Economía colombiana, rumbo al desastre

La economía es sin duda el motor del desarrollo de un país, así, resulta imprescindible contar con una buena salud económica si se trata de crecer y dar satisfacción al interés general; es por eso que este rubro de la política estatal no admite improvisación, mucho menos cuando el mundo entero viene de arrastrar las consecuencias de un durísimo golpe atestado por la pandemia y que aun en los mejores escenarios, se empiezan hasta ahora ver índices de crecimiento y estabilidad económica.

La Constitución Política de Colombia adopta un modelo que privilegia la libre iniciativa privada, la libertad empresarial y la libre competencia, solo de manera excepcional se admite la intervención del Estado en la economía. Este último atributo permite conectar con la idea acerca de la existencia de unas claras y definidas reglas del mercado que garantizan una intervención lo menos disruptiva posible del Gobierno en el manejo de los asuntos económicos; no obstante, las iniciativas, los discursos, los anuncios que de parte del Gobierno nacional emanen tienen la posibilidad de influir positiva o negativamente en los distintos índices de crecimiento económico, situación que es más influyente aún, cuando se trata de la implementación de políticas o la intervención en sentido estricto en distintos sectores económicos.

Lo anterior es, precisamente, lo que se encuentra en latente riesgo cuando desde el Gobierno se insiste en iniciativas que prometen golpear la sostenibilidad fiscal del país en este 2024. Tal es el caso de la tan insistente e inconstitucional reforma a la salud, que le costaría al país $ 114 billones a 2033, o qué decir de la reforma pensional que aumentaría el pasivo pensional en $ 678 billones. Lo anterior, sin entrar en detalle sobre las nefastas e irremediables afectaciones que por la vía del desmonte de la industria petrolera acarrea para el país y los colombianos una pérdida de recursos cercana a los 410 millones de dólares cada año, calculada a precios de 2023.

Este modelo de intervención fallido y empobrecedor, amparado en la falacia y el discurso demagógico de la “justicia social”, esconde intenciones destructivas de nuestro sistema económico de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa e intervención excepcional, para implementar un absolutismo de Estado en la economía que nos conduce a un sendero de miseria y empobrecimiento a gran escala. Lo anterior no responde a un anuncio apocalíptico, a una mala “vibra” de quienes no compartimos las ideas del gobierno actual. Las cifras y los datos son más certeros que el discurso mismo.

Entre julio y septiembre de 2023 el país decreció en -0,3 %, cifras sólo comparables con las de la pandemia, si la comparamos con un crecimiento anual de 11 % en 2021 o del 7,3 % en 2022, lo que muestra que nuestra economía va en caída. Por el lado del consumo y la inversión, el panorama es similar; aunque la inflación cedió, el índice de precios al consumidor (IPC) cerró 2023 en 9,28 %, lo que significa una disminución de 3,84 puntos porcentuales frente a 2022, cuando la cifra llegó a 13,1 %. Para lograr esto, el Banco de la República viene subiendo las tasas de referencia, pasamos en noviembre de 2021 del 2,5 al 11 % en 2022, y hoy las tenemos en 13,25 %, este aumento ha frenado el consumo de los hogares, al igual que la inversión de las empresas.

Ahora bien, si las cifras anteriores las contrastamos con el consumo para los hogares, se observa una significativa caída por cuenta del alto costo del crédito, la tasa de usura subió del 26,5 % en enero de 2022 a 47 % en abril de 2023, y actualmente está en 38,3 %, situación que acarrea consecuencias en la inversión privada cuyo desplome se estima entre 13 y 24 % de la formación bruta de capital durante los diferentes trimestres del año; lo anterior se le atribuye, entre otras causas, a la volatilidad del dólar, la incertidumbre por el manejo político de la economía y la falta de interés del Gobierno por las megaobras. Como última referencia, en 2023 los sectores más importantes cayeron, la dinámica en consumo y la inversión ha provocado que sectores de la economía, tan importantes como la industria manufacturera, la construcción o el comercio, caigan en ventas; según las cifras del Dane, estos sectores para el tercer trimestre cayeron un -6,2 %, un -8 % y un -3,5 %, respectivamente, sin mencionar que estos sectores son los que más empleo generan.

Ahora bien, estos datos no necesaria, pero sí mayormente, obedecen a la dinámica económica interna, lo que exige un compromiso infranqueable en la mejora de las condiciones económicas del país, con miras a mejorar los indicadores antes citados y con ello la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, este no parecer ser el interés del Gobierno.

Por cuenta del Fondo de Programas Especiales para la Paz (FondoPaz), se han invertido más de 3.404 millones de pesos al pago de los negociadores en los procesos de paz que lidera el Gobierno, sin resultados palpables y antes, con un creciente índice de criminalidad, masacres y violaciones de los derechos humanos. De otro lado, a los contribuyentes colombianos se les ha encomendado la vergonzosa tarea de proveer el sostenimiento de la primera dama, quien compromete altas sumas de dinero de los colombianos en maquilladores, fotógrafos y acompañantes de viajes; esta cifra ascendería a los mil millones de pesos. Por su parte, el innecesario monstruo burocrático denominado “ministerio de la igualdad” contó con un presupuesto inicial de $ 500.000 millones, monto superior a otras carteras ya existentes, por ejemplo, MinTIC, MinJusticia, MinCiencia y MinTransporte. Como dato final, se conoció que el presidente Gustavo Petro inicialmente canceló su asistencia al Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, y a raíz de la presión mediática, asistió, e igualmente, la delegación colombiana, a través de ProColombia y el Ministerio de Comercio, alquiló una casa a un precio de un millón de francos suizos, cerca de 4.500 millones de pesos, para organizar reuniones y exposiciones durante el evento económico, nada más vergonzante.

Al Gobierno se le debe medir por sus datos, resultados y cifras, no por sus intenciones, porque por más que insistan que estas van a un cambio proactivo a las garantías de los más débiles y vulnerables, la verdad es que hay una lógica contradictoria entre el discurso, la iniciativa y la ejecución de sus políticas económicas.

Estas situaciones nos confrontan a una realidad preocupante y que demanda de la ciudadanía y la institucionalidad acciones en pro de salvaguardar nuestras garantías constitucionales de libertad económica que quieren ser arrebatadas por un modelo estatal sectario y empobrecedor que, incluso, nos promete desde ya reelegirse y llevarnos a un período oscuro e indefinido de miseria y podredumbre.