Desigualdad sí, ¿pero tanta?

La pandemia del coronavirus con su doble emergencia sanitaria y económica ha puesto de relieve las persistentes desigualdades sociales. La red social del Estado minimalista ha sido incapaz de atender a amplios sectores populares y la destrucción de las pequeñas y medianas empresas que proveían 80 de cada 100 trabajos han hecho que las consecuencias negativas de la crisis, como siempre, recaigan con mayor fuerza sobre los más vulnerables.

El ministro de Hacienda Carrasquilla ya ha anunciado una reforma tributaria para atender la pospandemia. El problema es que la que tiene en mente buscará favorecer a los grandes capitales con el pretexto de que con mayores beneficios tributarios van a promover la reactivación económica y el empleo. Eso no era cierto antes de la pandemia y tampoco lo será después.  El libro de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, Desigualdad y Reforma estructural tributaria en Colombia, publicado esta semana por la editorial Desde Abajo, explica por qué.

En primer lugar, remueve el “velo de ignorancia” (no el de Rawls sino el que promueven los intereses especiales) sobre la excesiva concentración de la riqueza y de los ingresos en Colombia y del sesgo pro rico de la legislación tributaria. Como lo ha señalado la Corte Constitucional “la Constitución exige gravar ‘en mayor proporción a quienes tienen mayor capacidad contributiva … a fin de que, a la postre, todos acaben haciendo un igual sacrificio de cara a sus capacidades’”. Pues entre nosotros ocurre todo lo contrario. El Gini empresarial es mayor después que antes de impuestos.

El mito de que Colombia tiene una de las tasas impositivas más elevadas del mundo queda develado con una rigurosidad técnica intachable. El presidente de la Andi, Bruce MacMaster, haciendo una sumatoria aritmética simple, afirma que las empresas pagan una tasa global de impuestos del 71,2 por ciento. Los cálculos de Garay y Espitia de la tasa impositiva global real para personas jurídicas la ubican en apenas el 12,11 por ciento. Lo más delicado es que entre más rica la empresa dentro de las ricas, menor es la tasa real de imposición, quedando en 3,48 % para las super superricas que son algo más de 300. ¿La explicación? Las gabelas de los ingresos no constitutivos de renta, exenciones, descuentos y excesivas deducciones (aun antes del IVA a bienes de capital) que representaron en 2017, 17 billones de pesos en menor recaudo. Como con todo lo demás, estas beneficien en mayor proporción a las más ricas, unas 3.330 de las 460 mil empresas que declaran renta y a las ultra ricas, las 300.

El nivel de desigualdad absoluta con un Gini del 0,9742 explica desde la óptica de economía política por qué las reglas tributarias favorecen tan exageradamente a los superricos. La concentración de poder económico es tal que han acumulado suficiente poder político para influir los procesos de toma de decisiones en su favor. Ello explica el marcado sesgo pro rico del sistema tributario.

Otro dato alarmante de las investigaciones de Garay y Espitia es que cerca del 70 por ciento del valor del patrimonio bruto de las empresas que declaran renta está representado por activos e inversiones de índole financiera y no productiva, lo que explicaría, en parte, el crecimiento sin empleo de los últimos años. No menos alarmante es la correlación positiva que descubren entre el poder mercado y la tasa de ganancias en el sector manufacturero.

Finalmente, comparado el recaudo como porcentaje del PIB de Colombia con el de Chile y el promedio de la Ocde, se encuentra que estamos muy por debajo. Ello indica que hay espacio para aumentarlo, sin perder competitividad, pues nuestros principales socios comerciales, en promedio, pagan más impuestos que nosotros.

Ha llegado el momento de que los controladores del Consejo Nacional Gremial asuman la responsabilidad con el país de pagar su parte. Los lineamientos de una reforma tributaria estructural para superar la pandemia son claros. Es la la hora de las tarifas progresivas para las empresas, de reducir las exenciones, poner a tributar la totalidad de los dividendos y de los impuestos verdes para estimular la transición ecológica.