El conflicto armado y las instituciones comunitarias en el Pacífico

El Pacífico es una de las regiones que más ha sufrido el conflicto armado en Colombia. Según cifras de la Red Nacional de Información (RNI), desde el año 1985 hasta el 2019 los departamentos del Pacífico, Chocó (447.730), Valle (420.239), Cauca (445.901) y Nariño (486.363) han reportado cerca de 1.800.233 de víctimas del conflicto armado, lo que equivale al 21,2 por ciento del total nacional.

En el caso de los líderes sociales, según cifras de Indepaz, del 24 de noviembre de 2016 al 28 de abril de 2019, asesinaron 570 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, de los cuales 290 fueron de la región del pacífico, es decir, cerca del 50,8 por ciento del total del país. Este es un dato escandaloso si consideramos que el Pacífico tan solo representa cerca del 18 por ciento de la población del Colombia y el 8 por ciento del territorio nacional.

En el pacífico han existido diferentes grupos guerrilleros, situación que se complica aún más a raíz de la presencia de diversas agrupaciones paramilitares y bandas criminales, que se disputan el territorio, especialmente en la sub región del litoral Pacífico, debido a la poca presencia estatal y el gran potencial de desarrollar actividades económicas ilegales, debido a su estratégica ubicación geográfica sobre el océano pacífico, sumado al gran potencial de recursos naturales como el oro y el platino. Estos factores han ocasionado que la guerra civil en esta zona haya sido más compleja que en otras zonas del país. 

Sin duda estas cifras son desalentadoras, tras contrastar el funcionamiento del conflicto en el Pacífico, es posible encontrar el desarrollo de dinámicas diferenciadas, incluso al interior de un mismo departamento de la región, esta diferenciación podría estar basada en las diferencias institucionales.

Dado estos escenarios, me pregunto: ¿Qué impacto sobre la población civil hubiese ocasionado el conflicto armado en el pacífico en ausencia de los territorios colectivos?

Resulta difícil de estimar dicho impacto, dado que no se cuenta con una línea base clara, ni con un contra factual y menos con otras herramientas que permita hacer dichas estimaciones de forma precisa. Teniendo en cuenta información descriptiva y basado en teorías de académicos de talla mundial que han abordado estos temas en Colombia y otros países con exitosos resultados como es el caso de Stathis N. Kalyvas y Ana Arjona: quien tuve la oportunidad de ser su estudiante en un curso de conflictos armados en la Escuela Internacional de Verano 2019.

Según Arjona (2016), los territorios colectivos representan instituciones fuertes. Los resguardos indígenas y los consejos comunitarios representan instituciones más fuertes que las instituciones estatales, con presencia en los territorios, del Pacífico. 

Hay zonas en el litoral donde los consejos comunitarios tienen mayor legitimidad por parte de la población civil que las administraciones municipales y otras instituciones gubernamentales. 

Las instituciones se caracterizan por contar con una gran capacidad de organización por parte de la población civil. Según Arjona (2016), los grupos armados ante instituciones fuertes buscan estrategias diferentes a la violencia indiscriminada para ingresar a los territorios, como: negociar con los líderes de estas organizaciones, es decir buscan llegar a través de las cabezas visibles, esto ocasiona que la entrada de estos grupos sea negociada y no se genere violencia indiscriminada como sí ocurre en zonas donde no hay instituciones fuertes. 

Sin embargo, en el litoral Pacífico, se presentó predominantemente una tipología de gobernanza aliocrática, dicho de otra manera; los grupos armados controlan de manera mínima, dejando las situaciones civiles en manos de otras instituciones fuertes, como es el caso de los consejos comunitarios, resguardos indígenas y otras instituciones locales. Pero también hubo lugar a una tipología de gobernanza rebelocrática, donde los rebeldes (paramilitares y otros grupos armados) ejercen control sobre la población y dictaminan las reglas de comportamiento.

La acción colectiva tiene mucha fortaleza en el litoral, se ven casos donde se reporta alta presencia de grupos insurgentes, pero pareciera haber un acuerdo social con la población civil. 

Un caso interesante es el del Consejo comunitario Yurumanguí, donde se encuentra que el consejo no ha permitido el establecimiento de cultivos de coca, incluso han realizado mingas financiadas por los mismos miembros del consejo para erradicar los cultivos de coca que algunas personas de la misma comunidad con posible respaldo de insurgentes han tratado de establecer.

En el caso de Chocó, donde aproximadamente el 80 por ciento de su territorio es colectivo de comunidades negras e indígenas. 

Surge un buen ejemplo de la autoridad que ejercen estas instituciones. Como es el caso del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA, el cual cuenta con un alto nivel de organización y es el consejo comunitario más grande del departamento en cuanto a cantidad de tierras tituladas en hectáreas. Sorprende el testimonio de un miembro de COCOMACIA: “Si usted transita por diversas zonas rurales del departamento donde hay alta presencia de grupos guerrilleros o paramilitares, identificado con el logo del consejo comunitario, difícilmente tendrá problemas con estos grupos”.

Este mismo escenario que presenta COCOMACIA también se reporta en otras zonas del pacífico con los consejos comunitarios y los resguardos indígenas cuya capacidad colectiva de una forma u otra ha resistido al conflicto armado.

El trabajo desarrollado por el profesor Juan Camilo Cárdenas y la profesora María Alejandra Vélez, encuentran que los territorios colectivos en el pacífico podrían estar reduciendo la deforestación.

Llama la atención que ya hace 26 años que se promulgó la ley 70 de 1993 y aún esta no se ha reglamentado en su totalidad, lo cual ha impedido que estas organizaciones comunitarias cuenten con financiación por parte del Estado. Es curioso que sin recursos ya han generado impactos positivos memorables en sus territorios, ahora con recursos seguro harían mucho más. De acuerdo con lo anterior, pienso que: en ausencia de los territorios colectivos, el conflicto armado en esta región hubiese tenido resultados mucho peores que los actuales.

Finalmente, el caso de los líderes sociales cuyo interés nacional y el gobierno no ha encontrado solución a esta problemática, en gran medida podría estar relacionado con la legitimidad de estas instituciones en los territorios, debido a que muchos de los líderes sociales asesinados pertenecieron a consejos comunitarios, por lo que los grupos armados que están disputando el control de los territorios estarían ejerciendo violencia selectiva con el propósito de tomar control de los territorios y frenar el activismo de estas personas que quieren defender sus territorios.

Hago un llamado al congreso de la república y al gobierno nacional para que se reglamente la ley 70 de 1993 y para generar una mesa técnica de expertos, para la construcción y puesta en marcha de una política pública, que permita parar los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia.