Dictadura de la opinión

La revista Semana, en su edición Nº 2081 del 16 de abril de este año, destaca en la portada y en su nota editorial la situación de los medios de comunicación puesta en evidencia por el operativo militar del pasado 11 de marzo en Puerto Leguizamo, Putumayo, con ocasión de un grupo de periodistas, reconocidos por su activismo de izquierda, algunos patrocinados por una fundación de la misma vertiente, que sin imparcialidad presentaron los hechos desde un solo lado, omitiendo la versión del otro.

Agrega que en forma coordinada amplificaron su punto de vista en redes sociales y lograron la descalificación y el matoneo de todo aquel que presentara la información desde otro ángulo. Se trata de un nuevo fenómeno: la dictadura de la opinión por parte de periodistas activistas políticos, con intereses económicos y hambre de poder, que descalifican a contradictores con lenguaje hostil, estigmatizante y discriminatorio.

Inconsistentes predican la defensa de los derechos, el feminismo, el antirracismo y la inclusión, pero en la práctica son arribistas y discriminadores. El fenómeno no es exclusivamente local, ha tenido lugar en Estados Unidos y el Reino Unido. Sus efectos devastadores consisten en silenciar a quienes piensan diferente.

Esta dictadura se evidenció en el proceso de negociación con las Farc, se diseñó una maquinaria mediática de propaganda para persuadir a los colombianos de las bondades del acuerdo, mientras sus detractores simplemente eran enemigos de la paz. En el Plebiscito ganó la no refrendación del acuerdo, sin embargo, se refrendó con un remedo de procedimiento.

Finalmente, lo más grave, la dictadura de opinión interfiere los procesos judiciales, incidiendo en las decisiones de los jueces, mientras amedrentan y arrinconan a sus víctimas.

En la misma edición, Diana Giraldo titula su columna “Entre Caníbales” y señala que el periodismo se ha desdibujado, la polarización política ha incidido, causa tristeza ver a grandes periodistas tratando de devorarse unos a otros para concluir que el activista político no es buen periodista. Se debe hacer un alto en el camino para reflexionar sobre la esencia del periodismo y para dejar de lado las “superioridades morales” y los señalamientos recíprocos.

Una de las características esenciales de las democracias contemporáneas es la libertad de las personas para expresar sus pensamientos y opiniones, para informar y recibir información “veraz e imparcial”, así como para fundar medios masivos de comunicación. Quienes suministran información falsa o parcializada son vulneradores de este derecho fundamental. Flaco favor hacen a la democracia quienes se dicen defensores de derechos humanos mientras acomodan la información a sus intereses ideológicos o económicos.

Para mí es claro, los acuerdos con las Farc y un amplio sector de sus simpatizantes ideológicos entienden que se dejaron las armas, pero existe un conflicto social irresoluto que se tramita mediante nuevas confrontaciones, una de ellas en el campo de la información y de la opinión pública, acudiendo a las noticias falsas, a la información sesgada, a los eufemismos, al juego de palabras, al matoneo y la descalificación mediática; en paralelo, desprestigian las instituciones estatales, atropellan los templos, reniegan de las empresas, incitan a las vías de hecho para las protestas, simpatizan con la invasión de tierras. Se trata de una nueva guerra, más urbana y citadina, si se quiere más difusa, donde la zozobra y la incertidumbre reinan.

La dictadura de la opinión es tan solo una de las muchas formas de lucha de quienes quieren imponer un nuevo fascismo, un estado totalitario, un liderazgo mesiánico que desconoce la separación de poderes y las libertades ciudadanas que ahora ejercen abusivamente.

Colombia necesita una verdadera paz en lugar de acuerdos estratégicos para minar las instituciones. Debemos superar la mentalidad confrontacional de vencedores y vencidos, vamos en un mismo barco y debemos remar en una sola dirección.