División de poderes

Esta semana he podido dormir más tranquilo. Tal vez sea algo temporal, pero guardo la esperanza de que sea algo sostenible en el largo plazo. No se trata de algo relacionado con la edad, aunque la verdad, cuando por la noche nos empezamos a despertar pensando en lo que le conviene o no a nuestra sociedad, es una señal indefectible de que nos estamos haciendo viejos. 

La razón fundamental de mi tranquilidad mental nocturna radica en el hecho de que los últimos días en Colombia han sido de señales inequívocas de que en el país hay división de poderes y que los sistemas de pesos y contrapesos, a veces con lunares, aún funcionan.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron fuertes demostraciones de que no están dispuestas a que la Constitución sea atropellada. Las entidades, diferentes todas en sus aproximaciones argumentales, mostraron diferencias con la mal llamada “paz total” y subrayaron que antes de cumplir ciegamente decretos presidenciales sobre el tema, es necesario someter lo promulgado por el Ejecutivo a una evaluación de ley y procedimiento. Lo que corresponde.

El “tatequieto” de las tres instituciones al presidente no es un asunto menor; personifican la seguridad que tenemos todos los colombianos de que, aunque algunos vean en el jefe de Estado una figura casi divina, todo lo que emane de Palacio debe ajustarse a nuestras leyes. La llamada paz total no lo está. El tema ha sido presentado como la ejecución de un objetivo constitucional, pero carece de fundamentos legales o procesos restaurativos que garanticen cosas tan sencillas como que los narcotraficantes y asesinos van a ser castigados y sus actos no gozarán de impunidad. Es un error considerar la paz como un abstracto; buscar su ejecución sin estructura generará un caos que nos perseguirá durante décadas.

Por lo tanto, hizo bien Francisco Barbosa en dejar claro que no es subalterno del presidente de la república y reiterar su compromiso con la defensa de la Constitución y la ley, al justificar su negativa de levantar las órdenes de captura en contra de los 16 integrantes de las bandas criminales del Clan del Golfo y los Pachenca. 

En entrevista con Caracol Radio, el fiscal general aseguró correctamente que el presidente “tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, y yo tengo la facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes”. Claro como el agua.

Colombia no puede, por decreto o de cualquier otra manera, perdonar a los narcos. Hacerlo equivaldría, entre otras, a la lente de otros países, ser cómplices del tráfico de drogas y cometer concierto para delinquir. Cualquier funcionario que tenga en mente comulgar con el tema debe tener claro que una acción tal lo convertiría en un paria internacional y condenaría a una vida tras las rejas.

Las democracias están construidas en el fundamento de la división de poderes. La Constitución ha establecido un mecanismo mediante el cual ninguna de las ramas del poder es suprema y puede actuar como quiera. El Ejecutivo es solo una de esas ramas y debe operar dentro de los límites que tiene. Esas garantías, en esencia, son las que nos diferencian de una dictadura o una autocracia.

Por eso, preocupan declaraciones como las de Daniel Quintero, que, en entrevista con La FM, aseguró que “por razones políticas, la Procuraduría me quiere joder a punta de investigaciones por bobadas”. 

No, alcalde. Ni usted puede pasarle por encima a la Procuraduría, ni el presidente a la Fiscalía. 

El hecho de que la Fiscalía, la Procuraduría y, en su propia calidad, la Defensoría del Pueblo estén hoy levantando un muro de contención a los mandatarios es una extraordinaria señal de estabilidad e institucionalidad. Si eso se pierde, tendremos reyes que harán lo que quieran y nunca, óigase bien, nunca, se dejarán sacar del poder. 

En algunos meses volverá la elección de fiscal y el resto de los entes de control y con ello, seguramente, el insomnio.