Desarrollo rural sin intermediarios

Desde hace unos años vengo apostando con otros analistas cuál es la cifra de hectáreas de cada fin de año, para este nuevo censo mi pronóstico es un crecimiento cercano al 20 por ciento, es decir que se estarían bordeando las 205.000 hectáreas de coca, un récord de récords. 

Con o sin descache en la cifra estimada, de lo que no tengo duda es que en el comunicado protocolario de Unodc que acompaña cada censo cocalero, vendrá la recomendación habitual al Gobierno nacional de invertir más recursos y esfuerzos (sobre todo recursos) en el desarrollo alternativo para las regiones cocaleras. Eso sí, sin advertir que el mayor operador de recursos de desarrollo alternativo son las mismas Naciones Unidas y sin una pizca de culpa sobre su rol en este fracaso. 

Es la continuación anual del juego del “yo con yo” en el que llevamos 20 años o más, con altos costos y sin mayores logros. “Yo” Unodc evaluó, “yo” Unodc les ejecuto billones de pesos del presupuesto nacional (obvio, sin entrar en concursos ni licitaciones y cobrando altas tasas de intermediación) y al final del ejercicio, “yo” Unodc le recomiendo al Gobierno invertir más plata en los programas que a “yo” Unodc me generan más ganancias. 

Al margen de las discusiones legales sobre este monopolio en el gasto público y como se burla la Ley 80 de contratación; lo cierto es que en las zonas donde se han ejecutado los programas de sustitución contratados por el Gobierno (anterior) a Naciones Unidas, la coca no bajó, ni tampoco se tuvo una efectividad del 99 por ciento, como afirman sin sonrojarse cada vez que repiten la mentira. Así tenga el logo de Naciones Unidas, las cifras falsas siguen siendo falsas. Si se ven las estadísticas de Simci (que es una sección independiente y seria, a pesar de depender de Unodc) es claro que en las zonas de sustitución los programas tuvieron un impacto inobjetable: la coca se duplicó en tres años. 

Afortunadamente el actual gobierno ha ido mostrado la voluntad política y la capacidad crítica para entender que el desarrollo rural integral no se consigue firmándole cheques a Unodc en Bogotá. Sino que es necesario abordar otros modelos de intervención y sobre todo hacer rendir la platica (bien escasa) recortando intermediarios. No es imposible, así implementan los programas de desarrollo desde hace años la cooperación europea y Usaid, de ellos que sí se preocupan por evaluar y administran mejor los recursos de sus contribuyentes, se derivan varias lecciones aprendidas para este y futuros gobiernos.  

Una evaluación tras otra de los programas de intervención rural han demostrado que trabajar con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las asociaciones de productores locales, permite reducir los riesgos de corrupción, genera identidad y crea compromiso entre los beneficiarios de los programas, ya que se vuelven actores activos de su propio progreso y desarrollo. Trabajar directamente con la base de la pirámide es un postulado de todo manual de desarrollo económico, una obviedad que se implementa con éxito en Perú, Bolivia y varios países de Centroamérica; países de donde hace años que sacaron a Unodc de la contratación estatal, para ahorrarse el costo de ese peaje y ganar profundidad rural.  

Trabajar directamente con programas ajustados a cada vereda y sin intermediación externa es lo que permite que los programas de desarrollo se inicien y terminen a tiempo, que coincida la asistencia técnica con las condiciones agronómicas locales, pocos errores más grandes que decidir desde una oficina en Usaquén cuáles semillas y qué productos se deben sembrar en cada una de las miles de veredas de esta geografía. La contratación directa con la base social rural, también hace posible que la economía local se reactive y disuada a la ilegal.  Y otro tema que no es menor, trabajar con las JAC es la mejor garantía para mantener a los actores armados ilegales fuera de la órbita de la contratación local.

No es una hipótesis ni tampoco una apuesta, está probado que cuando el desarrollo rural llega directamente a las comunidades, sin intermediarios que se queden con la mitad del presupuesto, ni que sobrefacturen costos, viáticos ni salarios o que impunemente vayan incumpliendo pagos y fechas; se aumenta la credibilidad del Estado, ese es el intangible que de verdad importa, no el rimbombante membrete en los informes, ni el color azul pastel de los chalecos. Las comunidades valoran lo que ellas mismas ayudan a construir, les genera identidad con los bienes públicos rurales y paso a paso se transforman los territorios. 

Sin tantos intermediarios en los presupuestos de desarrollo rural, la paz podría llegar más rápido y tal vez quedarse por más tiempo.