El aborto en Colombia ¿Derecho fundamental o privilegio de clase?

La Corte Constitucional de Colombia se enfrenta a una decisión histórica. La abogada Natalia Bernal presentó una demanda de inconstitucionalidad con la que pretende prohibir totalmente el aborto y por tanto exige al alto tribunal desconocer su jurisprudencia centrada en la protección y garantía de los derechos fundamentales de las colombianas.

Considerar al aborto como un delito absoluto, como lo pretende Bernal, convierte a las salas de emergencias en lugares de detención. Esta imagen puede parecer exagerada para muchos, pero es la terrible realidad que viven diariamente miles de salvadoreñas. El Salvador prohibió totalmente el aborto en 1997, ingresando a la pequeña lista de países de la región en los que una emergencia obstétrica puede condenarte a prisión.

Actualmente, 13 mujeres se encuentran pagando injustas penas de hasta 30 años de prisión por experimentar abortos involuntarios o partos extrahospitalarios. Todos los casos son similares. Mujeres jóvenes, sin educación ni acceso a servicios de salud, sufren un aborto espontáneo. Al ser atendidas en los centros de salud, son denunciadas por sus médicos ante las autoridades por lo que pasan directamente del hospital a la cárcel. El trágico presente de las salvadoreñas, no puede convertirse en el futuro de las colombianas.

Ninguna de las mujeres presas en El Salvador pertenece a la clase media, todas se encuentran en estado de pobreza. Mientras las mujeres que cuentan con recursos económicos pueden acceder a servicios que garantizan su salud y vida, las que carecen de ellos se enfrentan a estigmas, desinformación y procedimientos que ponen en peligro su vida y afectan gravemente su dignidad. Esta desigualdad social también se encuentra presente en Colombia y prohibir totalmente el aborto, solamente la haría más honda.

A pesar que la Corte Constitucional de Colombia estableció que el aborto es un derecho fundamental de las mujeres cuando el embarazo representa un riesgo a la salud física o mental, la gestación es inviable o producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada, son realmente pocas las que pueden acceder a servicios seguros sin barreras o dilaciones injustificadas.

Invito a la Corte a hacer una salida de campo para comparar las experiencias de una mujer pobre y una rica cuando deciden interrumpir sus embarazos. Mientras la primera debe enfrentar trabas burocráticas, ataques psicológicos y juntas médicas innecesarias, la segunda no encuentra resistencia alguna y en ningún momento su decisión es puesta en duda.

El aborto en Colombia es un privilegio y sólo dejará de serlo si el tribunal constitucional toma cartas para superar esta situación de inequidad institucionalizada. La propuesta del magistrado Linares que propone permitir el aborto libre en el primer trimestre, aparece como una luz de esperanza. De ser aceptada su propuesta se eliminarían las barreras de acceso que existen hoy en día frente a la interrupción del embarazo, pues para acceder a este procedimiento médico seguro, incluído en el Plan Obligatorio de Salud (POS) solo sería necesaria la decisión de la mujer. Sin embargo, no es claro todavía, en qué sentido votarían los magistrados.

La Corte Constitucional no puede dejar pasar esta oportunidad histórica de garantizar a todas las colombianas su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo y hacer que a la maternidad elegida deje de ser un privilegio de clase.

*Paula Ávila Guillén

Abogada en Derechos Humanos

Directora

Women‘s Equality Center (WEC)