El asunto Uribe

Por razones de transparencia con mis pocos o muchos lectores, debo recordarles que participé activamente en la campaña electoral de 2002 que condujo a Uribe a la Presidencia. Lo hice convencido de que su férrea determinación de derrotar a los grupos armados era lo que le convenía al país en aquel momento; me seducía también su claridad conceptual sobre los temas económicos y sociales. Fui luego funcionario de su gobierno un buen número de años. Durante ese largo período su conducta me pareció irreprochable. Hoy no milito en su partido, ni en ningún otro; a veces, comparto sus posiciones, otras no, pero conservo por él gratitud y respeto. Anhelo que sea declarado inocente de los delitos que se le imputan, pero me abstengo de afirmar, a priori, su inocencia.

Me percato de que pedirle a sus partidarios y adversarios que suspendan sus juicios hasta cuando se dicte la sentencia definitiva es imposible. En una de sus dimensiones la política es un ejercicio de reconciliación; en momentos como el actual, la confrontación es el factor dominante. No tiene nada de malo que así suceda; no hay porqué preocuparse, como tantos lo hacen, por la polarización reinante, siempre y cuando mantengamos un firme compromiso con las instituciones vigentes. Yo mismo voy a opinar aunque exclusivamente sobre la fase preliminar del proceso en curso, que es la de recaudo de pruebas y eventual acusación.

Los funcionarios públicos carecen de esta libertad; nada diferente pueden decir salvo esta obviedad: que acatan, sin restricciones, las decisiones que las autoridades judiciales adoptan sin cuestionarlas, salvo, por supuesto, cuando se trate de determinaciones que incidan sobre asuntos de su competencia. Esta restricción es más severa en el caso del presidente de la república. Dada su condición constitucional de jefe del Estado, y, como tal, símbolo de la unidad nacional, está obligado a una especial consideración con los jueces. Por eso puede expresar su respaldo y admiración por el expresidente Uribe, pero no, me parece, formular reparos a la decisión de la Corte Suprema. Ya lo advirtió el procurador general…

Una opinión rigurosa sobre la providencia que decreta la detención preventiva domiciliaria del expresidente exigiría acceso al expediente y, sin duda, a esa decisión. Como eso no es posible, y a riesgo de errar, no hay alternativa distinta a opinar sobre los elementos normativos pertinentes y unos pocos datos relativos al caso que son de público conocimiento.

Recordemos el principio general: todos gozamos de la presunción de inocencia, no importa cuán solidos sean, o parezcan ser, en el sentir de fiscales y jueces, o de la opinión ciudadana (con frecuencia asolada por mitos y prejuicios), los elementos incriminatorios. Por lo tanto, las medidas de aseguramiento que pueden imponerse son de carácter excepcional; ellas no dependen, como muchos creen, de la gravedad del delito que se atribuye al procesado, sino de otros factores: (i) de su peligrosidad para la sociedad; (ii) de la posibilidad -establecida con sólidos fundamentos-de que huya para eludir la acción de la Justicia; (iii) o de que tenga la capacidad de manipular las pruebas que se encuentren pendientes de practicar.

Por honda que sea la antipatía que se tenga por el hoy senador Uribe, ella está determinada por el rechazo a su ideario político y a sus actuaciones como servidor público en altos cargos del Estado. Dejando de lado la trivialidad consistente de que no hay delitos de opinión, es un hecho notorio que, así haya sido sometido a escrutinio judicial o de los organismos de control en innumerables ocasiones, jamás ha sido condenado por delito o falta disciplinaria alguna. Gravita sobre sus actuales jueces una carga probatoria muy onerosa: demostrar que quien nunca ha sido un peligro para la sociedad, como consecuencia de una inusitada metamorfosis kafkiana, se ha convertido en una amenaza para la convivencia ciudadana.

Algo semejante cabe anotar sobre la posibilidad de que escape. ¿Tendrá sentido asumirlo así con relación a quien ha pasado buena parte de su vida rindiendo cuentas? Por ende, el quid del asunto se reduce a que Uribe pueda manipular pruebas: para evitar que lo haga se lo encierra en su casa. Al respecto son pertinentes dos consideraciones: hasta donde se sabe, ellas ya han sido recaudadas en su totalidad o casi; y si de veras quisiere hacerlo, resulta de una candidez asombrosa pensar que por la circunstancia de estar confinado, como muchos lo estamos por la pandemia, carezca de la posibilidad de poner en marcha acciones obstructivas de la Justicia.

Nada de lo anterior puede ser entendido como una refutación suficiente de la decisión de la sala de instrucción, aunque sí puede bastar para sostener que sus integrantes han tomado una decisión muy imprudente; podrían haberle impuesto una medida de aseguramiento más liviana que no le impidiera asistir al Senado; o, sencillamente, ninguna. Es inadmisible que se les haya pasado por alto un conjunto de antecedentes que han erosionado de manera grave la legitimidad de la Corte Suprema. Por ejemplo, la inaudita laxitud y negligencia que hicieron posible la evasión de un notorio delincuente, alias Jesús Santrich; y los dolorosos episodios recientes que dentro de ella ocurrieron y que se conocen como el cartel de la toga. Y, ya por fuera del ámbito judicial, omitieron considerar las graves repercusiones políticas de la decisión que adoptaron. Para comenzar, ya ha tenido que salir el presidente Duque a decir que este no es el momento para una constituyente, camino promisorio para meternos de cabeza en una crisis institucional.

Briznas poéticas. En estos tiempos de encierro, la nostalgia del campo en la voz de Ana Blandiana: “Boca arriba, en la alta pradera, / Miro las nubes deslizarse por el cielo / Al igual que el olor del heno pasa sobre las colinas, / Mis ojos y mi nariz / Descubren el misterio: / La dulce e incansable rotación en el caos”.