Duque, a pasar la página

La estrategia tenía futuro cuando la lanzaron, hace casi dos meses. Planeaban apuntarle a dos objetivos simultáneamente. Por un lado, cumplir con una promesa de campaña de ajustar el acuerdo de paz con las Farc. No hacerlo trizas, pero tampoco risas. Al mismo tiempo, era una oportunidad para pasar la página. Si se aceptaban las seis objeciones, el acuerdo tendría el toque de legitimidad.  

Iván Duque fue muy cuidadoso con lo que escogió para debatir. Eran asuntos que generarían consenso. Que las Farc no fueran reincidentes. Que existiría la posibilidad de extradición por acciones cometidas después del 1 de diciembre de 2016. Que perseguiría a quienes cometieron actos de lesa humanidad, sin importar si eran los máximos responsables. Que el alto comisionado de paz tuviera la última palabra sobre quién recibiría los beneficios del acuerdo. Que la promesa de contar la verdad sobre el conflicto no se utilizara como una manera para evitar el envío a Estados Unidos. 

Sobre el papel, suenan muy bien. Una manera para volver más rígido lo firmado. Pero en la práctica no resulta tan fácil. Muchas de las objeciones –casi todas– ya están cubiertas por el acuerdo, la ley o la sentencia de la Corte Constitucional.

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La versión de reincidencia de las Farc está en todos los textos. Es claro y transparente que volver a delinquir tiene un alto costo. Nadie la defiende. Es la base de la desmovilización. En otras palabras, esa objeción sobra. 

El Gobierno se comprometió a no negociar lineamientos de política exterior y de cooperación judicial internacional. Y un factor fundamental es el mantenimiento de la extradición. Lo sabía Juan Manuel Santos desde el primer día, y nunca lo ignoró. Eso explica el énfasis en la necesidad de cumplir la fecha del 1 de diciembre de 2016. Cometer un delito más allá de esa fecha es perder los beneficios del acuerdo. Nuevamente, esa objeción ya está en los textos. 

En Colombia tenemos el imaginario de que todo crimen será investigado y castigado. Esto incluye tanto a los autores intelectuales como materiales. Un imposible jurídico y racional. Jurídico porque hay muchos crímenes que no será posible conocer, pues los responsables pueden no estar, ya sea por muerte o por otra razón. Racional porque si encargáramos a la justicia de investigar todos los casos, estaríamos en un punto muerto. No hay presupuesto que alcance ni en Colombia ni en cualquier país del mundo. Pasaría como en la justicia y paz: son muy pocos los condenados. Además, los guerrilleros quedaron con un castigo perpetuo. Nunca podrán separarse de su responsabilidad en el conflicto. 

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Las restricciones al comisionado de paz es una objeción más política. Los negociadores previeron que no siempre sería una persona pro paz. Y por eso dejaron en la Jurisdicción Especial de Paz la decisión final.

Pero tal vez la objeción más seria es el artículo 53 de la ley. Allí le deja al tercero la opción de contar la verdad a cambio de no ser extraditado. No es un riesgo teórico. Hay varios narcos que buscan esta salida. Y una JEP bien laxa a sus controles caería en la trampa. En octubre del año pasado, el embajador estadounidense Kevin Whitaker envió una carta demandando mayor rigor. 

Estados Unidos ha permitido facilitarle al extraditado la oportunidad de contarle su verdad. Ya lo hicieron para la ley de justicia y paz. La medida se cumplió a medias: hubo declaraciones, pero no todas las que se esperaban. Los que trabajan de cerca en este proceso saben que no funcionó.

Si bien hay muchos congresistas con la idea de cerrar la brecha, consideran que será mejor redactar una nueva ley. Creen que no vale la pena demorar más la puesta en práctica de la ley de la JEP.

Duque perdió hace varias semanas. Cuando Cambio Radical anunció su decisión de optar por el hundimiento, se había llegado hasta el final. Más aún, con la victoria en la Cámara de Representantes. El mundo es realista cuando es hora de abandonar el barco. Ningún cambio surtiría efecto. Pero el Centro Democrático siguió en la batalla. 

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