La opinión de los idiotas

No es él solito como el presidente Iván Duque ha tomado la única iniciativa emprendida en sus dos meses de gobierno: el decreto sobre incautación de la dosis mínima de marihuana, que según ciertas fuentes ha desembocado en la recuperación de solo 5,3 kilos de la hierba, y según otras la de nada menos que 6,9 toneladas. No, no es él solito.

Para dictar su decreto Duque se apoyó en su “presidente eterno”, anunciando: “El 7 de agosto notifico a los colombianos que damos plena aplicación al Acto Legislativo 02 de 2009 sancionado por Álvaro Uribe, que prohíbe la dosis personal en Colombia”. Y tampoco es él solito a escala mundial: lo acompaña el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que en los dos años que lleva en el poder ha logrado resultados aún más notables que los de Duque: aproximadamente 4.000 pequeños narcotraficantes muertos en ejecuciones extrajudiciales de la policía (que bajo su gobierno no tiene solamente, como la de Duque, licencia para decomisar, sino también licencia para matar). Y Duterte ha prometido llegar a los 100.000 eliminados, para erradicar por completo el negocio del narcotráfico en su país. A los dos presidentes los ha felicitado un tercero: Donald Trump, de los Estados Unidos.

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Con esas tres excepciones, el mundo entero va en dirección contraria: está legalizando el consumo de la hierba, tanto medicinal como recreativo. Canadá lo hizo la semana pasada. El Uruguay, hace un año. Jamaica, hace diez. En ocho estados de los Estados Unidos, incluyendo el más grande, que es California, ya son legales la producción, el comercio y el consumo, aunque chocan con la legislación federal, que los sigue prohibiendo. Y para usos medicinales son docenas los países que los autorizan: México, el Brasil, el Reino Unido, Israel, etcétera. Portugal, por su parte, fue el pionero en la descriminalización del consumo de todo tipo de drogas, decidida en 2001. Y los resultados en estos 17 años han sido altamente positivos. En todos los sentidos. Tanto en la reducción del consumo como en la disminución vertical de muertes por sobredosis (de heroína) y de enfermedades asociadas con él, como el sida de los adictos que intercambian jeringas hipodérmicas. Y sobre todo en la cuasidesaparición de las mafias del narcotráfico, que siguen proliferando en el resto de los países de Europa. En cuanto al negocio, ha pasado de manos de los delincuentes a las de empresas legales y por supuesto muy rentables, como es el caso también en los países que han legalizado la marihuana. Solo tienen un problema serio, tanto las que siembran marihuana en California como las farmacias que distribuyen la suya en el Uruguay: que los bancos no quieren trabajar con ellas por temor a sufrir sanciones de los Estados Unidos.

Todas estas cosas han sido dichas mil veces, y eran previsibles desde que comenzó el embeleco criminal, ese sí, de la criminalización de las drogas: hace medio siglo, bajo la égida del presidente norteamericano Richard Nixon, o más de un siglo, bajo el presidente Teodoro Roosevelt. En Colombia las dijeron hace decenios personajes tan conspicuos como el expresidente liberal Alberto Lleras y el candidato eterno conservador Álvaro Gómez. También otros que llegaron a la presidencia, como Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y este último llegó al extremo de sugerirlas en un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde no le hicieron el menor caso. Las dijo incluso el actual presidente, Iván Duque. Así lo recuerda hace unos días en su columna de SEMANA.com Federico Gómez Lara, citando un artículo de Duque en Portafolio sobre el caso de Portugal que mencioné más arriba:

“(Portugal) ha demostrado que su enfoque es correcto, y más eficiente que la represión carcelaria. Vale la pena que en América Latina se considere esta experiencia antes de enfrascarnos en una nueva contienda ideológica sin fin”.

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Solo los idiotas no cambian de opinión, como dijo alguna vez el predecesor de Duque en la presidencia, Juan Manuel Santos. Pero lo curioso en este caso es que el artículo antiprohibicionista de Duque es del año 2009. Contemporáneo del acto legislativo del “presidente eterno” con el que Duque justifica su retorno a la política represiva por razones ideológicas.