El dramático diagnóstico de los homicidios en algunas zonas del país

La siguiente gráfica muestra la evolución de la tasa de homicidio en Colombia. 

El estancamiento del homicidio en el año 2017 y el aumento, leve al parecer, que se dará en 2018, es impulsado por una serie de municipios que tienen aumentos dramáticos en sus tasas de homicidios. Es decir, una gran cantidad de municipios están estables o desciende en el número de homicidios, pero hay un grupo relativamente pequeño, donde el aumento es vertiginoso. Son algo así como los “tumacos”, zonas donde literalmente se vive una guerra civil o está a punto de estallar, son una olla a presión. Sin embargo, los contextos varían de un municipio a otro.

A continuación se presenta el cuadro con las variaciones más dramáticas por municipio:

Se podría decir que en estas zonas la paz se vivió con intensidad durante uno o dos años. Por ejemplo, Ituango tuvo 5 homicidios en 2016 y en los primeros siete meses de 2018, se suman más homicidios que en los tres años anteriores. En Tarazá pasa algo similar. El siguiente cuadro muestra la evolución del homicidio entre 2010 y 2017, compárese entre años y luego entre el primer y segundo cuadro. Todo indica que durante el segundo semestre de 2017 la situación se complicó sustancialmente y en 2018 la tendencia fue a empeorar.

Tres cosas han pasado en estos municipios: primero, en un grupo de ellos se vive una “guerra civil” por la disputa de economías ilegales. En Tumaco hay 12 grupos disputándose metro a metro el control territorial de la zona. En Ituango hay cinco estructuras criminales disputándose el poder.  En Tarazá cuatro estructuras y en Tierralta tres.  Esta disputa criminal afecta un grupo en 80 municipios. Son zonas que concentran casi toda la cadena de una economía ilegal en un territorio relativamente pequeño. En Tumaco, hay 27.000 hectáreas de hoja de coca, a unos kilómetros están los laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, y a otros pocos kilómetros está la costa para embarcar los cargamentos de droga. Todo en un radio menor a 40 kilómetros cuadrados. Como era de esperarse apenas salieron las Farc estalló la guerra.

Este proceso de reorganización criminal en todo caso no será eterno, en algunos meses una de las estructuras se impondrá sobre el resto. La disputa criminal dura entre 18 hasta 24 meses, ya vamos por 12, falta la mitad de esa guerra. En ese momento, cuando alguien gane, bajarán los indicadores de violencia, no por la respuesta del Estado, sino porque una de las organizaciones criminales ganó la guerra.

En otro grupo de municipios el aumento de la violencia obedece a una situación de anarquía criminal, es decir, municipios en los cuales apenas salieron las Farc, no se produjo un copamiento criminal, sino que se disparó la delincuencia común. Los atracos en carretera, el robo de gallinas y el abigeato también aumentaron. El problema es que no hay un servicio de justicia estable en zonas rurales y las comunidades o se autorregulan o acuden a ilegales para resolver líos vecinales. Hay un tercer grupo de municipios, como en Caquetá, donde ocurren ambas situaciones.

Lo complicado de este asunto es que así como está Ituango y Tumaco, puede estar otro grupo importante de municipios en cuestión de semanas. La explicación es muy sencilla, el problema no es el ELN, o las denominadas disidencias de las Farc, ni siquiera el Clan del Golfo. El problema es que cárteles mexicanos están financiando fuertemente esta reorganización criminal. Un caso es la costa Pacífica, que está llena de dinero y armas de mexicanos. Popularmente se cree que las disidencias  se armaron con caletas no entregadas por las antiguas Farc, y si bien esto pudo pasar en algunos casos, lo cierto es que hoy las disidencias tienen armamento nuevo, los M-24 ya pululan en la región de la costa Pacífica nariñense. La situación es mucho más compleja de lo que parece.