¿Distribuir la pobreza o estimular la riqueza?

Según lo presentado al Congreso de la República, la cuenta la pagaría el 40 % más rico de la población, entre quienes está toda la llamada clase media. La mitad de la reforma la pagará el 10 % más rico, que es un espectro tan amplio, que arropa con la misma cobija a un profesor universitario y a Don Luis Carlos. Esto corresponde a que en Colombia la riqueza está tan supremamente concentrada, que en el 10 % más rico de la población entra quien gana $ 10 millones mensuales, pero también quien gana $ 199 millones mensuales en adelante. Todos en la misma categoría y con la misma tarifa de impuesto de renta. De hecho, un profesor paga más impuestos que un banquero, porque los impuestos a las rentas que provienen del trabajo son más altos que los que provienen de los dividendos.

Quizás aquí se encuentre el aspecto más regresivo de la reforma, pues se evidencia el poco esfuerzo que se hizo por segmentar a ese 10 %. La explicación es la incapacidad institucional por identificar y controlar la riqueza que se fuga hacia caletas financieras sin pagar impuestos. Según el Fondo Monetario Internacional, el 10 % de la riqueza colombiana se encuentra en estas guaridas. Cálculos de Global Financial Integrity muestran que Colombia pierde anualmente unos USD 2.800 millones por cuenta de facturación comercial fraudulenta, exactamente el mismo monto que se requiere para el programa de ingreso solidario. Esto quiere decir que algunos de los más ricos entre los ricos pueden acceder a esquemas de elusión, que el mismo Estado premia: en cada reforma hay medidas de amnistía con tarifas menores, que la Corte Constitucional siempre tumba pero que -mientras lo hace- es usada para legalizar ganancias.

El sistema funciona para que algunas corporaciones y personas se enriquezcan con recursos públicos que provienen de impuestos de la clase media, y luego sus ganancias son sacadas del país sin pagar impuestos. Al mismo tiempo, se tiene una estructura económica deficitaria en sus cuentas externas, que obliga a un mayor endeudamiento y reduce la capacidad fiscal de invertir en actividades productivas creadoras de riqueza exportadora.

Si el próximo gobierno no corrige esta situación, estaremos avocados al ritual de cuestionar reformas tributarias que distribuyen pobreza y trasladan consumo desde la clase media hacia un Estado ineficiente, en lugar de incrementar progresivamente la capacidad de financiación pública para orientar la inversión hacia la creación de riqueza con mayor equidad.