El bosque encantado

Lo presentan como ‘aporte ecológico’ pero en realidad es una ingeniosa operación para reducir sustancialmente los impuestos que deberían pagar varias de las compañías más poderosas del país. La Dian está revisando, con lupa, un plan que camina por la frontera de la legalidad y que incluye a famosas empresas, a cooperativas desconocidas y a directivos de una universidad pública.

Diana Salinas, periodista de Noticias Uno, encontró las primeras claves para resolver este enigma.

Un lote que en el año 2003 fue comprado por una cooperativa por 100.000 pesos, cuatro años después fue vendido por otra cooperativa por 3.500 millones de pesos. No había ninguna razón para que su precio se hubiera multiplicado 35.000 veces. Ni la tierra había sido declarada zona franca, ni el comprador era un incauto. Se trataba de Mayagüez, una de las compañías más grandes de Colombia.

Con cifras parecidas, se repite el ejemplo con decenas de empresas, entre ellas Car Hyundai y Hyundai de Colombia, del señor Carlos Mattos, y Express del Futuro, una sociedad de la que son miembros poderosos transportadores, quienes con una mano operan una parte de TransMilenio y con la otra, decenas de viejos buses que le hacen la competencia.

Los terrenos de esta impresionante valorización fueron comprados para ser regalados. Las compañías adquirieron las tierras a precios aparentemente astronómicos para donárselas un tiempo después a la Universidad del Tolima.

¿Por qué empresas que saben tanto de negocios compran lotes tan caros para regalarlos? La respuesta parece estar en una presentación realizada por la cooperativa vendedora Asoprobosques.

Allí la entidad ‘sin ánimo de lucro’ –y por consiguiente exenta de impuestos– explica el negocio: “Compramos sus activos productivos e improductivos para ayudar a conservar el medio ambiente”.

Activos improductivos son aquellos que difícilmente se pueden convertir en dinero: por ejemplo facturas de difícil cobro. Es decir, plata perdida que sigue figurando en la contabilidad pero que difícilmente puede convertirse en pesos y centavos.

En la presentación, la Cooperativa ofrece permutar activos por terrenos avalados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) como inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente.

De esta manera, en el primer año de la compra, la empresa puede reclamar deducciones por inversión ambiental del 39 por ciento sobre el valor del lote donado. Según la oferta, 34 por ciento de la compra es deducible del impuesto de renta y un 5 por ciento adicional como costo del dinero por no tener que hacer anticipo para el año siguiente.

El negocio no para ahí. Asoprobosques explica que en un período fiscal diferente la ‘empresa inversora’ debe donarle a la Universidad del Tolima el terreno y así descontar 33 por ciento más del impuesto a la renta y sumar otro 5 por ciento por eliminación del anticipo para el siguiente año.

La presentación concluye diciendo: “En resumen, los beneficios son del 77 por ciento en los dos años fiscales, o sea de 770 millones” por cada mil millones.

Si la Dian busca un poco, encontrará que las dos cooperativas que articulan la ingeniosa operación (Asoprobosques y Coopgalilea) han tenido miembros emparentados y directivos comunes.

Lo llamativo es que sus clientes sean empresas que derivan millonarios ingresos del Estado, como el operador de TransMilenio, Express del Futuro; o que han recibido beneficios de Agro Ingreso Seguro, como Mayagüez; o personas que hacen visible alarde de su fortuna como el señor Mattos.

Pocos piensan que hay razón para reclamarles a estos ‘generadores de riqueza’, por el contrario, han sido condecorados por su desinteresado apoyo a la educación y a la ecología.