerdo de paz o revocar a un mal mandatario. Sin embargo, las decisiones que se deriven de estos procesos deben tener una clara forma de implementación, pues siempre deben prevalecer una serie de principios como la seguridad jurídica, el mantenimiento del orden y la institucionalidad.

Ya se ha visto lo que ha sufrido el Reino Unido con la dificultad de concretar su salida de la Unión Europea después del Brexit. Asimismo, el interminable debate en Colombia luego de la renegociación del acuerdo de paz tras el triunfo del NO en el plebiscito ha demostrado que mecanismos pensados para superar debates de mucho fondo, pueden terminar aumentando la polarización cuando no se entiende bien su alcance o consecuencia.

Actualmente se presenta una propuesta uribista para derogar la JEP a través de un referendo al que se le añaden otros elementos de corte populista sobre medidas económicas para enfrentar la crisis. La respuesta de un sector de oposición liderado por el senador Roy Barreras es otro referendo con el que se busca revocar el mandato del presidente y también viene acompañado de propuestas insostenibles fiscalmente. Y, como si fuera poco, también hay una iniciativa del senador Rodrigo Lara que, como la describe esta revista, es más técnica y menos populista, pero carece de posibilidades.

Claramente se trata de estrategias políticas de cara al debate electoral que comenzó de manera prematura en Colombia. Son ejercicios tácticos que buscan ubicar a los distintos partidos, líderes y sectores en el escenario y captar la atención de la opinión pública. No puede cuestionarse la validez de estas maniobras, pues se acude a mecanismos legales vigentes. Pero sí se debe advertir sobre el verdadero impacto que han tenido estos instrumentos en nuestra Constitución y en la dinámica política.

Los proyectos de referendo que se discuten actualmente en Colombia nacieron muertos, evidencian planes electorales de distintos sectores y, lo más grave, demuestran la incapacidad de nuestros dirigentes para lograr los acuerdos que el país tanto necesita.

Temas tan específicos y particulares como la renta básica, reducir el tamaño del Congreso, la remuneración de los servidores públicos, la conformación de la rama judicial, subsidios para sectores de la economía, entre otros, no deben ser objeto de mecanismos de democracia directa. Son discusiones que requieren de un liderazgo del Gobierno y que deben darse en el seno del legislativo. Para eso elegimos al presidente y a los senadores y representantes. Ese es su trabajo.

Apelar a referendos para estas agendas no solo abre la puerta al populismo, sino que evidencia el fracaso de nuestras instituciones políticas y quienes las integran para encontrar soluciones que atiendan las necesidades del país y de la población.

Lo que acaba de ocurrir en Chile es un ejemplo de lo que se busca con la democracia directa. El pueblo tomó una decisión de fondo: cambiar la Constitución. Y definió cómo se hará. Algo similar se vivió en Colombia con la séptima papeleta y la Asamblea Constituyente hace treinta años.

No caigamos en sofismas de distracción. Concentrémonos en el próximo momento que tenemos para expresarnos directamente en democracia sobre el futuro del país. Las elecciones de 2022 serán cuando los colombianos decidamos entre quedarnos anclados en estigmas, odios, divisiones y mezquindades del pasado, o pasar la página y mirar hacia adelante buscando los acuerdos y consensos que nos permitan superar las adversidades y aprovechar las oportunidades del futuro.