El buen gobierno de la salud

La cobertura del Plan Nacional de Vacunación ha alcanzado ya, en menos de 200 días de ejecución, el 35 por ciento de su cobertura y la totalidad de los rangos de edad. La aplicación del biológico para lograr la inmunidad del rebaño frente al covid-19 llegó hace pocos días a un importante grupo poblacional: los adolescentes.

El sector salud ha ido fortaleciendo su capacidad operacional, gracias al enorme esfuerzo conjunto desplegado por el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales -ejecutores eficientes y multiplicadores de las políticas diseñadas para enfrentar las contingencias-, y hoy se convirtió en uno de los motores de una reactivación económica que sorprende con cifras superiores al 17 por ciento trimestral.

Los 933 hospitales públicos, 51 por ciento del orden territorial, y las secretarias departamentales han logrado, aun en medio de dificultades financieras, hacer uso eficaz del talento humano disponibles para ofrecer una oportuna respuesta epidemiológica e incorporar la nueva patología viral a su laboral cotidiana y la gerencia sanitaria de la crisis.

Este recuento de hechos tangibles y positivos nos habilitan para afirmar que el país y sus regiones, en medio de una lucha contra una crisis cuyas proporciones nadie habría podido anticipar, ha sabido aprovechar la coyuntura para definir los puntos que le darán soporte a un sistema de gobierno sólido y eficiente en materia de salud pública.

Los gobiernos territoriales han tenido que dedicar 17 de sus 20 meses de gestión a gerenciar una crisis social económica y humanitaria, y han sabido constituir un tándem para trabajar el equipo con el gobierno nacional para ejecutar, con equilibrio, racionalidad y de manera equitativa, recursos por el orden de los $1,1 billones, de los $6,8 billones dispuestos en el presupuesto nacional para la atención de la pandemia. La mayor parte de esos recursos, como es apenas lógico, han tenido un carácter contingente para ampliar la oferta hospitalaria, comprar ventiladores, monitores y ampliar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo.

De la experiencia vivida hemos aprendido lecciones muy importantes que nos deben conducir a la pronta toma de decisiones con carácter previsivo y futurista. Por eso, una de las tareas inaplazables que debemos emprender es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria regional.

Tenemos que superar la realidad palmaria que nos indica que el 60 por ciento de los hospitales públicos de nuestro país han estado agobiados por la crisis financiera y alejados de la necesidad de integrarse a un sistema humanamente más cercano a la gente.

Otra tarea pendiente y en la cual debemos trabajar, es la reforma al régimen subsidiado de la salud. Es preciso tener en cuenta que el régimen subsidiado lleva a cuestas el peso de las pérdidas porque 19 de las 23 EPS del país están en quiebra. La unificación de los regímenes contributivo y subsidiado para no es la utopía que algunos creían ver, sino que se ha tornado en una necesidad en beneficio del sistema.

Con la crisis de las EPS, cobra mayor entidad una fórmula que han venido planteando los gobiernos departamentales para resolver los problemas de financiamiento de la salud. Se trata de consolidar dos fuentes de recursos: la unidad por pago de capitación (UPC) y un mayor traslado de recursos de la nación, para que las entidades territoriales puedan garantizar un mejor portafolio de venta de servicios. Adicionalmente, es posible optimizar fuentes complementarias de financiamiento como, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas.

Aplicar una fórmula integral en este campo implica también un fortalecimiento de las secretarías territoriales de salud, que durante la contingencia han demostrado, con suficientes méritos, su capacidad para atender la contingencia. Fortalecerlas incluye también mejorar sus capacidades como autoridad sanitaria territorial, con lo cual podrán asumir mayores responsabilidades en la ejecución de programas de salud pública.

Su desempeño las acredita para que el Estado acuda a su amparo con el fortalecimiento de las condiciones laborales de los profesionales y la salud en el nivel regional, sobre todo ahora que el crecimiento del flujo de migrantes implica un mayor nivel de exigencias de orden técnico, social y humanitario.

Es fundamental destacar los esfuerzos del Gobierno Nacional en estos tiempos de excepción. Sus transferencias en aseguramiento en salud al Sistema General de Participaciones (SGP) y a las pensiones explican cerca del 61% del total de gastos de funcionamiento, esto es $112,2 billones de $185 billones. Las transferencias para aseguramiento en salud constituyen la principal explicación del incremento en los gastos de funcionamiento al crecer 20,5%, recursos necesarios para mantener y asegurar la prestación de los servicios en salud en esta época de pandemia.

Trabajando de acuerdo con estas reflexiones y retos con un país reactivado, nuestro sistema de salud va a ser, lo digo con fundadas esperanzas, más equitativo, progresivo y eficiente.