#DisciplinaParaLaJusticia

Más de tres años después de aprobada la reforma de equilibrio de poderes, ni los jueces, ni los abogados, ni los magistrados de los tribunales en Colombia tienen hoy quién los vigile. A pesar de que en aquel cambio constitucional se dispuso la creación de una Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazara a la Sala Disciplinaria del

Consejo Superior de la Judicatura –tristemente recordada por varios escándalos de algunos de sus miembros–, la cosa se ha ido enredando y el proceso de selección de los nuevos disciplinadores quedó supeditado a una ley que el anterior gobierno y el Congreso engavetaron alegremente.

Lo más feo del asunto es que mientras nada pasa en el Parlamento, todo pasa en la moribunda Judicatura. Dos magistrados, Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, siguen atornillados a sus cargos a pesar de que cumplieron su periodo de ocho años hace rato y han sido los electores de otros magistrados que se encuentran en provisionalidad. Sin legitimidad ni suficiente respetabilidad, estos togados dicen seguir impartiendo disciplina, pero lo cierto es que están lejos de ser unos buenos guardianes de la moral jurídica de nuestro país tan atropellada en los últimos años.

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Es verdad que el nuevo invento que está en mora de implementarse puede no ser la panacea y quedarse corto frente a la necesidad de poner en cintura a los jueces corruptos y a los abogados mañosos, pero sin duda sería mejor que continuar con una indeseable interinidad que como bien ha descrito en algunos artículos la abogada Carolina Villadiego, le hace mucho daño al oficio jurídico. Por eso ella y otro grupo de juristas vienen promoviendo un necesario llamado que en las redes sociales lleva la etiqueta de #DisciplinaParaLaJusticia.

Y es que el país debería ponerle empeño a la puesta en marcha de esta Comisión de Disciplina Judicial, comenzando por la recomposición de las ternas de las que deben salir los nombres de los garantes de las buenas prácticas judiciales. No hay que olvidar que el gobierno Santos tuvo la brillante idea de incluir como candidata nada menos que a la esposa del emproblemado expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos; la misma que en su época se hacía llamar pomposamente “primera dama de la justicia”. Ni ella, ni otros candidatos cuestionados que alcanzaron a ser propuestos para semejante tarea deberían estar en una entidad que tendría que imponer orden y cuyos estándares éticos deben ser incontrovertibles.

Si el presidente Duque quiere dar pasos hacia una reforma a la justicia, bien podría comenzar por ponerle el cascabel al gato, recoger aquellas ternas que dan vergüenza y presentar rápidamente un proyecto de ley que reglamente la elección de esos comisionados. Para ello cuenta con una extraordinaria aliada: la nueva ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien antes de ser designada y a punta de derechos de petición, junto con César Rodríguez de DeJusticia, le pidieron a las Cortes, al presidente del Senado y al exministro Enrique Gil que le pararan bolas a este importante tema obteniendo siempre la misma respuesta: “Estamos muy ocupados con los proyectos de paz en el Legislativo”. Como quien dice: ¡no molesten y no estorben!

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Por su parte, la rama judicial y sus máximas instancias tienen que demostrar que están dispuestas a dejarse reformar, pues su reacción frente a las modificaciones planteadas por el ‘equilibrio de poderes’, incluida esta de la Comisión de Disciplina Judicial, dejan el sabor de que le quieren meter palos a la rueda y que lo único que les interesa es seguir manteniendo el statu quo en el que viven, sin tener quién los ronde ni les pida explicaciones cuando se portan mal.

Siendo candidato, Iván Duque le dijo a Julio Sánchez Cristo en una entrevista en la revista Bocas, que “el país hace mucho tiempo está anhelando la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura”. Esta es una buena oportunidad para ponerle fin.