El costo de los procesos de paz

Los colombianos tenemos un sin sabor con la autoridad. Durante años nos acostumbramos a vivir sin ella. Pero poco a poco, el país ha ido creciendo y requiere institucionalizarse. Eso implica que las normas de comportamiento se tienen que acatar por todos. De otra manera es imposible consolidarnos como Nación.  

Hemos llegado a los procesos de paz por fuerza de las circunstancias. A pesar de los inmensos esfuerzos realizados por la Fuerza Pública ha sido imposible reducir a la guerrilla y al Estado no le ha quedado otra alternativa que acordar con sus miembros una incorporación, sacrificando la institucionalidad. 

Los acuerdos de paz, positivos en el sentido de integrar a unos subversivos al orden establecido, han sido negativos en el perdón y olvido a toda clase de delitos. Hasta ahora se implementarán unas sanciones simbólicas. Este esquema de negociación atenta contra la autoridad e ilustra a muchos la relatividad de cumplir el ordenamiento jurídico. En algunos casos, ha servido inclusive de excusa, para justificar el no acatamiento de la legalidad. 

La pregunta que se genera es, si a medida que el Estado se ha fortalecido, con unas fuerzas armadas y de policía cada vez más capaces de imponer el orden: ¿tiene sentido seguir buscando acuerdos de paz con cuanto delincuente esgrima la ausencia de oportunidades políticas, como razón de su lucha armada? Estamos ad portas de la suscripción de un acuerdo de paz con las FARC y el ELN hace cola para iniciar su propio proceso. Y quién sabe cuántos otros grupos delincuenciales y terroristas vendrán detrás.

El país no puede seguir asumiendo el desgaste de un proceso de paz tras otro simplemente para darles protagonismo a otros actores.  La justicia transicional pactada con las FARC otorga a todos los subversivos, de todas las jerarquías y denominaciones, una oportunidad única de reintegrarse y participar en política. El Estado, demostrando su buena fe, de respetar y cumplir lo convenido, ha realizado las incorporaciones y modificaciones constitucionales y legales requeridas.Todo se ha puesto a disposición de los actores armados. Surgen otras inquietudes: ¿no será ya suficiente?, ¿continuará el desfile de procesos de paz?

Si la respuesta al segundo cuestionamiento es si, se debe tener claro que posiblemente más grupos armados ilegales llegarán a la civilidad, pero esto causará un considerable daño al sistema social, al decirle a los colombianos que la gran mayoría debe acatar el ordenamiento jurídico, mientras otros están excluidos de hacerlo, por la necesidad de incorporarlos a la democracia. Con estos antecedentes siempre habrá alguna justificación para desatender el cumplimiento de la ley. 

Es entendible que una decisión en este sentido no le va a gustar a quienes se creen con derecho a tener su propio proceso de paz. Y que como consecuencia de dicha decisión se van a envalentonar contra el Estado, para justificar la necesidad de pactar con ellos.  Ahí tendrá que responder la Fuerza Pública. Para esta eventualidad se ha venido preparando, desde la implementación del Plan Colombia, hace más de quince años.  

* Ex Ministro, presidente de Naturgas