Diálogo social, diálogo político

Los indígenas del Cauca, así como tantos otros sectores sociales, han sufrido décadas de olvido, marginalización y violencia. En particular en los últimos años sus líderes han sido víctimas de asesinatos y amenazas. Tienen motivos contundentes para exigir respeto por sus derechos y garantías para sus vidas y sus culturas.

De todos los movimientos y protestas indígenas en los últimos treinta años, la minga que culminó esta semana es sin duda el más organizado y pacífico. Cumplió con todas esas exigencias que los gobiernos sucesivos imponen para abrir el diálogo con los manifestantes: no bloquearon la vía panamericana, no permitieron infiltración alguna de vándalos o elementos externos y por las ciudades donde pasaron adelantaron sus manifestaciones de manera pacífica, organizada y en coordinación con las autoridades locales. Una vez terminada su manifestación retomaron el camino del regreso con el mismo orden y cuidado con los que llegaron. Dejaron tras ellos manifestaciones de respeto y solidaridad.

Todo lo anterior hace realmente inexplicable e inexcusable la decisión del Gobierno nacional de no recibirlos. Habría sido mucho más efectivo reunirse con ellos, darles una audiencia y así mostrar los avances del 80 por ciento que afirmó tener en sus compromisos con las comunidades indígenas y establecer una hoja de ruta hacia delante. Hacerlo habría además sido más útil políticamente para el propio gobierno. Le hubiera servido para demostrar y capitalizar su disposición al diálogo y de paso usar esta experiencia para defender su teoría de que el gobierno sí escucha las manifestaciones pacíficas.

Para agravar el error, el presidente no solo no se reunió con la minga, sino que viajó fuera de la ciudad. Y con miles de indígenas esperándolo en Bogotá, mandó a su delegado al Cauca. Como era lógico, los gobernadores indígenas se negaron a ser usados para humillar a la minga. Resulta sorprendente que fuera Miguel Ceballos el encargado de atender los temas de la comunidad indígena. El ministerio del interior tiene esa responsabilidad. Si se busca a alguien en la Casa de Nariño, la consejera para los derechos humanos y la de regiones, habrían sido interlocutoras más lógicas. Solo se pueden concluir dos cosas: o el gobierno ve a la minga como un actor conflicto, lo que es inaceptable, o el comisionado de paz no tiene suficiente trabajo con los temas de su competencia.

Desgraciadamente el gobierno del presidente Duque escogió mantenerse en su reiterada y poco eficaz estrategia de deslegitimación de las protestas sociales y ciudadanas. Recurrió a los mismos argumentos de siempre. Por un lado, denunciando la infiltración de las marchas por parte de organizaciones armadas ilegales, de las cuales no ha presentado pruebas claras y no hubo de ello ninguna evidencia durante la marcha. Pero sobre todo acusando a los organizadores de tener una agenda política, como si eso los descalificara. La realidad es que es todo lo contrario. Y el partido de gobierno sí que sabe eso, pues ha recurrido a ello en múltiples ocasiones, a veces organizando las marchas y a veces apoyando las causas de terceros.

En toda sociedad, máxime aún cuando se dice democrática, todo movimiento u organización de un sector social es político. Sus reivindicaciones pueden incluir demandas por recursos públicos o cambios en la legislación, la implementación de políticas específicas para su sector o el simple reconocimiento de su existencia como interlocutor social.

La política no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho fundamental de asociarnos y defender intereses, ideas, plantear propuestas o exigir respuestas al gobierno de turno. Contrario a lo que algunos creen, muchas veces las manifestaciones van mucho más allá de un tema de destino de los recursos públicos. Es mucho más profundo y legítimo. Es una reivindicación y una exigencia de ser reconocidos y respetados como parte de la sociedad. Es un derecho que ningún gobernante puede pretender negarles.

Es deber de toda institución del Estado, y en particular del gobierno, escuchar y reconocer todas las formas de organización social y de manifestación democrática de las voces ciudadanas. No puede deslegitimarlas ni atacarlas con el argumento de que son políticas. Hacerlo es renegar de la esencia de la democracia y la libertad de expresión y asociación política. Esos movimientos pueden responder a lógicas ideológicas, culturales, socioeconómicas o étnicas, no importa. Así se forman los movimientos que tienen derecho a existir y que hacen invaluable la democracia, por encima de cualquier otro régimen político.

Cada quien es libre de apoyar o rechazar las ideas, argumentos y propuestas de dichos movimientos. Tampoco es imperativo que las autoridades acepten y cumplan todas sus demandas y exigencias. Pero eso no les quita su legitimidad ni su derecho a ser escuchados y atendidos por los gobernantes.

P.D.: No puede sino rechazarse la decisión de la Fiscalía de acusar a quien denuncia actos indebidos de censura en el gobierno. Lo único que logra es mandar el mensaje de que no se debe denunciar nada ilegal porque es meterse en problemas. ¡Gran error!