¿Deuda, motos y chasises inmortales?

Resistí la fuerte tentación de escribir sobre el último desafuero del tinterillo pirómano que nos gobierna, para insistir en la necesidad de levantar la cabeza de la trivialidad digital y mirar, en perspectiva, los legados de la cultura de subsidio a los combustibles que, como nos lo reporta La República en sus anales, tiene por lo menos, antecedentes desde el inicio del gobierno de Alfonso López Michelsen en 1974 (pendientes investigar períodos anteriores) con la introducción del subsidio a las estaciones de gasolina en aquella época.

Para 2007 la politiquería barata adoptó el disfraz tecnocrático y contable del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) a través de la Ley 1151. Constantemente nuestros grandes ‘técnicos’ critican mucho la clara improvisación y sesgo político de los actuales gobernantes y se dan aires de castos intelectuales, ignorando que ya en el pasado han sometido sus dictámenes y modulado sus fórmulas para atender el afán populista del gobernante de turno.

Para esa época se pagaba el subsidio de la gasolina y el ACPM con un descuento por parte de Ecopetrol de las utilidades que liquidaba a su único accionista que era el Estado. La primera emisión de acciones al público de la petrolera, motivó un mecanismo diferente para cubrir el costo del subsidio que, desde muchos años, atrás reconocía el costo de oportunidad entre la venta en el exterior a precios internacionales por parte del productor y el refinador y el precio interno generalmente muy inferior.

Así nace el FEPC con recursos de otro saludo a la bandera de la política fiscal petrolera que era el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep), bajo la teoría de que tendría periodos de ahorro cuando el precio de paridad internacional fuera menor al precio interno y aportaría (desahorro) cuando el precio de paridad internacional fuera alto para mantener bajo el precio interno.

El disfraz técnico del subsidio era buscar “reducir la volatilidad de los precios internos de la gasolina y el ACPM”, pero en la práctica se construyó una fantasía tecnocrática para justificar el traslado de recursos del presupuesto nacional al subsidio de la gasolina y el ACPM.

El FEPC rápidamente devoró los 431.000 millones del aporte inicial y desde 2010 se empezó a financiar con pagarés del Tesoro Nacional y esta deuda, por cuenta de habilidosas maniobras contables, no se registraba en los balances del nivel central. La triquiñuela tecnocrática y contable del gobierno Uribe fue prorrogada por Santos (Ley 1450) y la Corte Constitucional (C-123/2013) colaboró al desastre señalando que el FEPC, en los periodos de diferencial favorable, no podía ahorrar para compensar volatilidades futuras.

Obviamente, los préstamos de tesorería al FEPC se volvieron inviables y entonces, óigalo bien, el Estado empezó a colocar TES, es decir, contraía deuda para cubrirle al FEPC su déficit y que pudiera pagarle a Ecopetrol el subsidio. Si ¡nos endeudamos para pagar el subsidio!

Para 2019, el saldo de la deuda del FEPC era de $ 17 billones y fue condonado con el plan de desarrollo de Duque (¡tapen tapen!). Con las diversas modificaciones legales en las tributarias de Santos para superar los límites constitucionales, el fondo solo tuvo ingresos en la pandemia de 2020. En toda su historia, el supuesto de ingreso para estabilización de la volatilidad de los tecnócratas solo se dio en tres años 2008, 2009 y 2020 y en valores mínimos.

Hay cosas que, si no fueran dramáticas, serían chistosas en esta desventura politiquera con disfraz tecnocrático. Dice la CARF: “Algunos autores han revisado la efectividad del mecanismo de estabilización de precios en Colombia, concluyendo que este no atenúa volatilidad de precios (Suescún et. Al. 2011), presenta un sesgo en la modificación de precios y distorsión de señales de mercado (CGR, 2017 y 2020) y genera distorsión en zonas de frontera que incentiva el contrabando (FMI, 2019).”

O sea, el mecanismo para disfrazar el subsidio a la gasolina desde el presupuesto nacional no atenuó la volatilidad que era su objetivo y causó muchos otros males, en particular, porque el presidente de turno fijaba como le daba la gana, y al sabor de la coyuntura, el precio interno.

Lo chistoso es que Duque, aculillado por Petro y su paro nacional de 2021, congeló el precio interno de la gasolina y el ACPM al momento que el precio internacional repuntaba en post pademia, ligereza populista que le abrió un roto al Estado cercano a los 49 billones de pesos que devoró los resultados de las tributarias de Duque y de Petro y obligaron a este último a darse el lapo amargo de desmontar los subsidios y asumir el costo político, ¡Realmente hilarante!

Al margen del castigo histórico al populismo de gobierno y oposición, no he encontrado (seguiré buscando) qué beneficio ha traído al país el histórico subsidio a los combustibles. Para eso no se encuentran muchos estudios o perdonen la ignorancia.

Mal contado ($ 49 billones de 2022 a 2023, $ 17 billones del corte a 2019, ¿$ 8 billones de 2024?, otros 17 billones entre 1998 y 2007) el subsidio costó 91 billones en 25 años.

Al margen de los miles de kilómetros de carreteras que hubiéramos construido con ese dinero, ¿qué dejó el subsidio? Se me ocurren varias cosas: mantuvo el monopolio de refinación de Ecopetrol en sus ineficientes refinerías; degradó el transporte público en favor de la movilización individual en motos generando contaminación y el aumento gravísimo de la accidentalidad vial y quebró el Soat; mantuvo en servicio camiones vetustos e ineficientes que golpean el ambiente, consumen como locos y rompen fletes; desestimuló la renovación del parque de carga y, en algo, impidieron cuajar así fuera una ruta viable de ferrocarril en Colombia.

Buena esa, ministros de Hacienda precandidatos: ¡los oigo!